En el 2011, el Gobierno Nacional despidió a cerca de 2.700 empleados públicos y en lo que va de este año, a otros 900.

La meta es desvincular a 4.000 funcionarios hasta finales del 2012, con base en el Decreto Ejecutivo 813, que reformó un reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público.

La modificación introdujo la figura de ‘compra de renuncia obligatoria con indemnización’, que no constaba en dicha normativa legal, según los detractores del decreto.

Las notificaciones que reparte el Ministerio de Relaciones Laborales continúan, pese a que hay tres demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional: del Movimiento Popular Democrático (MPD), la Asociación de Servidores Públicos Aduaneros del Ecuador y de la Federación Nacional de Servidores Públicos.

El recurso lo interpusieron en julio del 2011 y el trámite todavía no finaliza, pese a que ya hubo la audiencia sobre el tema, el pasado 14 de diciembre.

La causa la maneja el juez Roberto Bhrunis, quien en su informe recomendó el archivo. Pero el pleno de la CC le devolvió el borrador porque la argumentación no estaba clara.

Ahora la Corte baraja declarar que la figura de ‘compra de renuncia obligatoria con indemnización’ no es un asunto constitucional, lo cual, a decir del director del MPD, Luis Villacís, es una mera salida para no pronunciarse sobre el tema.

El dirigente cree que esto evidenciará que el organismo es obsecuente con el régimen.