El abogado Campaña destaca la validez de video; fiscal la niega

Tras la difusión de un video en el que el juez temporal Juan Paredes admite que recibió la sentencia del caso EL UNIVERSO ya redactada en un pendrive, la defensa de este medio envió ayer a la Fiscalía distrital del Guayas un escrito en el que solicita seis diligencias dentro de la indagación previa que se sigue en su contra por prevaricato y falsedad ideológica.

Paredes condenó a los directivos y al exeditor de Opinión de este Diario a tres años de cárcel y al pago de $ 30 millones; y a la Compañía Anónima EL UNIVERSO al pago de otros $ 10 millones, dentro de la querella por injurias que puso el presidente Rafael Correa.

La grabación fue realizada el pasado 30 de enero por la exmagistrada Mónica Encalada, quien la envió a la Fiscalía el pasado viernes.

Joffre Campaña, abogado de este Diario, pidió que se convoque a Paredes para que amplíe la versión que dio a las autoridades el pasado 15 de diciembre. En dicha comparecencia, este afirmó que recibió de Encalada un pendrive con archivos en Word que le permitieron redactar con facilidad el fallo.

Sin embargo, en el video se lo escucha decir que recibió la sentencia ya redactada en un dispositivo que no le pertenecía a la exjueza Encalada.

Campaña solicitó, asimismo, que se cite al abogado del presidente, Gutemberg Vera, para que “rinda su versión sobre los hechos denunciados, especialmente porque del contenido del video consta que él habría sido la persona que preparó la sentencia dictada en contra de Diario EL UNIVERSO”.

En una versión escrita que envió a la Fiscalía, en febrero pasado, la exjueza Encalada indicó que Paredes le habría dicho que Vera “no dormía” por preparar ese documento.

Para constatar si hubo comunicación telefónica entre Paredes y Vera, Campaña pidió al fiscal que oficie a las operadoras celulares Claro y Movistar para que remitan un detalle de las llamadas entrantes y salientes realizadas entre julio y agosto del año pasado desde los números de ambos juristas.

También solicita que se llame a rendir testimonio a la exjueza Encalada; al técnico de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Jaime Martínez; y al perito del Consejo de la Judicatura, Enrique Ferruzola.

Estas tres personas ya fueron citadas por la Fiscalía. Las dos primeras no concurrieron. Mientras que la audiencia de la tercera fue suspendida.

Video de diálogo del 30 de enero del 2012 entre exjueza Mónica Encalada y el juez Juan Paredes.

En su escrito, Campaña defiende la validez del video entregado por Encalada, pese a que este fue grabado sin el consentimiento de Paredes.

El artículo 155 del Código de Procedimiento Penal señala que para interceptar conversaciones telefónicas o de otro tipo se requiere autorización de un juez. Pero en el artículo siguiente consta una excepción: “No se requerirá la autorización a la que se refiere el artículo anterior, en los casos en que las grabaciones de audio o video sean obtenidas por cámaras de seguridad o en lugares públicos; así como tampoco en los casos en que se divulguen grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes”.

Pero el fiscal general, Galo Chiriboga, expresó su desacuerdo y señaló que “no es tan exacto” decir que los videos sirven como pruebas en ciertas circunstancias.

Él recordó que la “autorización de los jueces” es necesaria, pero no quiso ahondar en el tema, pues esta opinión la manifestó en una reunión de trabajo que ayer mantuvo con varios representantes de Justicia, Policía y Gobierno.

El fiscal Chiriboga pidió a los periodistas ceñir sus preguntas al objetivo del evento, esto es el proyecto de Código Penal Integral, y recalcó que en esta propuesta no se modificará nada sobre el tratamiento de las grabaciones.

Declaraciones

JUEZ JUAN PAREDES

En video
“...de ese pendrive, del tuyo (Mónica Encalada), yo nunca supe. Yo tengo un pendrive”.

“...Sí la cambié (la sentencia)... Él me mandó a pagar 60 millones”.

LO QUE DIJO ANTES:

“La abogada Encalada me entregó (en un pendrive) lo que habían escaneado, que corresponde (a la) querella, contestación a la querella presentada por los acusados; esa es la información que a mí me entregó y de la cual hice uso”. (15 de diciembre del 2011)

El juez manifestó que la sentencia –que otorga $ 40 millones al mandatario y condena a tres años de cárcel a los demandados– la hizo únicamente él, sin ayuda de nadie y dentro de la Corte Provincial de Justicia. (15 de diciembre)