Unidad de capturadores tras la pista de los comisarios prófugos

En las comisarías Primera, Tercera, Quinta y Sexta de Policía del Guayas hasta ayer solo se receptaban denuncias con aparente normalidad. Únicamente en la Quinta se despachaban trámites, porque estuvo de turno el último pasado fin de semana a cargo de Bertha Burgos Pozo, quien es comisaria de la Niñez y la Familia, en Durán.

La oficina de esta dependencia estaba abarrotada de gente, la mayoría esperando obtener la boleta de libertad de sus familiares. Hacer entrevistas a los usuarios y funcionarios no estaba permitido. El único policía del lugar dejaba su puesto en la entrada del edificio para impedir que se haga reportería.

No obstante, personal de las comisarías comentó que está esperando que la nueva gobernadora del Guayas, Viviana Bonilla, designe a los nuevos titulares de esas dependencias para comenzar a despachar.

Hasta el pasado viernes atendió César Hurtado en la Comisaría Primera, acogiéndose a una acción de personal que disponía su reintegro pese a haber presentado su renuncia con las demás comisarias. Pero al día siguiente fue detenido por la Policía por una boleta de detención emitida por el juez Johan Marfetán, que extendió la medida para Jacqueline Hurtado, Ester Ansuástegui, Estela Narváez y Lorena Alarcón, las cuatro últimas están prófugas.

Los comisarios están procesados por el supuesto delito de extorsión a dueños de locales de diversión nocturna y restaurantes y se les abrió una indagación previa por el presunto uso doloso de documentos públicos, después de que la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) descubriera irregularidades en la emisión de boletas de libertad.

Tras la detención, a Hurtado se le realizó el domingo la audiencia de formulación de cargos en la Policía Judicial del Guayas, tras la cual el juez de Flagrancia Virgilio Matamoros le dictó la prisión preventiva.

Según el asambleísta por el Movimiento Popular Democrático (MPD), Jorge Escala, la Fiscalía está obviando otros supuestos delitos cometidos por los funcionarios públicos y excluyendo al exgobernador Roberto Cuero, a quien –asegura– el Gobierno busca proteger.

“Cuero no es parte de este proceso, de esta investigación, eso es por demás sospechoso, quieren limpiar a Cuero como han limpiado a algunos ministros que por esta misma figura luego salieron como inmaculados. Ejemplo, el exministro de Agricultura, Walter Poveda; la misma Secretaría de Transparencia lo denunció y más adelante salió en libertad; los ‘comecheques’...”, recordó Escala.

Ayer, en la posesión de la nueva gobernadora, Viviana Bonilla, el presidente Rafael Correa volvió a referirse a la salida de Cuero y dijo: “No es culpable de lo que ha pasado en las comisarías, pero sí es responsable de lo que ha pasado porque estaban bajo su responsabilidad política y administrativa”.

No obstante, Escala señala en su denuncia que el exgobernador es “responsable de cometer las mismas infracciones por su inacción u omisión”, toda vez que Cuero sí habría sido informado por Julio César Quiñónez, exintendente de Policía, de las supuestas anomalías en las comisarías, pero lo separó.

El asambleísta, quien ayer acudió a la Fiscalía del Guayas a presentar la denuncia contra Cuero, pidió que se extienda la investigación por otros delitos “de concusión, por el delito de enriquecimiento ilícito, por el delito de peculado, cohecho; estos delitos no prescriben, además, estamos pidiendo que se ordene la prohibición de salida del país de Cuero, (César) Quiñónez (exintendente del Guayas) y se ordene también la prisión preventiva...”.

Mientras tanto, el jefe de la PJ-G, Marcelo Tobar, informó que se ha dispuesto a los agentes capturadores hacer efectiva las boletas de detención para los otros comisarios. “Como cualquier ciudadano ya con las boletas se los está tratando de ubicar y hacer efectiva”.

Asimismo, confirmó que hasta la mañana de ayer ninguno de ellos había abandonado el país, tras conocer el rumor de que Jacqueline Hurtado ya había salido de Ecuador.

“Lo más aconsejable es que estas personas se entreguen para que la justicia haga su trabajo y respondan ante los cargos que se les están imputando”, dijo.

Extorsión

Beatriz Velásquez Zambrano denunció ayer que el pasado 17 de julio presentó una queja en la Gobernación por la supuesta extorsión que sufrió por parte de los funcionarios de la Comisaría Tercera.

Cámara fotográfica

La mujer recordó que tuvo que pagar $ 80 y ‘donar’ una cámara fotográfica por la libertad de su sobrino Daniel Moreno, quien había sido detenido por escándalo en la vía, quince días antes.