La institución es la encargada de regular y controlar a los titulares y beneficiarios de los derechos mineros.

¿Qué garantiza que la explotación del proyecto Mirador no afectará al ambiente?
Por decenas de años se buscaron yacimientos que sean significativos para la economía. Los de Portovelo o Nambija se explotaron con tecnologías que los destruyeron y no dejaron beneficios al país... Aquí lo que está en discusión no es decir “no a la minería”, sino al tipo de minería.

¿Por qué?
Porque el yacimiento está en la superficie y, si no pasamos a una minería tecnificada, se dará el tipo de minería que tuvimos en Portovelo y Nambija: altamente contaminante y antitécnica.

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La desconfianza en las comunidades también se da por los efectos de la explotación petrolera.
Pero en ese tiempo no había el marco legal que ahora tenemos. Hoy para cada etapa se necesita licencia ambiental.

¿Qué tan factible fue para las autoridades evaluar un proyecto que plantea una nueva tecnología, si el país no tiene la experiencia en ello?
La evaluación del yacimiento se hace por medio de la certificación de reservas. La Ley de Minería señala que hay que entrar a la negociación con reservas certificadas. Ningún país puede certificarse las reservas. Para ingresar a la bolsa, Ecuacorriente certificó bajo la norma internacional 43111.

¿Cómo controlará la Agencia?
Una vez firmado el contrato, se tomará unos tres años en la construcción y desarrollo de la mina. En el país no hemos tenido una gran minería técnica. Estamos empezando, pero lo bueno es que hoy, a base de experiencias de otros países y de las malas que ha habido en el Ecuador con la pequeña minería y la artesanal, se cuenta con un marco legal que asegura, en lo ambiental y en lo técnico, que el aprovechamiento de este yacimiento sea sostenible y sustentable.

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¿Pero cómo harán el control?
La Agencia tiene casi tres años para prepararse. Sus cuadros serán multidisciplinarios: desde ingenieros en minas, geólogos, metalurgistas, economistas, abogados.