Con una acción de Amparo Constitucional, presentada en el mes de enero, 25 dirigentes comunitarios del cantón azuayo Santa Isabel pretenden que su derecho a elegir libremente a sus autoridades se restituya.

El alcalde Rodrigo Quezada (Movimiento Popular Democrático), electo por votación popular en el 2009, fue sacado por la policía el 23 de enero del 2012 y desde entonces concejales del movimiento de gobierno Alianza PAIS ocupan el edificio municipal.

La audiencia en la que los integrantes de la Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia debían conocer esta acción judicial, prevista para las 10:00 de este lunes, se suspendió. En esos momentos, un funcionario del Consejo de la Judicatura informó verbalmente que el conjuez Marcelo Flores renunció a su cargo.

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Ante esta situación y “porque la administración de justicia incumple el requisito principal de ser ágil y oportuna y por encontrar que existe falta de imparcialidad acudiremos a la Corte Internacional de Derechos Humanos”, aseguró Edgar Aucapiña, uno de los afectados.

Rodrigo Quezada, el alcalde destituido, respaldó esta afirmación con el argumento de que su destitución obedece a los intereses políticos del movimiento de gobierno, que sin un debido proceso, como la convocatoria de una consulta para revocar su mandato, fue sacado por la fuerza, de sus funciones.

“Hasta ahora policías y militares permanecen en la puerta de ingreso a la Municipalidad, piden cédulas de identidad al que ingresa y de esa manera respaldan un proceso inconstitucional”, dijo Quezada.

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Ahora, se deberá esperar a una nueva fecha para que se ejecute la audiencia, con la que los jueces correspondientes determinarán si la forma en la que fue destituido el alcalde siguió el proceso que determina la Constitución de la República.

Al momento, Miriam Guartán (PAIS) ejerce las funciones como Alcaldesa de Santa Isabel.