Normas de salud y Constitución no garantizan atención médica

Aprieta con fuerza una estampita de Narcisa de Jesús en la mano. María Tapia Delgado, de 52 años, no se cansa de rezar y agradecer por hallar la atención médica que le salvara la vida el pasado viernes 11 de mayo, tras sufrir una crisis cardiaca.

Pero antes de ser atendida en la clínica Guayaquil había vivido un calvario de tres horas en busca de cama y un especialista. Escuchó negativas de hospitales públicos, supuestamente equipados para atender la emergencia, el Sagrado Corazón de Jesús en su natal Quevedo; el Martín Icaza, en Babahoyo; y el Abel Gilbert Pontón, también llamado Guayaquil, ubicado en esta ciudad.

Aún débil, sentada al lado de la cama 9 de la Unidad de Cuidados Coronarios de la clínica, María recuerda las excusas que le habían dado. "En el hospital de Quevedo solo me pusieron oxígeno y me derivaron al Guayaquil, porque no tenían equipos, en el camino, llamaron al hospital de Babahoyo y dijeron que no había camas y tampoco doctores porque era feriado (a un día del Día de la Madre)", comenta aún admirada la paciente, para quien fue más sorpresa escuchar el mismo argumento en el hospital Abel Gilbert, donde ni siquiera la bajaron de la ambulancia; señala que en ese momento sintió que moriría.

Solo le ofreció una silla de ruedas para que espere hasta el lunes, para ver si hasta ese día se desocupaba alguna cama.

Casos como este, donde por falta de camas, equipos o especialistas no se recibe una pronta atención, no solo se evidencian en hospitales públicos, sino también en las clínicas privadas; incumpliendo lo que dice la Constitución (art. 365), la Ley Orgánica de la Salud (art. 186) y la de Derechos y Amparo del Paciente (art. 7, 8 y 11), legislaciones que garantizan y obligan a cualquier centro médico a dar atención oportuna y gratuita a personas en emergencia.

Otro caso fue el de Roberto Quimís Huacón, quien no corrió con la suerte de Tapia. El joven recorrió nueve centros médicos, entre el 25 y 27 de abril pasados, en Daule y Guayaquil en busca de atención médica luego de sufrir un accidente de tránsito.

El 25 llegó al hospital de Daule, de donde lo enviaron a casa, pero Quimís y sus familiares regresaron dos veces más el 26 por complicaciones, para el día 27 llegar a Guayaquil a los hospitales Abel Gilbert, Luis Vernaza, de la Policía, Universitario, León Becerra, y las clínicas San Gabriel, Guayaquil y Kennedy Alborada, donde tampoco recibió atención por falta de disponibilidad o equipos; y murió por una fractura de cráneo dentro de la ambulancia en el estacionamiento del hospital León Becerra, en el sur.

Por la muerte de Quimís se inició una investigación en la Fiscalía por asesinato inintencional, que aún está en etapa de indagación previa a cargo de la fiscal Margarita Neira.

La investigación en este caso provocó el cierre temporal de uno de los centros de atención a los que acudió el joven, la clínica San Gabriel, el miércoles 16, por el entonces director provincial de Salud, Carlos Paz, para quien fue su último acto público como autoridad en Guayas, tras cuatro meses de funciones, pues el día siguiente se conoció su salida del cargo.

Todo esto después de que el pasado 12 de mayo el presidente de la República, Rafael Correa, advirtiera en su enlace sabatino que las clínicas privadas y los funcionarios públicos involucrados en la muerte del joven serían sancionados.

La Ley de Derechos y Amparo del paciente estipula en su artículo 13 que los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y en caso de fallecimiento del desatendido, con prisión de 4 a 6 años.

Roberto Gilbert, director de la clínica Guayaquil, otro de los centros privados donde acudió Quimís y donde tampoco recibió atención, señala que cuando llegó en la ambulancia el centro no disponía de camas.

"Ese día (el 27) teníamos 89 pacientes -el 100% de ocupación-, el 87% eran del estado (IESS, MIES, Issfa), y en la sala de Cuidados Intensivos las 24 camas que hay estaban ocupadas, el 92% con pacientes derivados de instituciones del Estado", recalca el galeno, quien manifiesta que en Guayaquil hay un déficit de 1.000 camas para adultos y 500 para niños.

No obstante, la misma Ley de Amparo al Paciente establece que "bajo ningún motivo un centro de salud podrá negar la atención de un paciente en estado de emergencia" (art. 12).

Otro centro investigado es la clínica Kennedy de Samborondón, acusada de no brindar atención médica a Miguel Ángel Mendoza el 15 de febrero pasado, cuando agonizaba con un disparo en el tórax a unos 200 metros del lugar.

El joven, de 28 años, fue víctima de un secuestro express mientras iba en un taxi, del que fue lanzado en el km 1½.

Ángel Mendoza, padre de la víctima, sostiene que un policía se acercó a la clínica a pedir una ambulancia para su hijo, pero esta nunca salió. El centro, por medio del doctor Édgar Lama, asegura que el joven ya había fallecido cuando llegó el gendarme. Se abrió un sumario administrativo en la Dirección Provincial de Salud, donde se programaron tres audiencias, pero resultaron fallidas, las dos primeras por la falta de los abogados de la clínica Kennedy y la última por la ausencia del exdirector de Salud, Carlos Paz.

"Yo creo que le están dando largas a esto, pero yo no me voy a enfriar, porque lloro a mi único hijo todos los días", dice al borde de las lágrimas un padre que siente que su hijo pudo salvarse si la clínica le hubiera prestado atención médica.

Al respecto, Paz dijo el pasado 18 de mayo que aunque el sumario sigue abierto y se prevé designar una nueva fecha para otra audiencia, la clínica "ya justificó con videos y declaraciones del mismo policía, que nunca pidieron asistencia y que el paciente ya había fallecido".

Sobre Quimís, prefirió no hacer declaraciones, pues asegura que ya lo conoce la Fiscalía.

Señaló que el problema radica en el sistema hospitalario y reconoció que "el déficit de camas es alto en el país", aunque no detalló el porcentaje. El hospital Guayaquil, que es el centro estatal más grande de la provincia del Guayas, cuenta con 354 camas y el hospital del niño Francisco de Ycaza Bustamante tiene 250.

Puntualizó que en todos los centros médicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) tienen la obligación de estabilizar al paciente y que sí se cumplen los protocolos de atención.

Mientras, sobre la existencia y aplicación de protocolos en las salas de emergencias de los hospitales públicos y centros privados existen contradicciones entre el MSP y el legislador Leonardo Viteri, de la Comisión de Salud y miembro del Foro permanente de la Salud.

Por un lado, Carlos Peña, coordinador de normativa de la Dirección Provincial de Salud, señala que los protocolos se actualizan periódicamente en todos los hospitales, centros y subcentros, pero aclara que no existe un protocolo único de emergencia, sino varios de acuerdo en las patologías y tipo de pacientes. Cree que no se falla en el protocolo, sino que se infringe la Ley Orgánica de Salud y la de Derechos y Atención al Paciente. "Se está incumpliendo una ley escrita, el Código de Salud y la Constitución que amparan al paciente".

La Ley de Derecho y Amparo al Paciente cataloga como situación de emergencia a toda contingencia de gravedad que afecte a la salud del ser humano con inminente peligro para la conservación de la vida o de la integridad física..

Mientras, el asambleísta Viteri asegura que el MSP le respondió que no contaban con estos documentos, cuando les solicitó el 26 de abril pasado, los protocolos de tratamientos estandarizados de las cuatro especialidades básicas, emergencia e infecto contagiosa.

Viteri remitió a este Diario el memorando MSP-DNN-0406-2012, del 2 de mayo de este año, en el que el director nacional de Normatización, Fausto Torres, indica que "se encuentra realizando las acciones administrativas-financieras pertinentes para la respectiva contratación de una consultoría de guías clínicas, en los que se encuentran inmersos los temas por usted señalados, y que podamos poder contar con estos tan pronto nos sea posible". Pese a esto, la Ministra de Salud, Carina Vance, informa todo lo contrario a Viteri, que los procedimientos requeridos están en la página web www.msp.gob.ec.

Mientras, el 18 de mayo, a pocas horas de su salida, Paz señaló que el déficit se cubrirá con la construcción de dos hospitales en Guayaquil. Seis días después, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo que se invertirán $ 100 millones en cada hospital, uno estará cerca del Puerto Marítimo y otro en Monte Sinaí, cada uno con 400 camas. Según el anuncio, las obras empezarán a finales de este año y culminarían en el 2014. Sin embargo, para Abdalá Bucaram Pulley (PRE), vicepresidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, faltan leyes para controlar la situación en centros de salud. "Se está dilatando la aprobación de todas estas leyes por parte de PAIS, porque toda ley que tú presentas te dicen: no es que eso tiene que ir en el nuevo Código Orgánico de la Salud. ¿Cuándo va a estar el famoso código? Hemos tenido reuniones para comenzarlo a tratar, pero se espera que la ministra de Salud mande un borrador".

Detalles: Legislación de salud
Constitución Política
En su artículo 365 refiere que por ningún motivo los establecimientos públicos o privados o profesionales de la salud negarán la atención de emergencia.

Ley Orgánica de la Salud
El artículo 187 dice: Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de emergencia.