Los cabos sueltos del juicio de Filanbanco

Lentitud, descuidos y cambios de funcionarios caracterizan el juicio de coactiva 817-2004 de Filanbanco S.A. en Liquidación, de más de 300 páginas acumuladas en seis años. Un botón de muestra de cómo la banca quebrada, en manos del Estado, intentaba cobrar a sus deudores para, a su vez, pagar a los ahorristas, principales víctimas de la crisis financiera del siglo pasado.

Este juicio comenzó el 26 de agosto del 2004 con providencia de Cecilia Zurita Toledo, liquidadora de Filanbanco, debido a que la empresa Comesa, Juan Samán Abud, Muntaha Salem, Juan Camilo Samán y Adriana Marín cayeron en mora de los pagarés firmados en julio del 2003. Según la providencia, la deuda era de $ 123.420,41.

Zurita dispuso la prohibición de vender vehículos y bienes raíces en Guayaquil, Samborondón, Santa Elena y Salinas, y retener el dinero que mantenían en cuentas bancarias los cuatro coactivados.

Antes de que el secretario de Coactiva, Emilio Servigón, pida información sobre las propiedades, se creó el Fideicomiso Garantía Samán con el Banco Bolivariano, con lo que la residencia donde viven los Samán Marín, en la vía a Samborondón, pasó a un fideicomiso, protegida del embargo (ver recuadro).

Fue solo en octubre del 2004 que Servigón envió cartas a la Intendencia de Bancos de Guayaquil y a la Comisión de Tránsito del Guayas. Y en junio del 2005, su reemplazo, Luis Parrales Córdova, ofició a los registradores de la Propiedad de Guayaquil y de Salinas.

En el juicio no hay rastro de misivas a los registradores de Santa Elena ni de Samborondón, donde sí existían bienes. Además de la casa de La Castellana, que Samán había valorado en $ 400.000 en el 2000, tenía terrenos de 2.125 m², en San Pablo (Santa Elena).

El registrador de Salinas informó sobre la existencia del departamento B-23 de El Tiburón, en Chipipe, que estaba embargado por el Banco Central del Ecuador (BCE) por un juicio contra Comesa y las dos parejas. No se incluyó un terreno de la lotización Hipódromo Costa Azul, en Salinas, que luego sería hipotecado a la CFN.

El 12 de julio del 2005, el registrador de Guayaquil respondió a Filanbanco: las dos parejas poseían, junto con otros parientes, una suite en el estadio de Barcelona; Juan Samán y su esposa tenían un departamento y un local en el primer piso del condominio Diana, y Samán Salem y su esposa, un solar en Pascuales. Y en noviembre se inscribió la prohibición de enajenar estos bienes.

Apenas en agosto de ese año, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) había levantado la prohibición que pendía sobre la suite de Barcelona y en septiembre, la que tenían los inmuebles del condominio Diana.

El juicio se paralizó hasta mayo del 2006 cuando, por primera vez y después de 21 meses de su inicio, el único de los coactivados respondió: Camilo Samán. Patrocinado por el abogado Fausto Raymond Cornejo, del estudio del actual vicepresidente de la Asamblea, Juan Carlos Cassinelli, Samán propuso pagar con el local y la oficina del condominio Diana.

Al mes siguiente, la liquidadora ordenó el embargo de estos bienes, así como del terreno de Pascuales y de la participación en la suite del estadio de Barcelona. Dos días después, los terrenos de San Pablo, de los que Filanbanco no sabía su existencia, se hipotecaron a una empresa de seguros.

Giovanny Murillo Vargas, quien ejercía la coactiva en la Costa, fijó para el 16 de noviembre el remate de los tres bienes, valorados en $ 134.926,84. Ese día, a las 17:00, Vicente Sarmiento Alvear, en representación de Filanbanco, ofertó lo que contempla la ley para el acreedor, las dos terceras partes del valor inicial, es decir $ 89.951,23.

Nadie más participó y los bienes pasaron a Filanbanco. Se descontó ese valor de la deuda de Comesa, pero aún quedaba un saldo de más de $ 30.000.

En una entrevista con este Diario, Sarmiento explicó que había adoptado el procedimiento de ofertar primero para evitar que los bienes bajen de precio y que se los compre a crédito.

A días de que asuma Rafael Correa, en enero del 2007, Juan Samán Abud pagó el resto de la deuda. Según la providencia de Murillo, lo hizo con un cheque de Decorplan por $ 3.803 y certificados de depósito a nombre de Gilbert Jara García, cedidos a Comesa, por $ 35.273,43. Los certificados eran papeles que los bancos daban a sus depositantes avalando que les debían.

Decorplan era una inmobiliaria, que ahora se dedica a la venta de equipos de comunicación, y cuya presidenta es Marcia Montalvo León, excomisaria de Guayas en la gobernación de Samán y actual asesora de Cassinelli en la Asamblea.

Jara García, en cambio, es empleado de Naparina Corp., de Enrique Cadena Marín. Este Diario publicó en el 2007 una investigación sobre la móvil Telecsa (Alegro), en la que revelaba las relaciones de algunas contratistas de Alegro con empresas vinculadas a Cadena, en especial en la compra de 100.000 teléfonos para brindar servicio a Pacifictel, empresa de cuyo directorio Camilo Samán sería parte desde febrero del 2007.

Filanbanco no aceptó el pago, pues la relación del 10% en efectivo y el resto en papeles no se cumplía. El 16 de enero del 2007, Murillo dispuso retirar el pago. Ese día Correa designó a Samán como gobernador del Guayas y ese mismo día este notarizó su declaración juramentada de bienes, en la que no mencionó ni la deuda con Filanbanco ni el embargo del BCE.

Al día siguiente, Samán, ya gobernador, presentó un escrito a Filanbanco en el que exigió al juez de coactiva cobrar la deuda: “… Y si para eso necesito iniciar juicios en contra de cualquier persona o entidad sea por prevaricato, daño moral o simplemente porque siguen haciendo constar a mi representada como deudora cuando las obligaciones se extinguieron desde que mi representada fue titular de la acreencia consignada (sic)”.

Filanbanco rectificó y el 8 de mayo dio por canceladas las deudas de Comesa.

La textilera siguió funcionando en el condominio Diana, que Filanbanco había comprado en noviembre del 2006, y firmó un contrato de arrendamiento con el banco recién en octubre del 2007, para un año por $ 420 mensuales.

En agosto del 2007 se canceló el embargo del BCE del departamento de Salinas.

Pero el juicio no concluyó y solo por insistencia de Samán Abud, la nueva liquidadora de Filanbanco, Soraya Bajaña Cottallat, dispuso que se levanten las medidas cautelares impuestas a los coactivados.

Es entonces, en septiembre del 2008, cuando Bajaña dispuso que se oficie nuevamente al registrador de Guayaquil para que inscriba los tres inmuebles a nombre de Filanbanco. No obstante, este se negó a hacerlo, aduciendo que recibió copias simples de la providencia y el trámite se quedó ahí.

Los bienes nunca se inscribieron a nombre de Filanbanco. Según el gerente de Coactiva de ese entonces, Vicente Sarmiento, si esto ocurría “pasaban inmediatamente a propiedad del Fideicomiso Acreedores 1, manejado por la junta de acreedores de Filanbanco, controlado por la Superintendencia de Bancos”. Y aseguró que la inscripción le correspondía a la jueza de Coactiva.

Ni Zurita ni Bajaña atendieron pedidos de entrevista de este Diario. En cambio, otros dos abogados que trabajaron en ese entonces en Filanbanco y que pidieron que no se mencionaran sus nombres, señalaron que eso le correspondía a la administración del banco, porque era el dueño de los bienes.

En febrero del 2010, Nazarbo Patiño Quinde, empleado de Samán Abud, le pidió a la jueza de Coactiva, Zurita Toledo, que había regresado al cargo, comprar la cesión de derechos de los inmuebles del condominio Diana, al valor del remate: $ 72.985,27.

El coordinador del Área Legal-Litigios, Paúl Cerna Torres, consideró beneficiosa esta propuesta. La cesión se notarizó el 22 de marzo del 2010, nueve días antes de que se cumpliera la decisión de que todos los activos de Filanbanco pasaran al BCE.

Luego, las propiedades volvieron a Comesa. Es más, ahora Comesa es propietaria de todo el condominio, pues adquirió el resto de departamentos en agosto del 2011.

El terreno de Pascuales corrió otra suerte. En octubre del 2010 se lo registró a nombre del Banco Central. Y si Comesa o Camilo Samán lo quisieran recuperar tendrán que esperar a ofertar en un remate.