Son las 16:15 del lunes pasado y en la Plaza Grande, en el centro de Quito, la gente comienza a correr porque en el cielo se dibujan negros nubarrones. Solo un grupo vestido con traje militar, ponchos de agua color verde y cintas en las cabezas no se inmuta; permanece en los alrededores del Palacio de Carondelet con pancartas y banderas.

Como de la nada, el sonido de una trompeta entonando un toque de silencio inunda el ambiente. Ante la melodía, que se toca en los relevos de guardia militar en honor a todos los caídos en combate, unos llevan su mano al pecho, otros ponen rectos sus cuerpos.

La melodía termina y se oye al unísono: “¡Ni un paso atrás!”. La frase la pronuncian excombatientes del conflicto bélico del Alto Cenepa, que en 1995 participaron en el último enfrentamiento de las fuerzas militares de Ecuador con las de Perú.

Publicidad

Es uno de los capítulos de la historia ecuatoriana que se desprende de un hecho que lo marcó, ocurrido en Río de Janeiro en la madrugada del 29 de enero de 1942: Mientras tropas peruanas permanecían en El Oro, tras la invasión de julio de 1941, que dejó 119 muertos, el canciller de Brasil, Oswaldo Aranha, convence a su homólogo ecuatoriano, Julio Tobar, para que firme el Protocolo de Paz y Amistad con Perú. El acuerdo, lejos de lograr el fin de los conflictos entre ambos países, que venían enfrentándose desde la época colonial, se convirtió en la nueva razón de una guerra no declarada que en los 56 años siguientes –hasta la firma del Tratado de Paz, el 26 de octubre de 1998– dejó 48 ecuatorianos fallecidos en la frontera, problemas diplomáticos e inestabilidad económica.

Aquella tarde en la Plaza Grande, en Quito, alrededor de cien excombatientes, todos en servicio pasivo, mantienen su formación marcial. Cuando se presentan, primero dan su rango, luego sus apellidos y sus dos nombres. Finalmente, mencionan la unidad de las Fuerzas Armadas a la que pertenecieron.

Diecisiete años han transcurrido desde que abandonaron el campo de batalla. Pero hoy vuelven a vestir sus uniformes. Esta vez hacen vigilia frente a la Casa Presidencial en señal de protesta contra el listado de beneficiarios de la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales que aprobó la Asamblea en febrero del 2011.

Publicidad

Como lo indicaba el reglamento de la ley, el Ministerio de Defensa envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una lista con 1.404 nombres de personal militar y civil que participó en los conflictos bélicos de 1995 y 1981, y que fueron condecorados con la Cruz de Guerra; o recibieron el ‘encomio solemne’. Se incluyó, además, a los beneficiados con la Ley de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995.

La segunda disposición final de la Ley de Héroes y Heroínas establece que esas personas “accederán a todos los beneficios” que contempla dicha norma.

Publicidad

El CPCCS publicó el listado el 12 de marzo pasado para iniciar el proceso de acreditación de quienes recibirán los beneficios, entre los que se incluye una pensión mensual equivalente a dos remuneraciones básicas unificadas, una vivienda, becas de estudios, atención preferencial en hospitales, entre otros.

Pero los excombatientes no considerados como beneficiarios reclaman que en la lista constan personas que no pueden ser calificadas como héroes. “En la línea de combate todos nos conocíamos. Ahora nos vienen a presentar una lista manipulada en la que se han camuflado personas que estuvieron en otras tareas. No puede ser posible que choferes de oficiales, amanuenses y oficinistas estén catalogados como héroes”, refiere el sargento primero Wilber Zambrano, un exmiembro del Grupo de Fuerzas Especiales de Santo Domingo.

Este exmilitar de 50 años mantiene sus manos entrelazadas y la cabeza erguida mientras habla. Dice que permaneció en el frente de batalla desde el 18 de diciembre de 1994 hasta el 28 de febrero de 1995, en el sector conocido como la Y, ubicado cerca del destacamento fronterizo de Base Sur.

Relata que al estar a cargo de las comunicaciones de su pelotón, fue impactante enterarse de que sus superiores declararon a su unidad como desaparecida cuando quedó bloqueada por tropas peruanas.

Publicidad

Entre los excombatientes que se mantienen en vigilia en la Plaza Grande está el “sargento primero Sánchez Jorge”, como él mismo se identifica. Cuenta que es oriundo de Loja y que tenía 29 años cuando ingresó a los destacamentos Tnte. Hugo Ortiz, Etza, Soldado Monge y Punto Trueno Dos (en Tiwintza) para liderar una patrulla que se dedicaría a sembrar minas.

“Ello significaba estar cerca de la muerte en todo momento. Pese a que ese era nuestro trabajo, presenciamos muertes y desmembramientos. No es justo llamar héroes a quienes no estuvieron ahí. Estábamos tranquilos 17 años, hasta que sacaron esa lista”, recalca.

Excombatientes de tropa y oficiales entrevistados coinciden en que, para considerar a un héroe nacional se deberían tomar en cuenta factores como: que quien ostente ese calificativo haya muerto o quedado con alguna discapacidad física permanente por realizar algún acto de valentía. Es decir, en caso de un conflicto, a los que hayan muerto o resultado con heridas graves en medio de la batalla. Y excluir de los beneficiarios a médicos, voluntarios o a quien solo cumplía con su deber.

El principal punto de conflicto es que se incluyó entre los beneficiarios de la Ley de Héroes y Heroínas a los que recibieron el ‘encomio solemne’ que, según el artículo 89 del reglamento a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, es un “elogio que se tributa al miembro de las Fuerzas Armadas por haber realizado acciones de alto riesgo durante su guarnición o patrullaje, además de otras acciones especiales efectuadas con ejemplar dedicación, en beneficio de la institución o sus miembros”.

El dirigente de los excombatientes, Javier Vargas, reconoce que existe el riesgo de que se confunda que la lucha que iniciaron es por recibir alguna compensación económica y no por defender el honor de 5.481 exmilitares que están en el parte de guerra de 1995.

Vargas, quien defendió durante el conflicto de 1995 los destacamentos de Coangos, Base Sur y La Montañita, lamenta que el recuerdo de lo ocurrido se reviva en medio de estos reclamos de “injusticia”.

La polémica se genera también por las inconsistencias detectadas entre el listado enviado por el Ministerio de Defensa y lo publicado por el CPCCS.

Mientras el Ministerio de Defensa remite 1.404 nombres, la lista del CPCCS incluye a 1.498. El desfase se produce en su mayoría por la repetición de nombres. Aunque también se excluye de la lista del CPCCS a tres que el Ministerio de Defensa considera como beneficiarios. Y el CPCCS aumenta a otro. Hasta el cierre de esta edición, la presidente de esa entidad, Marcela Miranda, no respondió a un pedido de entrevista.

Luis Calderón, otro excombatiente del Alto Cenepa que hace vigilia en la Plaza Grande, cree –al igual que sus compañeros– que la Ley de Héroes y Heroínas debe ser derogada. “Nosotros no estamos reclamando un beneficio monetario ni que se nos incorpore a ese listado de héroes. Solo defendemos el que no se deshonre a héroes como el soldado Pinto, el capitán Calle, Espinoza, Pachito, Montesdeoca (caídos en combate)”, aclara.

Los excombatientes dicen que se quedarán allí, en la Plaza Grande, hasta que el primer mandatario los reciba. Piden que se derogue la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacionales que derivó en el listado de la discordia.