Veedores de contratos de Fabricio piden asilo político a cuatro países

Caso el Gran Hermano

Cuatro de los integrantes de la veeduría a los contratos del hermano mayor del mandatario, Fabricio Correa, solicitaron ayer asilo a los gobiernos de Costa Rica, Estados Unidos, Panamá y Gran Bretaña.

Pablo Chambers, Víctor Hugo Hidalgo, Gerardo Portilla y José Quishpe visitaron las sedes diplomáticas de los dos primeros países en la mañana y, por la tarde, acudieron a las otras. Su propósito fue pedir información sobre el procedimiento que deben seguir para acceder a esa protección.

Chambers explicó que resolvieron dar ese paso porque dicen ser “perseguidos políticos del Gobierno”, y afirman no tener garantías para ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso penal que les instauró el presidente Rafael Correa.

Correa acusó a los cuatro veedores de perjurio y falso testimonio al haber afirmado que él conocía de los contratos de su hermano Fabricio, quien siempre negó vinculaciones con las empresas investigadas.

Ellos fueron citados hace dos semanas a la audiencia pública de formulación de cargos por parte de la Fiscalía distrital de Pichincha en el Juzgado Quinto de lo Penal de esa jurisdicción, pero la diligencia se suspendió para el 17 de mayo.

“Nuestra situación se está complicando. No tenemos oportunidades de defensa. Y por varias fuentes sabemos que seremos condenados y apresados si vamos a la audiencia”, afirmó Chambers, quien agregó que esperan tener respuesta positiva de alguno de estos países antes de esa cita.

Chambers dijo que se les negó la posibilidad de defenderse en el momento en que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) se llevó de las oficinas de la Veeduría toda la documentación que respaldaba sus investigaciones.

Agregó que la actitud del mandatario parece una venganza que, a su criterio, no tiene explicación. “Lo que empiezo a creer es que se está desquitando de lo que le hizo mi bisabuelo Geo Chambers Vivero a su bisabuelo Eloy Alfaro: no le quiso prestar unos barcos para atacar al general (Pedro J.) Montero que se había sublevado”, comentó a manera de broma.

A la salida de la Embajada costarricense, Portilla responsabilizó a Correa de su seguridad personal. “Lo hago responsable al presidente (Correa) de lo que pase con mi familia... No somos vulgares ladrones para que nos estén persiguiendo de esta manera; solo cumplimos con un mandato constitucional, un mandato que el propio presidente dispuso”, señaló.

La Veeduría fue creada en julio del 2009 por el CPC, a pedido del jefe de Estado, para investigar los contratos de su hermano, cuya existencia fue denunciada por la prensa.

En su informe final, divulgado en febrero del 2011, presentaron cuatro conclusiones: que el mandatario sí conocía de los contratos de su hermano mayor con el Estado; que hubo favoritismo de parte de las entidades públicas para adjudicar los proyectos a empresas relacionadas con Fabricio; que existió ilegalidad en estas adjudicaciones; y que el Estado habría sido perjudicado en aproximadamente $ 143 millones.

Tales conclusiones fueron rechazadas por los hermanos Correa, quienes también cuestionaron a Chambers por haber sido funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez.

De hecho, el presidente lo calificó como ‘infiltrado’, y señaló que se había ‘extralimitado’ en sus funciones.

La Veeduría también estaba integrada por Edmundo Vera, Jacqueline Estupiñán, Diego Jaramillo, Edna Cruz y Byron Maldonado. Ellos, sin embargo, no fueron denunciados por el presidente Correa, pese a que también participaron en la investigación del caso y suscribieron el informe preliminar y parte del definitivo.

Cronología

2009, 2 de julio

José Quishpe, Edmundo Vera, Pablo Chambers, Byron Maldonado y Diego Jaramillo son elegidos vocales principales de la Veeduría Ciudadana para investigar los contratos de Fabricio Correa luego de un sorteo público entre 34 postulantes.

2009, 14 de agosto

El coordinador de la veeduría, Pablo Chambers, denuncia que organismos como la Contraloría, Superintendencia de Bancos y Procuraduría negaron información a la Veeduría.

2010, 20 de mayo

La Veeduría pide la renuncia de las autoridades de las superintendencias de Compañías y de Bancos y de la Corporación Financiera Nacional (CFN), por su incumplimiento en la entrega de información sobre el caso.

2011, 3 de febrero

Luego de un año y medio de trabajo, la Veeduría Ciudadana entrega su informe final a la Contraloría General del Estado.

2011, 4 de febrero

Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, anuncia que el mandatario analiza la posibilidad de iniciar acciones legales contra Pablo Chambers.

2011, 31 de marzo

El abogado del presidente Correa, Alembert Vera, presenta la denuncia formal por una supuesta falsedad testimonial en contra de los miembros de la Veeduría.