Artesanos buscan rebajas de penas por no afiliación

Las reformas al Código Penal y a la Ley de Seguridad Social que analiza la Asamblea Nacional y en las que se debe tipificar como infracción penal la no afiliación de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, preocupa a los artesanos de Guayas.

En este momento, en la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores hay cuatro proyectos cuyas sanciones establecen penas de entre 8 días y dos años; y multas de hasta cien salarios básicos, lo que equivale a $ 29.200.

Los textos fueron presentados por los asambleístas Nivea Vélez, Mary Verduga, Carlos Samaniego y Silvia Salgado, en la comisión, que tiene plazo hasta el 17 de este mes para hacer un informe del tema.

Para Luis Sánchez, presidente de la Federación de Artesanos Profesionales del Guayas, aplicar sanciones rígidas originarán el cierre progresivo de negocios, despido masivo de personas y la muerte del sector, pues aseguró que la actividad artesanal no genera suficientes utilidades económicas, por lo que resulta vulnerable.

Sánchez dijo no estar en contra de la afiliación, pero cree que se debe tomar en cuenta la realidad del gremio, pues solo el 60% de los artesanos han afiliado parcialmente a sus trabajadores y el 40% a ninguno de sus empleados.

Por ello, plantea la creación de un seguro diferenciado que permita un aporte de entre $ 15 y $ 20 mensuales. “Proponemos también que la pena sea de siete a quince días con fianza y una multa de un salario básico ($ 292)”, manifestó.

El vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores, Carlos Samaniego, recogió las preocupaciones y propuestas de los artesanos en un taller realizado en Guayaquil el sábado pasado.

El legislador coincidió con los artesanos en flexibilizar las penas, pero apuesta por la creación de un seguro especial que permita a los artesanos, minoristas, comerciantes autónomos, entre otros, pagar el 50% del aporte mensual de los empleados, es decir unos $ 28, en el caso de un salario básico.

“No podemos dejar de aplicar la penalización porque es un mandato popular que se aprobó en (la consulta de) mayo del 2011 (...). Mi propuesta indica una pena de entre 8 y 15 días de prisión sujeto a fianza”, dijo.