La Asamblea Nacional discute nuevas opciones para intentar destrabar el debate de la Ley de Recursos Hídricos (de Aguas).

En el marco del anuncio de una movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en reclamo a la aprobación de esta norma, el presidente del Legislativo, el oficialista Fernando Cordero, propondrá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que apruebe un reglamento de procedimiento para la consulta prelegislativa a las comunidades involucradas en ese tema.

Esto porque las reformas a la Ley de la Función Legislativa, que incluyen las reglas de esta consulta, no pueden ser publicadas en el Registro Oficial por las medidas cautelares dictadas por la Corte Constitucional (CC), dentro de la demanda de inconstitucionalidad planteada por el presidente Rafael Correa a un artículo de esta ley.

La asambleísta Silvia Salgado (del afín Partido Socialista) confirmó que hace unos días se reunió con Cordero y representantes del bloque de AP, y que como premisa se estableció que las leyes de Aguas y de Cultura no pueden depender de la resolución de la Corte. Si hasta marzo no hay pronunciamiento de la Corte, el presidente de la Asamblea impulsará la aprobación del reglamento.

Y este solo sería para operativizar la consulta al dictamen de la Corte, que estableció cuatro fases: convocatoria pública, de registro, información y ejecución, y análisis de resultados y cierre del proceso. Quedarían de lado temas como el financiamiento.

Marisol Peñafiel (AP) dijo que esta ley es parte de la agenda del oficialismo y que solo con su vigencia, al igual que la de Tierras se puede hablar de una radicalización de la revolución.

No obstante, esta posibilidad no es conocida por todo los legisladores de AP. Jaime Abril señaló que la posibilidad de que el CAL elabore el reglamento aún no se ha analizado en el interior del bloque y que primero habrá que esperar el pronunciamiento de la Corte.

Diana Atamaint (Pachakutik), quien participó el día anterior del anuncio de movilizaciones, aseguró que tampoco conoce esa iniciativa, por lo que sugirió que se las socialice con otras bancadas y con las organizaciones campesinas.

Precisó que la Asamblea está en deuda con el país al no cumplir con la aprobación, entre otras, de esta ley y subrayó que uno de los responsables es el jefe de Estado al intervenir en el Legislativo con la presentación de la demanda de inconstitucionalidad.

Para Abril, es la Conaie la que está en deuda con sus bases al insistir en manejar ellos la rectoría del agua y que eso impidió su aprobación desde mayo del 2010. Él considera que en un par de meses se podrá iniciar la consulta prelegislativa en las comunidades. Salgado coincide que ese tiempo y que máximo en julio la norma debería ser aprobada por la Asamblea.