Por delito contra la fe pública investigarán a comisarios de Guayas

Del informe de auditoría elaborado por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG) a la Intendencia y Comisarías de Policía del Guayas, se evidencia, según la Fiscalía, que habría el delito del uso doloso de documentos públicos.

Paúl Ponce Quiroz, fiscal del Guayas y Galápagos (e), reveló que su inferior Roberto Cabrera, quien investiga el presunto delito de extorsión en las comisarías contra dueños de bares y discotecas, sospecha que también se habría incurrido en un delito contra la fe pública.

Cabrera recibió de Edwin Jarrín, titular de la SNTG, y de José Serrano, ministro del Interior, un informe con más de 700 fojas, repartidas en dos folders, en el que constan boletas de libertad emitidas dos veces a favor de una misma persona.

Son alrededor de 175 casos y, según Ponce, la mayoría de boletas de excarcelación las dio la Comisaría Tercera, cuya titular era Jacqueline Hurtado Valdez, quien renunció la semana pasada en medio de un escándalo por supuestos actos de corrupción y abuso de autoridad.

La SNTG reveló que Víctor Márquez Villalva fue uno de los ‘favorecidos’ con dos boletas de libertad, una signada con el número 068511 y emitida el 28 de julio del 2011, y otra con la identificación 068207 y expedida el 3 de agosto del 2011.

“Podría darse la coincidencia en un caso, pero estamos hablando de decenas de casos en los que podría ser un procedimiento habitual, un modus operandi”, explicó Ponce.

En otro de los casos Mario Nicómedez Reyes Almendaris recibió dos boletas de libertad firmadas por comisarías diferentes y en días distintos: la primera 045731, firmada el 14 de marzo del 2012 por Lorena Alarcón Salas, comisaria cuarta, y otra 078117, nueve días después emitida por Estela Narváez Fernández, comisaria sexta. Ambas renunciaron con Hurtado.

Incluso, según la auditoría, hay documentos que tienen firmas de
comisarios de otros cantones. Es el caso de Carlos Martínez Portilla,
quien recibió dos boletas de libertad; una número 043234 del comisario
primero de Milagro, Jacinto Carrera Santana; y la 023467, del comisario
de Jujan, Rafael Briones.

El informe de la SNTG detalla que durante las visitas a las comisarías se encontraron boletas sueltas en los despachos.

Ponce indicó que se dispuso abrir un nuevo proceso por el supuesto delito de uso doloso de documentos públicos, cuya pena de reclusión “es de entre seis y nueve años”. Esta causa recién iba a ser sorteada ayer.

El fiscal subrogante recordó que por el delito de extorsión la pena máxima es de cinco años, pero este proceso recién está en etapa de indagación previa.

La auditoría de la SNTG determinó, además, que en las comisarías e Intendencia no existían expedientes de los procesos o estaban incompletos, pero que en casi todos los casos no se aplicaba el debido proceso.

De casos revisados en las comisarías Primera (78), Tercera (36) y Quinta (127), solo un expediente fue elaborado bajo el debido proceso, indica Transparencia. Mientras que en la Intendencia solo en 5 de 60 casos se actuó legalmente.

Como evidencia se cita el proceso de reapertura de un bar café denominado RA, hecho ocurrido el pasado 7 de marzo del 2012, llevado por la Comisaría Tercera. La SNTG observa que “no existe una resolución debidamente motivada como manifiesta el Código de Procedimiento Penal, la Constitución de la República no indica el número de días que fueron sancionados los locales, se encuentra adjuntado una papeleta de depósito que debe constar en el departamento financiero...”.

En la auditoría se constató que cada dependencia tramitaba de 80 a 100 procesos por semana, durante los cuales se clausuraron locales y se detuvo a personas ilegalmente.

El informe detalla que entre enero del 2009 y enero del 2010 la Contraloría General del Estado ya había hecho un análisis a las dependencias investigadas y que las irregularidades persistieron pese a las recomendaciones dadas en ese momento.

Conclusiones: Auditoría de la SNTG
La SNTG evidencia que en las comisarías e Intendencia, a pesar de haber transcurrido un año del examen realizado por la Contraloría General del Estado, persisten las irregularidades en el manejo improvisado y la falta de compromiso de los funcionarios, que hasta la fecha no han recogido las recomendaciones dadas.

Luego de un análisis se pueden constatar irregularidades administrativas y negligencia en funcionarios que laboran en las comisarías (del Guayas).

En las entrevistas realizadas a funcionarios han indicado que desconocen en forma total sus funciones estipuladas en el estatuto orgánico por procesos.

La información obtenida en las comisarías, Intendencia y Departamento Financiero (Gobernación del Guayas) no pudo ser validada ni conciliada porque no existe una coordinación de actividades y funciones, por tanto el nivel de eficiencia es bajo.

Las comisarías carecen de una infraestructura tecnológica que permita el manejo óptimo de la información, entonces se puede concluir que hay deficiencia en el control e inventario de sellos, productos y bienes decomisados.