EFE
WASHINGTON.- Estados Unidos señaló hoy a Cuba, Venezuela, México y Honduras como los países de Latinoamérica que registraron más violaciones a los derechos humanos en 2011, en un informe que también denuncia el problema de la impunidad en Colombia.

El Departamento de Estado de EE.UU. envió hoy al Congreso su informe anual sobre el estado de derechos humanos en el mundo, que sirve como guía para que los legisladores estadounidenses decidan sobre la ayuda exterior que conceden a cada país.

A nivel global, el informe de 2011 calificó de "extremadamente pobre" la situación de derechos humanos en China e Irán y condenó especialmente la situación en Siria, donde, según dijo hoy la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, "no sólo se asaltan" las libertades de expresión o asociación, sino también "la vida misma de cada ciudadano".

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En Latinoamérica, Cuba vuelve a acaparar un año más las referencias más duras de Washington, que advierte de que la mayoría de violaciones de los derechos humanos en la isla son "actos oficiales" cometidos "por orden del Gobierno" de Raúl Castro, lo que favorece un clima de impunidad en el país.

Esa "represión sistémica de las libertades" se manifestó en 2011, según EE.UU., en "amenazas gubernamentales, intimidación, acoso y detenciones para evitar que los ciudadanos se reunieran libremente", además de "arrestos arbitrarios".

También hubo un "aumento significativo del número de detenciones a corto plazo", que en diciembre aumentaron hasta el nivel más alto en 30 años, con casi 800 arrestos, y una serie de "actos de repudio orquestados por el Estado" contra el grupo disidente las Damas de Blanco.

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En Venezuela, Estados Unidos lamentó la "aceleración de la concentración de poder" en el Ejecutivo de Hugo Chávez, al que atribuyó la violación de derechos económicos y de propiedad a través de la Ley Habilitante, aprobada en diciembre de 2010 y que le concedió poderes especiales durante 18 meses.

Bajo esta legislación, "el presidente Chávez decretó 26 leyes, entre ellas una serie de disposiciones que limitan los derechos fundamentales económicos y de propiedad", sin "consulta ni aprobación de la Asamblea Nacional (Parlamento)", indicó el informe.

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Además, EE.UU. acusó al Gobierno venezolano de "criminalizar la disidencia y poner trabas a la libertad de expresión" y le responsabilizó de "asesinatos ilegales, incluidas ejecuciones sumarias de sospechosos criminales, torturas y otros tratamientos crueles, inhumanos o degradantes".

Estados Unidos ve con mejores ojos el respeto a los derechos humanos por parte del Gobierno en la vecina Colombia, aunque destacó que allí persisten "graves problemas de impunidad, un deficiente sistema judicial, corrupción y discriminación social".

El Departamento de Estado incluyó en la lista de problemas en Colombia los asesinatos extrajudiciales, la colaboración de militares "insubordinados" con miembros de grupos armados ilegales, las desapariciones forzosas y la inseguridad en las cárceles.

Sobre Ecuador
En Ecuador, persisten los abusos de las fuerzas de seguridad, las limitaciones a la libertad de expresión y la corrupción oficial; mientras que en Bolivia hay "arrestos o detenciones arbitrarias y denegación de juicios públicos justos"; y en Perú se denuncia la trata de personas y la corrupción del Gobierno, según Washington.

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En cuanto a México, la mayoría de las violaciones de derechos humanos se dieron en el contexto de "la lucha del país contra el crimen organizado" y su autor más importante fueron "las organizaciones criminales trasnacionales", según el informe.

Sin embargo, advierte también que "en el contexto de la lucha contra esas organizaciones, pero a veces también sin relación con ellas, las fuerzas de seguridad de México cometieron supuestamente asesinatos ilegales, desapariciones forzadas y casos de abuso y tortura".

En Centroamérica, Honduras volvió a protagonizar las denuncias del Departamento de Estado, dada su "tasa de homicidios extremadamente alta" en 2011, sus conflictos "significativos" por la violencia organizada y sus problemas "profundos y no perseguidos" de corrupción en la Policía.

En cuanto a Nicaragua, el informe subrayó los abusos policiales y la restricción del derecho al voto en los comicios en los que resultó reelegido el presidente Daniel Ortega; mientras que en Guatemala y en El Salvador se observó una "corrupción generalizada institucional".

En Brasil y en el Cono Sur -Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay- los principales problemas de derechos humanos fueron los abusos cometidos por las policías y el hacinamiento, la violencia y los malos tratos en las cárceles, según el informe.

Por último, los capítulos relativos al Caribe denunciaron la existencia de ejecuciones extrajudiciales o abusos de las autoridades de República Dominicana y Haití.