El coronel Cesar Carrión se integró a la Subdirección de Bienestar Social de la Policía

El coronel César Carrión, liberado del delito de magnicidio contra el presidente Rafael Correa en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010, ocupa desde este viernes la Subdirección de Bienestar Social de la Policía.

"Mediante memorándum 2012-51 se le ha designado al señor coronel la Subdirección de Bienestar Social. No ha habido ningún inconveniente, ha
sido recibido con todo respeto y consideración", señaló esta mañana el abogado del policía, Vinicio Villa.

El abogado de Carrión hizo el anuncio en la Comandancia General de la Policía Nacional en Quito, donde anticipó que Carrión iba a tomar posesión de su cargo al mediodía.

El caso de magnicidio se remonta al 30 de septiembre del 2010, cuando Carrión se desempeñaba como director de la Policía y fue acusado de intentar impedir el ingreso del primer mandatario a esta casa de salud, luego de que fuera agredido en el Regimiento Quito Nº 1 en medio de una revuelta policial que para el Gobierno fue un intento golpista secundado por la oposición.

A esto se sumó la versión del periodista Holger Guerrero, quien aseguró haber escuchado ese día que Carrión (30 de septiembre del 2010) pedía cianuro presuntamente para envenenar a Correa, aunque luego dijo que se trató de "una broma pesada", que también habría sido escuchada por Hiroshima Villalba, en ese entonces funcionaria del Ministerio de la Política.

El martes pasado, el ministro del Interior, José Serrano, señaló que tras analizar de nuevo el expediente de Carrión determinaron "algunos errores de forma importantes", por lo que este ministerio permitió su reincorporación.

A finales de febrero pasado, Carrión anunció que plantearía una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por "los daños y perjuicios" provocados por lo que él considera "una persecución política".

Villa destacó el martes en la rueda de prensa que pese a la resolución no se van a quedar quietos y van a seguir la "lucha hasta instancias internacionales", porque esta decisión "no es una dádiva ni un regalo por parte del Estado".