En el desarrollo de la vida nacional –reconociendo la posibilidad de satisfacción parcial de ciertas necesidades básicas de las grandes mayorías–, es indudable que se ha generado una polarización de posiciones a favor y en contra de nuestro gobernante. En medio de este fenómeno social, a muchos se nos entrecruzan interrogantes con relación al futuro, pues el trabajo y la búsqueda del bienestar no se efectúan en las mejores condiciones cuando existe un ambiente de intranquilidad.

No es exagerado sostener que el grado de beligerancia y confrontación, que nos impide acercar posiciones, hoy como nunca antes, nos ha puesto en la lupa del escrutinio internacional. Se han expresado duras críticas por la falta de aplicación del concepto democrático de participación plural y de la separación –efectiva– de las funciones del Estado. En este contexto se acusa además la falta de independencia de la Función Judicial y de confiabilidad para solucionar los litigios.

En circunstancias tales, debemos aceptar que no es posible cumplir un plan de vida racionalmente entendido y eso no debería ser soslayado por nuestros gobernantes, líderes y la ciudadanía toda.

En nombre del respeto que nos debemos las personas, a nuestras concepciones y decisiones, debe tomarse la iniciativa de una tregua. Es la primera fase de la búsqueda del entendimiento, pues como decía el maestro Francesco Carnelutti en su monografía Las miserias del Proceso Penal, “…el respeto no hace desaparecer la indivisión; y esta es la que hay que superar”. Es necesario entonces, que el presidente elabore y difunda un mensaje de prudencia y tolerancia para sus cercanos y para la ciudadanía toda.

Cuando me refiero al respeto, incluyo al que merecemos los guayaquileños y nuestras autoridades elegidas con votación mayoritaria; así como a las decisiones que recogen el sentimiento de gratitud para quienes han servido a la ciudad.

El caso del monumento al Ing. León Febres-Cordero, estimo que está siendo indebidamente utilizado para confrontar y medir fuerzas en la arena política, bajo el pretexto de proteger el entorno visual del barrio de Las Peñas. La innecesaria disputa se circunscribiría a unos pocos metros, cercanos al Fortín de la Planchada, que tiene un nivel superior.

Para ello se ha utilizado la Función Judicial que tiene tareas urgentes y no debe ser distraída de ellas con artificiosas acciones de protección en favor de supuestos colectivos afectados con la eventual ubicación del indicado monumento. En esa intervención se distorsionan las formas necesarias en la administración de justicia, que obligan a utilizar las instalaciones propias de la Función Judicial y no los cuarteles. Los jueces deben escuchar a las partes y juzgarlas en sus despachos y salas de audiencias asignadas; y si fuere necesario, solicitar las seguridades del resguardo policial.

En relación a lo anterior hay que señalar que no le hace bien a la paz ni a la imagen del gobernador, que este se involucre en asuntos más identificados con las barras bravas de los equipos de fútbol y lo alejan de objetivos que reclaman su liderazgo, como es el caso del control de la delincuencia urbana y rural. Así se ayudaría a construir un mensaje de respeto, necesario para él y para la ciudadanía. Me parece.