Personas con discapacidad, en espera de ofrecimientos

Extiende los pies torcidos sobre la calle adoquinada. Allí espera a sus clientes, quienes lo conocen desde que era un niño. Segundo Torres Pilamunga, de 57 años, llega cada domingo al parque del cantón Colta, en Chimborazo, para lustrar zapatos.

Él nunca ha podido permanecer en pie. Su madre, María Pilamunga, de 85 años, empuja la silla de ruedas en la que Torres llega al parque. Con su trabajo obtiene unos $ 8 a la semana, según cuenta, que se suman a los $ 35 que recibe mensualmente, como beneficiario del bono.

Su madre lo espera sentada en la vereda, junto a la silla de ruedas que les donó una fundación. La que le había entregado la Vicepresidencia, como parte de la operación respuesta de la Misión Solidaria Manuela Espejo, en el 2010, ya no le sirve.

"Se dañaron los tenedores de la llanta. El campo no es como la ciudad. Se quebró. Me duró un año", dice Torres, quien también recibió una casa equipada con cama, colchón, refrigeradora, cocineta, ollas y vajilla. La vivienda está sobre una colina del sitio rural San Bernardo, en la parroquia Columbe, en Colta.

Pero Torres dice que faltó algo fundamental: atención médica permanente y una alternativa económica. "Estoy agradecido con lo que me dieron, pero hay días que no tenemos ni para comer", refiere. Por ello, se instala de lunes a viernes en las calles de Riobamba a pedir caridad.

Así mantiene a su madre, quien ya no puede cultivar la tierra. "Me dejaron las cosas y nunca más regresaron. Me dijeron que me iban a dar los $ 240 (bono Joaquín Gallegos Lara), que unos doctores me iban a visitar, pero hasta ahora nada", dice.

Su 75% de discapacidad, según consta en el carné del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), empeoró hace un año. Torres cuenta que lo drogaron y le robaron en Riobamba. Desde entonces, casi no escucha con el oído izquierdo.

Torres es una de las 294.803 personas con discapacidad registradas en 487 días de trabajo, entre julio del 2009 y noviembre del 2010, en las 24 provincias del país, por las brigadas de la Misión Manuela Espejo.

Mientras se efectuaban estas visitas, la Vicepresidencia planteó, entre otros ofrecimientos, el bono Joaquín Gallegos Lara, que consiste en entregar $ 240 mensuales a la persona que se comprometa a cuidar a un discapacitado en condición crítica. Se identificó a 14.479 beneficiarios de este bono, pero el listado está en proceso de revisión, según la Vicepresidencia.

Una vez cumplida la primera fase del diagnóstico y atención a los casos más severos, y a poco de concluir con la segunda fase de respuesta -que abarca la entrega de ayudas técnicas- hasta noviembre próximo, dirigentes consultados por este Diario concuerdan en que hace falta redefinir las necesidades.

Así lo afirma Galo Icaza, presidente de la Asociación de Discapacitados de Cotopaxi. Él, de 68 años, tiene poliomielitis desde su nacimiento y es parte de las 180.260 personas con discapacidad que, a nivel nacional, han recibido las llamadas ayudas técnicas (colchones antiescaras o regulares, camas, muletas, sillas de ruedas, prótesis, ortesis, entre otras) hasta mayo pasado, de un total de 287.890 mil identificadas como beneficiarias de este tipo de ayudas, según el estudio de la Misión.

"Yo no pedí nada, pero me dieron un colchón y un bastón, que no puedo utilizar porque es muy pequeño. Hay gente que necesita ayudas diferentes a las que se les ha dado. Debería darse un nuevo estudio para detectar bien las necesidades de los compañeros", sostiene Icaza.

Este Diario detectó casos de personas que recibieron ayudas técnicas que están sin utilidad o se usan a medias en provincias como Guayas, Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Imbabura y Carchi. Un ejemplo es el de Ana Chávez a quien, a más de una silla de ruedas, le entregaron cien pañales, el mes pasado.

Los mantiene guardados, ya que son para adultos. Jesús de la Cruz, su hijo, tiene 9 años, pero parece menor: mide un metro y permanece acostado. "Los tengo hasta empaquetados para ver si me los cambian. Dijeron que regresarían, pero me han dicho que casi nunca lo hacen", dice Chávez, quien vive en el cantón Palestina (Guayas).

Johan Chinasi, Mishel Yamberla y Óscar Tayán son tres menores de edad con discapacidad. Son beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara, en Imbabura, y sus madres están agradecidas por lo que califican como una "ayuda". Pero coinciden en que hace falta una nueva evaluación de las condiciones de salud de sus hijos y la revisión de las ayudas técnicas que recibieron.

Por ejemplo, Mercedes Iza, madre de Johan, espera que le entreguen una silla de ruedas postural que reemplace a la silla normal que ya recibió.

Asegura que su hijo, quien sufre de parálisis cerebral grave, necesita ese implemento. "Esta silla no es precisa para el problema que tiene. Me toca ajustarle. Aspiro a que me entreguen la silla adecuada. Él se resbala mucho y su espaldita se ha ido deformando", expresa Iza.

En los recorridos realizados por este Diario, en nueve provincias, se evidenció también que los seguimientos médicos -a cargo del Ministerio de Salud en las ciudades, y del Seguro Social Campesino en el área rural, según el convenio con la Vicepresidencia- no llegan con la frecuencia planteada. Hay quienes afirman que luego de recibir las ayudas técnicas, nunca más volvieron a ver a los brigadistas de la Misión Manuela Espejo.

La falta de medicamentos en los hospitales públicos para tratar las enfermedades de personas con discapacidad, así como la poca prioridad de atención que se da a este grupo poblacional en estos establecimientos, es otra crítica que se hace al sistema de salud. María Cela, madre de un joven, de 23 años, con el 100% de discapacidad en el sector de La Calera (Cotopaxi), prefiere acudir a un doctor particular antes que tener que pasar por largas filas en los hospitales.

A ello se suma que no todos han conseguido la casa que ofrece la Vicepresidencia, tras el convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), cuya planificación arquitectónica debe tomar en cuenta criterios de accesibilidad, según este acuerdo.

El estudio de la Misión Manuela Espejo determinó que 37.655 viviendas habitadas por personas con discapacidad están "en mal estado", mientras que 13.295 casas son "consideradas como críticas". De este total, apenas se han construido 4.363 y se espera que a finales del 2012 se llegue a las 6.000 casas.

Pero algunos tienen problemas para acceder a este beneficio porque no tienen una propiedad con escrituras a nombre del discapacitado o de la persona que tiene su tutela, uno de los requisitos que se exigen.

Ello ocurre con Benita Montoya, madre de Katherine Vásquez, de 21 años y con el 70% de discapacidad, según el carné del Conadis. Viven en Balzar (Guayas) y reciben el bono Gallegos Lara. "Me piden las escrituras y no tengo dinero para sacarlas. Por eso no puedo tener la casa. Vivo en la casa de uno de mis hijos", cuenta Montoya, al pie de la cama donde yace Vásquez, a quien le merodean moscas.

También hay discapacitados que viven en casas que no tienen acabados o no cuentan con los servicios básicos, como la que ocupan los hermanos Segundo y Alonso Quinaucho. Ambos son sordomudos y tienen retraso mental. Ellos viven en Sigchos (Cotopaxi), sin acceso a la red de agua por falta de instalaciones.

Otro caso es el de José Macías. Él mantiene a su hijo y a su esposa, quienes tienen índices de discapacidad física del 82% y 62%. Macías destruyó su casa de caña ubicada en el sitio Guabito Grande, de la parroquia Lascano, en el cantón Paján (Manabí), y "aplanó" su terreno, luego de que los brigadistas de la Misión Manuela Espejo le dijeron que su caso calificaba para obtener una de las viviendas.

Le plantearon este ofrecimiento en julio del 2010, cuando le entregaron dos camas con colchones y dos sillas de ruedas, que hoy ya no funcionan. Raúl Macías, su hijo, gatea para movilizarse. Y su esposa, Rosa Jiménez, permanece postrada en una cama por las secuelas de un derrame. "Quedaron en volver, pero nunca jamás regresaron", afirma Macías, quien decidió dejar el campo para alquilar una casa de caña en el cantón Colimes (Guayas). La vivienda se tambalea al menor movimiento. Allí vive desde enero pasado.

"¿Qué hacía yo en un invierno? Me caían enfermos y debía salir a la ciudad. Acá alquilo por $ 30 y trabajo como jornalero", señala Macías, a quien también le ofrecieron el bono Gallegos Lara, sin resultados. Solo recibe el Bono de Desarrollo Humano: $ 70 por su esposa y su hijo.

La historia de Macías se contrapone a la de María Andino, de 92 años. Ella posee el 100% de discapacidad visual y vive en una de las casas que entregó el Miduvi, en coordinación con la Vicepresidencia. Se la construyeron en la parroquia Ialó, en el cantón Sigchos (Cotopaxi).

A Andino, además, le dieron dos bastones, cama, colchón, refrigeradora, cocina, ollas, vajilla... Mayra Mejía, su nieta de 26 años, recibe el bono de $ 240 por cuidar a la anciana desde septiembre del 2010.

Para la Vicepresidencia, solo los casos más críticos califican para recibir el Gallegos Lara. En la página web de la institución se detalla que se considera como caso crítico a "aquellos en que las personas con discapacidad intelectual, física severa o con multidiscapacidades viven en un entorno de extrema pobreza, siendo, en muchas ocasiones, abandonadas por sus familiares en largas jornadas, debido a su urgencia de ganarse la vida en las calles o en el campo".

Pero a algunos les han ofrecido este bono sin concretarlo. Verónica Pulles es una de las que esperan. Ella vive en una casa de adobe ubicada en la parroquia rural Santa Martha de Cuba, del cantón Tulcán (Carchi), con su hijo de 6 años, quien sufre de hidrocefalia. También le ofrecieron la vivienda del Miduvi. El menor hoy debe arrastrarse por la casa para movilizarse.