La compra de 1’988.471 comprimidos de warfarina sódica de 5 mg (medicamento para los pacientes cardiacos) por 377.809,49 dólares para el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Teodoro Maldonado Carbo, y que –según el Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez– no eran aptos para el consumo humano, es investigado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) sobre la base de un informe de la veeduría ciudadana entregado en octubre del año pasado.

Dicho informe se realizó entre el 2008 y el 2010 y determinó irregularidades en las contrataciones por parte de las principales autoridades del Seguro.

El contrato Nº 64000000-2212-C para la compra de este medicamento se efectuó el 25 de junio del 2010 entre el director general del IESS, Fernando Guijarro Cabezas, y Marco Serrano Mejía, representante de la empresa Representaciones Whitehouse Cia. Ltda.

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Pero el 18 de julio del mismo año, el Instituto Nacional de Higiene envió al IESS un informe sobre el análisis químico de la warfarina, en el que indicaba que el producto no cumplía el control de calidad, no tenía registro sanitario, por lo que no era apto para el consumo humano. Y prohibió su distribución.

Gilma Wheatley, coordinadora de la veeduría ciudadana, indicó que pese a las observaciones a este medicamento, la coordinadora de la farmacia del hospital Teodoro Maldonado Carbo, Jacqueline Roldán, distribuyó la warfarina a los pacientes, en su mayoría adultos mayores.

Según Wheatley, dentro del proceso de investigación se le consultó a Roldán si la warfarina se estaba distribuyendo entre los pacientes cardíacos, a lo que ella respondió que no; sin embargo, recetas que se adjuntan al informe de la veeduría señalan lo contrario. El producto fue recetado hasta noviembre del 2010.

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A la investigación también se adjunta un documento en el que se indica que 4.036 unidades de 1’988.471 de comprimidos de warfarina fueron retiradas de la farmacia el 24 de noviembre, cuatro meses después del informe del Instituto de Nacional de Higiene.

Julio Maldonado, de 50 años, quien sufre de insuficiencia cardíaca, tomó por una semana el medicamento, pero se vio obligado a suspenderlo porque comenzó a sentir fatiga cada vez que lo ingería.

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“Cuando me dieron la siguiente cita el médico me recetó otra medicina, pero por este Diario me enteré hoy (ayer) que la warfarina no pasó los controles de calidad. Cómo puede ser posible que el IESS juegue con nuestra salud”, afirmó Maldonado.

Para el asambleísta Leonardo Viteri (antes del PSC), la distribución de este medicamento constituye un crimen de lesa humanidad porque se estaba poniendo en riesgo la salud de los pacientes.

Agregó que esta es una de las tantas presuntas irregularidades que existen en las contrataciones del IESS, por ello exigió al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) que investigue a las autoridades del IESS. “La adquisición de los medicamentos solo va a mejorar la calidad de vida de los que firman los contratos, porque la de los afiliados se verá afectada por la entrega de medicinas no aptas para su consumo”, dijo Viteri.

Extraoficialmente se conoció que la empresa Representaciones Whitehouse entregó al CPC un informe de la Universidad Politécnica, donde indica que la medicina sí contaba con los registros sanitarios.

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