¿Cuál es su posición respecto del debate que hay en la Asamblea sobre los procedimientos para tratar los casos de delitos cometidos por adolescentes?
El criterio de que los jóvenes a partir de los 16 años, y no de los 18, sean imputables penalmente es un retroceso en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Estamos de acuerdo en que si un adolescente comete un delito debe ser sancionado, pero no penalizado y peor investigado en la justicia común. Eso es inconstitucional. Los derechos no solo deben quedar en el papel.

¿Quienes están a favor de que a partir de los 16 años sean sancionados por la justicia común dicen que son usados por bandas sin que reciban una adecuada sanción?
Desde luego que los adolescentes son utilizados por adultos y pandillas para ejecutar acciones de sicariato y otros delitos. Pero tenemos que buscar otro tipo de alternativas, sobre todo de prevención, sin penalizar a los adolescentes. Deberían analizar el problema desde la raíz, por ejemplo, en el caso de crimen organizado con verdaderas estrategias de combate a este mal, diseñadas desde el Estado.

¿Están de acuerdo con que el tema de los adolescentes infractores ya no esté en el Código Penal, sino que se lo analice a través del Código de la Niñez?
La idea no debe ser reformar el Código de la Niñez, sino que la norma penal tenga como base esta ley para ratificar los derechos de los jóvenes.

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¿Y sobre un endurecimiento de penas a través de medidas socioeducativas?
Deberían hacerse cambios. Lo que buscamos es que las penas no sean muy fuertes para los adolescentes, se deben iniciar tareas de rehabilitación y prevención.

¿Tienen estadísticas de cuántos jóvenes de entre 16 y 18 años están involucrados en delitos?
Tenemos estadísticas que demuestran que la participación de los jóvenes en el cometimiento de delitos es mínima y los casos son minoritarios. El problema no son los adolescentes, sino la sociedad adulta.

¿Qué otras alternativas propondrán para los jóvenes infractores?
El Estado debería abrir más espacios para que los niños y adolescentes puedan reflexionar. En caso de que se requiera se deben iniciar procesos de rehabilitación y no involucrarlos procesándoles como delincuentes comunes.