PATRICIA VILLARRUEL
MADRID.- En Ecuador no existen acuerdos que permitan la internacionalización de las deudas ni la jurisdicción nacional contempla que aquellas contraídas en el extranjero por un ecuatoriano se cancelen con sus bienes en el país.

Los inmigrantes creen que esto es insuficiente y esperan que la Asamblea Nacional apruebe el Proyecto de Ley de Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, contra el fraude hipotecario cometido en España que incluye una cláusula para evitar el cobro de esos créditos.

El congresista Gerónimo Yantalema, miembro de la bancada Progresista Plurinacional, presentará la propuesta por segunda ocasión (la primera fue devuelta por contener falencias de forma).

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Esta aspiración motivó la manifestación de la tarde de ayer frente a la Embajada en Madrid convocada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee).

Aminta Buenaño, número uno de la representación diplomática, recibió a una delegación del centenar de activistas que acudieron a la convocatoria liderados por Aída Quinatoa, presidenta de la Conadee.

La ex asambleísta se comprometió a trasladar la petición al secretario general de la Asamblea Nacional, Andrés Segovia, para que tramite el texto sin más dilaciones. Esta no es, sin embargo, la única opción que baraja la Embajada para blindar a los ecuatorianos.

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Una comisión de la Cancillería que, de febrero a julio, estudiará la dimensión de la problemática hipotecaria analiza la posibilidad de sacar adelante acciones de carácter administrativo en instituciones del Estado. Es decir, posibles resoluciones de la Superintendencia de Bancos, Junta Bancaria o consultas al Procurador que sean alternativas a la emisión de la ley para evitar que se vea afectado el patrimonio de los migrantes en Ecuador por fallos emitidos en el exterior.

El temor entre el colectivo surgió tras la decisión del Banco Pichincha España de comprar créditos a otras entidades del país europeo como parte de su estrategia de crecimiento en número de oficinas, clientes y tamaño de negocio. La institución efectuó dos operaciones de estas características. En la primera adquirió 572 préstamos de consumo a Bankia por un volumen de 7,2 millones de dólares.

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La segunda, en octubre pasado, incluyó una cartera de 292 créditos hipotecarios (apenas el 14 por ciento de los titulares son ecuatorianos) por un monto superior a los USD 69,7 millones. Banco Pichincha ha negado de manera rotunda que su interés sea el de cobrar una deuda adquirida en España con bienes en Ecuador. Entidades como la Conadee piensan lo contrario. Hasta el canciller Ricardo Patiño desacreditó la operación.

Entre el 23 de febrero y el 7 de marzo, dos auditores de la Superintendencia de Bancos de Ecuador, tras recibir la autorización del Banco de España, analizaron toda la documentación sobre las negociaciones. El informe aún no se ha hecho público pero según pudo conocer este Diario no se encontraron irregularidades. "La operación cumplió con todas las disposiciones y normativas que establece la legislación española", señalaron las fuentes consultadas.