ONGs advierten a la CIDH sobre intentos "disfrazados" de limitar su autonomía

EFE
WASHINGTON.- Una coalición que agrupa a más de 700 organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica advirtió hoy a la CIDH sobre el lenguaje "disfrazado" de las recomendaciones del grupo de trabajo creado por la OEA para reformar el organismo.

En una sesión plenaria con los siete comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las organizaciones denunciaron que esas recomendaciones buscan limitar la autonomía del organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las duras decisiones que la CIDH ha emitido en los últimos años sobre los Gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Brasil son las que han motivado algunas de las recomendaciones que el grupo de trabajo conformado por Estados del continente presentó ante la OEA a finales de enero, afirmaron los activistas.

"Los mismos patrones que han guiado recientes violaciones de derechos humanos en la región son los que han llevado a diversos Gobiernos del continente a buscar la manera de impedir que la Comisión realice su labor", afirmó Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) de México.

Esos Estados "utilizan un lenguaje disfrazado, afirmando que las propuestas que impulsan van referidas a mejorar el funcionamiento del Sistema Interamericano, cuando en realidad quieren limitarlo", añadió Brewer, que habló en nombre de las 700 ONG que forman la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas.

Los comisionados prometieron tomar en cuenta el punto de vista de las ONG en su proceso de evaluación de las recomendaciones, aprobadas en el Consejo Permanente de la OEA del 25 de enero, pero que no tienen un carácter vinculante, por lo que la CIDH debe decidir si las adopta o no.

Las organizaciones se mostraron especialmente preocupadas por la recomendación que aboga por equilibrar el presupuesto de la CIDH, ante el temor de que las relatorías más críticas y que cuentan con más dinero, como la de la Libertad de Expresión, reciban menos recursos.

Esa Relatoría para la Libertad de Expresión ha sido muy crítica con la situación de la prensa en varios países, entre ellos Ecuador, donde condenó abiertamente el proceso iniciado y posteriormente descartado por el presidente Rafael Correa contra el Diario EL UNIVERSO por supuestas injurias.

"Reafirmamos nuestro rechazo a cualquier iniciativa que suponga limitar la labor de esa relatoría, cuyo trabajo es imprescindible y está directamente relacionado con la protección del resto de derechos humanos", apuntó Carlos Correa, de la ONG venezolana Espacio Público.

Otra recomendación criticada fue la que aconseja que la CIDH consulte al Estado en cuestión antes de emitir medidas cautelares, un instrumento al que el organismo recurre en ocasiones para proteger a ciudadanos particulares en situaciones de riesgo.

Según advirtió Camilo Mejía, de la Comisión Colombiana de Juristas, el retraso adicional que generaría esa consulta al Estado es un intento de "hacer engorroso un trámite que debe ser sencillo".

"Las medidas cautelares tienen el efecto de neutralizar las amenazas inminentes, y el retraso en emitirlas puede poner en peligro las vidas de los afectados", advirtió Mejía.

La magistrada Tirza Flores Lanza, de la Asociación de Jueces para la Democracia de Honduras, condenó por su parte la propuesta de que el capítulo cuarto del informe anual de la CIDH, que menciona a los países del continente donde hay mayores restricciones a los derechos humanos, se convierta en un "capítulo de análisis" de cada país.

Además, las organizaciones denunciaron el incumplimiento por parte de algunos Estados de los procesos de solución amistosa, y presentaron la recomendación, por su parte, de reemplazarlo por una "solución cerrada" en los casos de esos países.

Frente la lentitud a la hora de procesar las demandas presentadas ante la CIDH, debido a los escasos recursos financieros del organismo, los activistas recomendaron privilegiar los casos a los que sólo puede dar respuesta la Comisión o en los que es el último recurso.