El sonido de una motosierra se mezcla con los ruidos de la naturaleza durante la mañana del miércoles último. Son los taladores del bosque que junto a los ganaderos y los técnicos de la minería han dejado su marca en las zonas bajas del río Quimi que se extiende entre las montañas cubiertas de bosque primario y pastizales en la parroquia rural Tundayme, del cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe.

La geografía de esta zona ha cambiado desde hace once años cuando aparecieron los canadienses en busca de metales pesados, según sus pobladores y los informes elaborados por organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.

Pero se aguardan cambios más vertiginosos, luego de que el 5 de marzo pasado, el presidente Rafael Correa firmó un contrato para que el consorcio chino Ecuacorriente S.A. (ECSA) inicie la explotación del primer proyecto de minería a gran escala en la historia del país.

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Un cambio que se evidencia con mayor magnitud en el sitio San Marcos, una comunidad de la parroquia rural Tundayme, que prácticamente ha desaparecido. De las 19 casas que había, según el informe titulado ‘Intervención minera a gran escala en Ecuador y vulneración de Derechos Humanos’, elaborado por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en el 2010, solo quedan dos.

También yacen una iglesia abandonada de paredes verdosas carcomidas por la humedad, una cancha con grietas y las aulas de una escuela unidocente, como constató un equipo de este Diario que recorrió la zona.

En el informe de la Cedhu se determina que “el Estado ha estado ausente del proceso de compraventa de tierras llevado adelante por la empresa”.

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Julia Ordóñez todavía ocupa una de las casas de madera que quedan en pie. Ella llegó a Tundayme, hace 45 años, procedente de la provincia de Azuay.

Cuenta que en San Marcos vivía una familia shuar y el resto eran colonos, como ella, que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. “Primero le compraron la finca a César Guamán, que tenía una casa de cemento. Él fue el fundador y el primero que se fue”, relata Ordóñez.

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De las casas removidas solo queda el sitio escarpado, hoy cubierto de monte. “Ni bien llegaban a los acuerdos y se iban (los ocupantes de las casas), los de la empresa tumbaban todo y dejaban limpio como si no hubiera nada”, agrega Ordóñez.

La finca de Guamán se extendía sobre parte de las concesiones de Mirador 1 y 2, donde ahora se iniciará el proyecto de minería a gran escala, según Luis Castro, cuya finca limita con el área que ahora es propiedad de ECSA. “Calculo que han comprado unas 1.500 hectáreas. Yo les he querido vender, pero al parecer no les han interesado mis tierras”, dice Castro, quien llegó al lugar hace 40 años.

Un letrero color naranja indica las zonas que ahora son propiedad de ECSA. “Los señores de la empresa llegaban y nos ofrecían dinero o reubicación. Teníamos que aceptar por obligación”, afirma Ordóñez.

Por ejemplo, una de sus hijas, Gladys León, recibió 20 mil dólares a cambio de irse. Ella se fue a vivir a Gualaquiza, cantón de Morona Santiago.

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Ordóñez dice que espera que los de ECSA cumplan el compromiso de levantar su casa en otra zona de Tundayme para también retirarse. “Espero desde hace cinco meses”, dice esta mujer. Su otro hijo, Cristóbal León, trabaja en el campamento de Ecuacorriente. “Gana 10 dólares diarios”, señala.

El profesor estatal de la escuela unidocente Tres de Noviembre San Marcos, Óscar Rojas, todavía imparte clases a doce niños de la zona. Cuando recién llegó, hace once años, asistían más de 25 alumnos, recuerda.

Rojas aspira a que esta escuela sea reubicada. “El Gobierno firmó (el contrato para la explotación). Ya qué podemos hacer, (si) la empresa compró las tierras. El régimen tiene todos los poderes. Recién hubo una marcha y no quedó en nada. Aquí la culpa también la tienen los moradores que vendieron sin oponerse”.

La desaparición de San Marcos se dio paulatinamente desde que ECSA consiguió sus primeras concesiones mineras en la zona en junio del 2001 hasta noviembre del 2006, tiempo en el cual el consorcio recibió once concesiones para exploración.

Según información que el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR) remitió a la Asamblea en agosto pasado, lo concesionado a ECSA suma 9.928 hectáreas. La licencia para explotar la primera mina metálica a cielo abierto que se ejecutará en el país cubre 2.985 hectáreas de ese total.

Estas concesiones otorgadas en distintas fechas, entre el 2001 y el 2006, fueron “sustituidas” el 14 de abril del 2010, según el documento del MRNNR, para que estén acordes al nuevo marco legal aprobado durante el actual régimen como el reglamento de la Ley de Minería.

Los casi mil habitantes de Tundayme ¬737 personas, según el censo del 2010¬ vieron cómo los canadienses se retiraron para dar paso a los chinos, quienes empezaron a llegar a la zona, luego de que el 3 de junio del 2010 un consorcio de empresas de China (CRC Tongling) adquirió el 96,6% del paquete accionario de ECSA.

El prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, es uno de los que se oponen a la ejecución del proyecto. Afirma que la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, miente al afirmar que el cráter de la mina se ubicará en una zona cubierta por bosque intervenido. “Es verdad que en las zonas bajas hay ganadería pero en el punto donde van a desarrollar el cráter hay bosque primario”, asegura Quishpe.

Él agrega otro cuestionamiento. Dice que la concesión a ECSA contraviene el artículo 405 de la Constitución vigente que establece: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional”. “El proyecto Mirador está dentro del área de seguridad nacional que se cuenta 20 kilómetros al interior desde la línea de frontera, según la Ley de Seguridad Pública y del Estado”, refiere Quishpe.

La ambientalista Gloria Chicaiza, miembro de la organización Acción Ecológica, concuerda con el prefecto. Ella cuestiona también la falta de detalles del estudio de impacto ambiental (EIA) contratado por ECSA sobre el tratamiento que se va a dar a los 325 millones de toneladas de desechos que generará la mina al final de sus 17 años de vida productiva, según lo previsto por el concesionario.

“Con eso podemos llenar cuatro panecillos (cerro de Quito)”, comenta Chicaiza, a quien le preocupa, además, los 140 litros por segundo que se necesitarán para la producción y otros abastecimientos durante las 24 horas, según dice. “Esta agua que se usa ya queda contaminada. Se utiliza para mitigar el polvo producto de las explosiones para formar el cráter, para moler, chancar la roca y separar el concentrado de cobre de los residuos”, añade la ambientalista.

La Senagua deberá aprobar una nueva concesión a las ya otorgadas para que ECSA pueda utilizar la cantidad de agua que se requiere en la fase de explotación, según Raúl Brito, subgerente de salud, seguridad ocupacional y ambiental del consorcio chino. “En la zona llueve entre 2.300 a 3.000 milímetros por año, por lo que la captación va a ser variable”, asevera Brito.

Otras de las falencias, según el análisis del EIA realizado por el experto en minería William Sacher, es que no se especifica qué sucederá cuando se llene la piscina donde se colocarán los desechos sólidos y líquidos.

Esta piscina de desechos tendrá una extensión de 250 hectáreas y una capacidad para albergar 74 millones de toneladas, según se indica en el análisis de Sacher. “Esa piscina solo servirá para los primeros ocho años de producción y en el EIA no se explica dónde se instalará la otra piscina para los desechos que se generarán en los siguientes años”, cuestiona Chicaiza.

Al impacto ecológico del proyecto se une otro social: la criminalización de la protesta de quienes se oponen a la ejecución del proyecto Mirador, según el informe de la Cedhu.

Chicaiza afirma que el mecanismo de dividir a los habitantes ha permitido consolidar el proyecto. “Les dan trabajo a unos cuantos”, dice Chicaiza.

En el informe de la Cedhu se incluye como uno de los enjuiciados a Rodrigo Aucay, un colono de El Pangui. “Me han puesto treinta denuncias, entre el 2006 y el 2010, y he afrontado tres juicios por difamación, robo de bienes públicos e intento de asesinato. Se valen de terceras personas para denunciarme. Tengo restringido el acceso a Tundayme”, señala Aucay.