Reflexiones y propuestas |
Se restringe la libertad de expresión
Las libertades de expresión y de prensa sufren ataques y limitaciones de diversa naturaleza. El presidente en sus discursos y en las comparecencias radiales y televisivas de los sábados y la oficina de propaganda del Gobierno en difamadoras cadenas de televisión, tan numerosas que llegan a interrumpir programas noticiosos, obsesivamente desacreditan a los medios de comunicación independientes, a los que el presidente suele calificar, sin identificarlos, como “prensa corrupta” y a sus periodistas como “sicarios de tinta”. A través de diversos arbitrios el Gobierno ha conformado un conglomerado de 16 periódicos, revistas, radios y televisoras –la mayor parte incautados–, a los que se ha convertido en órganos de propaganda que no aceptan rectificaciones y otorgan un acceso privilegiado a los funcionarios del régimen. Tres periodistas críticos del Gobierno fueron forzados a renunciar, a un número similar el presidente ha demandado por daño moral exigiéndoles el pago de decenas de millones de dólares y uno ha debido exiliarse para evitar la cárcel. Han sido enjuiciados, investigados o procesados los diarios La Hora y Hoy, la revista Vistazo, siete radios y varias veces la televisora Teleamazonas.
Las millonarias demandas por daño moral que el presidente sigue a EL UNIVERSO y a varios periodistas, en razón de su carácter intimidatorio, buscan provocar la autocensura en los medios independientes que todavía quedan. El “delito” en el que han incurrido sus directivos es no haber censurado un artículo de prensa publicado en la página editorial. Alcanzará aquel propósito si consigue que los hermanos Pérez vayan a la cárcel y que el diario guayaquileño cierre sus puertas, atosigado por la millonaria indemnización, o que pase a engrosar el imperio de medios oficiales. El mensaje que con estos abusos de poder ha enviado a los propietarios de los medios de comunicación privados es claro: para evitar igual destino no deben publicar noticias y editoriales que puedan molestar al presidente. Si consigue su propósito desaparecerá el derecho de los ecuatorianos a expresar su pensamiento en libertad y la única verdad que conocerá el Ecuador será la “verdad” oficial, definida por los inescrupulosos jefes de propaganda del Gobierno. Como el proyecto de Ley de Comunicación se encuentra entrampado en la Asamblea Nacional, la autocensura podría suplir la falta del instrumento legal persecutor de la libre expresión que el Gobierno tanto se ha empeñado en obtener.
No se respeta el pluralismo y los disensos
El Gobierno, mediante toda clase de medios, busca eliminar el pluralismo político a fin de que los protegidos y amigos del presidente y los miembros de Alianza PAIS controlen los diferentes órganos del Estado, no puedan expresar sus opiniones opositores y críticos y tampoco expresarse la protesta social. La gente del Gobierno paulatinamente ha ido copando las funciones y dignidades que cuentan en la vida pública, no teniendo ninguna posibilidad de acceder a ellas otros movimientos políticos, ni siquiera a las de la Asamblea Nacional, del Consejo Electoral, del Tribunal Constitucional, de las superintendencias y de otros órganos de control, todos los cuales funcionan bajo la batuta del presidente.
Fue eliminado el reconocimiento jurídico de los partidos formados en el presente periodo democrático y mediante una nueva ley se han establecido altas barreras para dificultar la conformación de nuevas organizaciones políticas. La protesta social ha sido criminalizada a través de juicios penales por sabotaje y terrorismo, a los que están sometidos 189 dirigentes sociales, en su mayor parte indígenas. El presidente ha expedido decretos ejecutivos que permiten controlar las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil, regular sus ámbitos de actividad y limitar el acceso a la cooperación internacional. Ha propiciado la división del movimiento indígena, persiguiendo y cooptando a sus dirigentes mediante la entrega de funciones públicas y asignaciones presupuestarias, privándole de sus representaciones en órganos del Estado y desacreditando a sus dirigentes, tarea en ocasiones desempeñada por el propio presidente Correa. En lugar de responder razonada y documentadamente a las observaciones o inculpaciones de críticos y opositores –políticos, periodistas, dirigentes sociales, líderes religiosos y empresarios– se los descalifica personalmente mediante maliciosas cadenas de radio y televisión, llegando algunos a sufrir retaliaciones ejecutadas por fiscales, jueces y funcionarios de los entes públicos, particularmente del servicio de rentas.
Presidente, ministros y funcionarios no rinden cuentas
En el sistema democrático, y más en una democracia que la Constitución, el presidente y sus seguidores califican de participativa, el Gobierno está obligado a dar cuenta de sus actos. Pero resulta que presidente, ministros y altos funcionarios no rinden cuentas de sus acciones a la ciudadanía, cuando son requeridos por la Asamblea Nacional integrada por los representantes del pueblo, ni siquiera a Alianza PAIS el partido del que forman parte. Tampoco atienden las peticiones informativas de los legisladores o entrevistas requeridas por la prensa, cuando están de por medio asuntos controversiales que desean silenciar sacándolos del debate público y echándoles tierra. La Asamblea no fiscaliza, la Fiscalía y la Contraloría no investigan los actos de corrupción, las superintendencias complacen las órdenes presidenciales y, violando la Ley de Transparencia, las autoridades no informan cuando son requeridas. Se han convertido en secreto de Estado los contratos de deuda externa, de compra de armas e incluso de publicidad, como fue el caso de la que el Gobierno transmitió durante el Campeonato Mundial de Fútbol, dirigida a desacreditar a los medios de comunicación. Mediante ilegales decretos de emergencia expedidos por el presidente, se burla la obligación legal de someter a licitación los contratos de obras públicas y de adquisiciones de bienes, que suman miles de millones de dólares.
La alternancia política se halla limitada
En contra de la tradición ecuatoriana la Asamblea Constituyente autorizó la reelección inmediata del presidente de la República y, para beneficiar a Correa, resolvió que su primera elección no fuera tenida en cuenta a fin de que pudiera ser reelegido una vez más, en contra de lo dispuesto en la Constitución. Su obsesión por silenciar a la prensa y controlar todos los órganos del Estado, incluso las actividades privadas, entraña el antidemocrático propósito de acorralar a sus adversarios y reducirlos a extrema debilidad, para que no estén en condiciones de disputarle la presidencia en las próximas elecciones. En vista de estos antecedentes no debería llamar la atención que, en el caso de que Correa fuera reelegido el año 2013, se llame a un referéndum para reformar la Constitución a fin de que en el futuro pueda ser reelegido indefinidamente.
Carácter del Gobierno ecuatoriano
¿Cómo calificar a un gobierno de esta naturaleza?
Si contrastamos los ocho elementos antes señalados que definen a un sistema político como democrático, con la forma en que operan las instituciones democráticas en el gobierno de Rafael Correa, en la democracia ecuatoriana estaría presente solamente uno de ellos. El presidente fue elegido por el voto de los ciudadanos y ha ganado sucesivas elecciones y consultas populares, algunas ampliamente, aunque con los vicios anotados. Pero, en cambio, ejerce un poder absoluto, sin los pesos y contrapesos propios de la democracia, al estilo de lo que ocurrió en el Ecuador y en América Latina con las dictaduras caudillistas del siglo XIX. A similar conclusión puede llegarse si se aplican los requisitos que, según la Carta Democrática Interamericana, deben llenar las democracias de la región.
¿Cómo ha sido posible que en América Latina la democracia sea abatida cuando reina en casi todos los países del mundo y las pocas dictaduras que todavía quedan se baten en retirada?
Tamaña anomalía se debe a que los autócratas latinoamericanos del siglo XXI han inventado una imaginativa forma de golpe de Estado, sin la intervención de los caudillos militares de antaño que mediante las armas tomaban el poder, deponían al presidente constitucional y gobernaban por decreto. Hoy los golpes de Estado son dados por presidentes civiles elegidos por el pueblo, que desconocen el orden constitucional bajo el que fueron designados y expiden constituciones que les permite controlar todos los órganos del Estado, con el propósito de permanecer en el gobierno indefinidamente. Mediante la manipulación de la opinión pública, la organización de procesos electorales amañados y el uso de un ropaje democrático, encubren la dictadura que encabezan, eluden el escrutinio de la comunidad internacional y logran engañar a los incautos.
Muchas gracias.
*Encuentre en nuestro sitio web www.eluniverso.com las tres entregas de la ponencia presentada en la conferencia internacional realizada en Quito en septiembre pasado, por la Universidad de las Américas y la Red del Foro de Biarritz, titulada América Latina: dos modelos, una sola región, y publicada en el libro del mismo nombre.