Arremetida a la OEA apunta a su sistema de DD.HH.

REDACCIÓN - AGENCIAS
.- El futuro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hoy se muestra atado a los acuerdos que se logren ¬o no¬ en el interior de la Organización de Estados Americanos (OEA). Las reformas son inminentes y apuntan a sus procedimientos y, principalmente, a sus alcances.

La OEA se creó en 1948, con la suscripción de su Carta en Bogotá (Colombia), y su objetivo ¬según el artículo 1 del documento¬ era lograr en sus estados "un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia".

Hoy, 64 años después, ¿qué tan lejos está de ese propósito? ¿Es posible plantearse una OEA unida en medio de la dispersión ideológica de América? En su 42ª Asamblea General, celebrada entre el domingo y el martes en Cochabamba (Bolivia), se evidenciaron los cuestionamientos al organismo regional más antiguo del continente.

La reunión era de cancilleres, pero ¬alterando los protocolos ante una invitación del presidente Evo Morales¬ el mandatario Rafael Correa reiteró allí su propuesta de reformar la OEA y, en especial, sus mecanismos de defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), con Ecuador, Bolivia, Venezuela y Nicaragua a la cabeza, ya habían arremetido contra el Sistema y allí reiteraron sus críticas.

Estas se han enfocado principalmente en uno de los dos organismos de derechos humanos de la OEA: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Ambos funcionan como entes autónomos, aunque la ALBA alega " injerencia" de Estados Unidos.

Tras horas de debate sin consenso sobre el sistema de derechos humanos, el martes se aprobó la resolución planteada por un grupo de países, encabezado por México, más conciliadora que la inicial. Se encargó al Consejo Permanente de la OEA que formule propuestas para la aplicación de reformas, "en diálogo con todas las partes involucradas". Se estableció, además, que en seis meses, o a más tardar en el primer trimestre del 2013, esos planteamientos se pongan a consideración de una asamblea general extraordinaria.

Aunque los cambios no se concretaron en Cochabamba, esta "solución" ¬en teoría salomónica¬ ya constituye un golpe para el sistema, según el criterio de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW).

En diálogo telefónico desde Washington, el chileno califica como un retroceso dejar en manos de los estados miembros de la OEA una serie de cambios que, en principio, le fueron planteados a la CIDH como recomendaciones no vinculantes.

Se refiere al paquete de recomendaciones aprobado por la OEA el 25 de enero, para reformar el Sistema Interamericano. Algunos planteamientos fueron criticados por unas 700 organizaciones no gubernamentales que consideran que se debilitaría la acción de la CIDH y de una de sus ocho relatorías temáticas: la de Libertad de Expresión.

La OEA adoptó las recomendaciones un mes después de que Correa cuestionara las "grandes distorsiones" del organismo y de la Relatoría, a la que acusó de estar sesgada porque "está financiada en un 80% por Estados Unidos y la Unión Europea". Sin embargo, la CIDH sí actúa frente a todos los países de la OEA. Entre las sugerencias aprobadas en enero están restringir los criterios para otorgar medidas cautelares, modificar el informe anual en el que se evalúa a países de la región, eliminar el financiamiento externo de la Relatoría y su informe anual.

"Se había dejado en manos de la Comisión el acuerdo del 25 de enero porque los estados consideraban que, por respeto a su independencia, sería solo la Comisión la que decidiría, por sí misma, si era necesario hacer ajustes. Lo que ocurrió en Cochabamba es que, ignorando la independencia de la Comisión, los estados iniciaron una nueva etapa, una sin precedentes en la historia de la OEA, para decidir las reformas", refiere Vivanco.

Entre los cambios planteados en la Asamblea está que todos los países americanos se adhieran a los instrumentos del Sistema, modificar los estatutos de la CIDH para que consulte a los estados antes de emitir medidas cautelares, que la Comisión revise sus criterios y procedimientos para la elaboración de informes sobre los países que necesitan mejorar en materia de derechos humanos, entre otros.

El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, se ha mostrado a favor de las reformas, aunque ha dicho que su intención no es "debilitar" el Sistema. En un seminario en la CIDH en Washington, días antes de la Asamblea General, dijo que "la autonomía no significa dejar de lado el diálogo, el compromiso y la interacción permanente con los gobiernos democráticos del continente".

En ese sentido, subrayó que la CIDH "no es un tribunal", por lo que desconfió del proceso de diálogo privado con los países o la emisión de medidas "sin escuchar a los gobiernos". Abogó, en cambio, por "ser mucho más flexibles" y dar prioridad al proceso de solución amistosa.

Francisco Proaño, exembajador de Ecuador ante la OEA y expresidente del Consejo Permanente, cree que es un error dar paso a cambios que considera que, en la práctica, terminarían por debilitar el Sistema.

"Los gobiernos se sienten incómodos cuando se les indaga o se señalan sospechas de violaciones de derechos humanos, lo cual es absurdo porque deben defender su cumplimiento. Es un error tratar de recortar atribuciones en defensa de los derechos humanos esgrimiendo el argumento de la soberanía".

Para el analista Carlos Estarellas Velázquez, catedrático de Derecho Internacional y exsubsecretario de Relaciones Exteriores, sí se deben hacer cambios, pero para fortalecer el Sistema, no para restarle competencias. Menciona la falta de recursos como un problema.

Considera contradictorio que se cuestione el aporte económico de Estados Unidos y que, al mismo tiempo, algunos países no cancelen sus cuotas a la OEA. Señala que, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, Ecuador debió "ponerse al día" porque no se habían cancelado los fondos desde antes del régimen de Jamil Mahuad (1998-2000).

Después de que la CIDH emitió en abril del 2011 medidas cautelares a favor de comunidades locales que se oponen a la construcción de una planta hidroeléctrica en la Amazonía, Brasil retiró a su embajador ante la OEA y esperó hasta los últimos días del 2011 pagar su cuota anual de $ 6 millones, lo que precipitó problemas de liquidez para los salarios de diciembre.

Hay otras iniciativas que también reflejan las discrepancias de algunos países con la OEA o, específicamente, con el Sistema Interamericano. Ecuador ha planteado crear una instancia complementaria de derechos humanos en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La semana pasada, en una reunión de los representantes del bloque en Quito, se acordó viabilizar la creación. Se firmó un documento inicial que será tratado en la próxima cita de cancilleres, en agosto, en Paraguay; estos, a su vez, elevarán la iniciativa al Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre, también en Paraguay.

Además, en el marco de la 42ª Asamblea, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua anunciaron su decisión de retirarse del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), un instrumento de "acción solidaria" de la OEA en caso de agresiones a un país miembro.