La presencia de una avioneta civil, presumiblemente relacionada con los carteles de narcotráfico mexicanos en el espacio aéreo ecuatoriano, y que no fue detectada por el Sistema de Defensa Aérea del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, preocupa a los propios militares por la incapacidad de reacción de la FAE, para neutralizar la aeronave clandestina que se estrelló en la comunidad de Coaque, Manabí, en donde se encontraron $ 1’340.000.

La misión constitucional de la FAE es la protección del espacio aéreo, así lo aclaró el excomandante de esta Fuerza, Oswaldo Domínguez, quien consideró que al ser un vuelo clandestino, su control correspondía a la FAE.

Oficiales que pidieron la reserva señalaron que el Sistema de Defensa Aérea, controlado por la FAE, tiene tres componentes fundamentales: sistema de radares, aviones interceptores y artillería antiaérea.

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Según información militar, el Escuadrón Mirlo de Esmeraldas es el encargado del control aéreo de la zona en donde se precipitó la aeronave, en cuya jurisdicción se encuentra a prueba (no estaba siendo utilizado para captar violaciones al espacio aéreo) uno de los cuatro radares adquiridos por la FAE a la empresa china CETC Internacional por un costo de $ 60 millones.

El plazo para la entrega del sistema radárico, dos de largo alcance y dos tapahuecos, venció el 14 de enero del 2011 y se ha diferido por cuatro ocasiones la entrega-recepción, porque los equipos aún no superan la fase de prueba.

En abril pasado el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, dijo que están en una etapa de diálogo con la empresa china “porque el retardo no se debe exclusivamente a problemas de CETC, sino a problemas climáticos para subir los radares al sitio y otros problemas circunstanciales”, que no los precisó.

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Las mismas fuentes militares informaron que si el radar de Esmeraldas hubiese estado operando, la avioneta tenía que ser detectada por el sistema a más de cinco millas fuera del espacio territorial ecuatoriano, con sus respectivas trazas o vectores (dirección, distancia, altura, velocidad) para alertar de su presencia a la Fuerza de Reacción Inmediata (FRI) en Taura.

El FRI y el Escuadrón Mirlo están bajo el control del Comando de Operaciones Sectoriales (COS 1) de la FAE, en Guayaquil, cuya misión señala: “Mantener la vigilancia, alarma y control del espacio aéreo, mediante la capacidad operativa y técnica del personal y material del COS-1, en coordinación de las unidades operativas de las fuerzas terrestre, naval y aérea, en defensa de las áreas y objetivos estratégicos del sector bajo su responsabilidad, a fin de contribuir a mantener la integridad y soberanía nacional”.

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Diario EL UNIVERSO solicitó una versión oficial de la FAE sobre el tema y únicamente se limitó a señalar que al tratarse de una aeronave civil la responsabilidad es de la DAC.

La FAE ha sido una de las ramas más beneficiadas de las Fuerzas Armadas por el Gobierno, con fondos para la recuperación de su capacidad operativa con compromisos que superan los $ 500 millones, con los cuales compraron radares chinos, aviones de combate sudafricanos, helicópteros indios, entre otros equipos, para evitar una violación de la soberanía.

Detalles: Capacidad Operativa
Equipos sin funcionar
A pesar de que la adquisición del sistema radárico fue calificada por la extinta Junta de Defensa Nacional como “emergente” dentro del proyecto de recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, después de la incursión del ejército de Colombia a Angostura en el 2008 (para bombardear un campamento de las FARC), el país sigue vulnerable porque los adquiridos a la empresa china CETC no funcionan.

Adjudicación
El 19 de diciembre del 2008, la Comisión Técnica de Selección de la FAE adjudicó el contrato a CETC por $ 60 millones para la provisión de dos sistemas radáricos: YLC-2V y Gap Filler YLC 18 con tecnología para integrar voz y datos entre sí, con la flota de aeronaves militares, el centro de comando y control, y también con el resto de radares, incluidos los de la Dirección de Aviación Civil.

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Contrato
El contrato se suscribió el 8 de junio del 2009 entre CETC y el Ministerio de Defensa que 45 días después realizó la primera transferencia de $ 21 millones a la cuenta de la empresa en el Bank Of China Heade Office, hasta la fecha se han cancelado $ 36 millones del total del contrato.