Pobladores y dirigentes de las comunidades de la zona aledaña al proyecto minero Mirador afirman que no se realizó la respectiva consulta previa, según lo determina la Constitución.

El presidente Rafael Correa desmiente a los dirigentes y ayer, en el enlace sabatino, aseguró que sí se cumplió con la consulta previa. Mostró un video en el que se dijo que este proceso duró más de un año. “Lo que quieren es una consulta popular (...). Y por último, si alguien no está de acuerdo, la Constitución da la atribución al presidente a tomar las decisiones pertinentes”, dijo Correa.

Sin embargo, según un anexo del contrato firmado con la firma Ecuacorriente (ECSA), que hace referencia a la resolución por la cual se otorgó la licencia ambiental para la explotación minera, se detalla que se ejecutaron actividades para la participación social durante 16 días.

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Los centros de información estuvieron abiertos del 29 de octubre al 12 de noviembre del 2010 (15 días) en tres sitios: la casa parroquial de Tundayme, el coliseo abierto del barrio Chuchumbletza y el Municipio. Allí se realizaron audiencias, pero solo un día: el 5 de noviembre.

La web del Ministerio del Ambiente (MAE) se abrió para recibir criterios entre el 29 de octubre al 12 de noviembre del 2010. Y en la Gobernación se realizó otra reunión informativa, el 8 de diciembre del 2010.

En un informe preliminar de la Contraloría, del 23 de febrero, se establece que el MAE incumplió el artículo 398 de la Constitución, el 87 y 88 de la Ley de Minería, el 2 del Acuerdo 112 del MAE y varios artículos del decreto ejecutivo 1040 y “al delegar el proceso de participación social a una instancia privada y no viabilizar información sobre el tema a la ciudadanía organizada y al ente de control”.

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Raúl Brito, técnico de ECSA, al referirse al tiempo de ‘socialización’ señalado en el contrato, se limita a decir que la compañía no hace juicios de valor sobre si fue suficiente el tiempo dedicado a la participación social.

Una investigación publicada por la Universidad Andina en el 2011, refiere que el proceso de difusión que hizo ECSA se basó en el estudio de impacto ambiental, un documento técnico que requiere de mucho tiempo para analizarlo y de conocimientos especializados.