Nueva Corte Nacional de Justicia se estrenó con fallo a favor de Rafael

Discúlpeme, no tengo nada yo que responder”. La voz que contesta con enfado al otro lado del teléfono, y que cuelga enseguida, corresponde al juez de la Sala Penal única de la Corte Nacional de Justicia, Paúl Íñiguez Ríos, a quien este Diario intentó entrevistar sobre la sentencia contra EL UNIVERSO.

Varios minutos antes, la mañana del viernes, su colega, Jorge Blum Carcelén, también se había excusado: “discúlpeme, pero paso”. Y ya en la tarde, Greta Lima, la asistente del juez Wilson Merino Sánchez, quien completa el trío judicial, recalcó: “Eso no. Eso ya me dijo, está prohibido total y absolutamente”.

El silencio ante la prensa por el caso EL UNIVERSO no ha sido la única coincidencia entre estos jueces que integran la nueva Corte de Justicia, una corte que se reestructuró con base en un concurso del que se enorgullece el presidente Correa.

La madrugada del jueves, los jueces también coincidieron al ratificar “por unanimidad” la sentencia de prisión de tres años para los directivos de este Diario, además de una multa de $ 40 millones, por el artículo de opinión ‘No a las mentiras’, publicado por el exarticulista Emilio Palacio, el 6 de febrero.

Con su dictamen, que le otorga decenas de millones al presidente, los tres jueces se convirtieron en protagonistas de una noticia que ha causado conmoción mundial, aunque de ellos era poco lo que se conocía antes de que ratificaran la sentencia.

La misma Corte Nacional de Justicia (CNJ), en su sitio en internet, reseña escuetamente la trayectoria de los tres jueces.

Sobre el juez Wilson Merino, la CNJ dice poco. Apenas que nació en Santa Rosa, El Oro, y que se graduó de doctor en Jurisprudencia en la Universidad Católica de Cuenca. Sobre su experiencia laboral, la CNJ señala que Merino ha sido fiscal de El Oro y que como abogado también se ha dedicado al libre ejercicio profesional.

En el resumen de su hoja de vida no se resalta, por ejemplo, que Merino fue designado “Hijo Ilustre” de Santa Rosa en septiembre del 2009 como “reconocimiento a su trayectoria profesional y en servicio de la comunidad santarroseña, orense y ecuatoriana”, ni que participó como candidato a Defensor del Pueblo a mediados del año pasado. En esta selección, Merino quedó descalificado, porque no cumplió algunos requisitos.

Según información del Consejo de Participación y Control Social, el juez Merino no cumplía con lo que dispone el artículo 232 de la Constitución: “no podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos..., quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser controladas o reguladas o representen a terceros que los tengan”.

Merino tampoco presentó al menos nueve documentos, entre ellos que acrediten haber ejercido su cargo con idoneidad, su declaración de bienes “de acuerdo al formato único” o el certificado del Instituto de Compras Públicas de no tener contratos con el Estado.

Según información de la Función Judicial, Merino también enfrentaba desde noviembre pasado un juicio por alimentos que le había iniciado su cónyuge, Nancy Jaramillo González.

Dentro del proceso legal, se tenían previstas diligencias para los meses de mayo y junio próximos, sin embargo, el jueves de la semana pasada –el mismo día en que se conoció que Merino era uno de los magistrados que debía tratar el caso de EL UNIVERSO– una providencia del juez encargado del juicio de alimentos en contra de Merino, señalaba que la esposa de este había desistido de su demanda.

La Corte Nacional de Justicia tampoco presenta la trayectoria completa del magistrado Paúl Íñiguez, otro de los jueces que hacía equipo con Merino y Blum. La CNJ señala que Íñiguez nació en Gualaceo, Azuay, y se graduó de doctor en Jurisprudencia en la Universidad Estatal de Cuenca. Además, que ha sido juez de lo civil y ha ocupado cargos en el Banco Nacional de Fomento, en el Municipio de Gualaceo, en el Consejo de Participación Ciudadana y en la Asamblea Constituyente.

En esta última entidad, Íñiguez se desempeñó –entre enero y julio del 2008– como asesor (Alberto Acosta era su jefe inmediato). También ocupó cargos de asesor de los asambleístas de Alianza PAIS, Linda Machuca y Vethowen Chica Arévalo.

En el 2010, Íñiguez pasó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como coordinador general, luego como coordinador de relaciones internacionales, función en la que realizó viajes al exterior y que asumió hasta que resultó elegido juez nacional.

Según información de la Función Judicial, en octubre del año pasado, Íñiguez ganó una demanda que había interpuesto contra Luis Guamantari Criollo y Rosa Elvira Angamarca Tigre, coterráneos del juez en Gualaceo. Con la sentencia favorable, el juez lograría recuperar unos $ 4 mil que él les había prestado con el 10% de interés anual. Los demandados apelaron el fallo alegando “rebeldía” de parte de Íñiguez para llegar a un acuerdo, pues no acudió a la junta de conciliación en junio del 2010.

Sobre el juez Blum, la CNJ apenas señala que se graduó en la Universidad de Guayaquil como doctor en Jurisprudencia y que ha ocupado cargos en la Comisión de Tránsito del Guayas, en la Fiscalía del Guayas y en las cortes de justicia del país.

El viernes pasado, cuando no aceptó una entrevista, se le intentaba consultar sobre su trayectoria, pero también sobre los vínculos que algunos de sus familiares han tenido con el actual régimen. Un hijo del juez Blum, Pablo, ingresó en el 2009 al Ministerio de Salud Pública y su madre, Lucía Carcelén, preside la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, que se cofinancia con los recursos que le entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) por la atención que dan a pacientes. El juez Blum y su padre también figuran como asesores jurídicos de la fundación renal, según su sitio en internet.

Los jueces Merino, Blum e Íñiguez, protagonistas de la sentencia contra EL UNIVERSO, asumieron sus funciones el pasado 26 de enero. El presidente Rafael Correa les tomó juramento junto a otros 18 jueces que completaban la plantilla de magistrados. Ese día les dijo: “No se trata de un simple cambio de actores, sino de un verdadero cambio profundo, radical en la administración de justicia que implica cambios en las relaciones de poder. Liberar a la justicia de los poderes que la tenían sometida, poderes económicos, políticos, informativos”.

Dos semanas después, los nuevos magistrados ya habían sorteado a quién le correspondía tratar el juicio de mayor interés para el presidente. Incluso, el viernes 10 de febrero, el mismo día en que Correa pidió que el caso se resuelva “lo más pronto posible”, los jueces actuaron en consecuencia y fijaron la audiencia de casación o de última instancia cuatro días después.

Correa también había dicho que los jueces solo tenían que revisar 17 páginas y no todo el expediente, compuesto por más de 8 mil fojas. Por ello, el mismo día de la audiencia, el 15 de febrero, a través de su cuenta en Twitter, pidió: “Todos a la Corte Nacional a hacer vigilia para que el caso concluya hoy”.

Tal como él lo pidió, el caso concluyó en la misma jornada. Los gallos recién habían cantado, pasada la medianoche, cuando el juez Merino con solemnidad anunció la decisión favorable para el presidente.

El juicio contra EL UNIVERSO llegó a manos de la Corte Nacional de Justicia como última instancia para definir la aplicación de la sentencia. Antes, el 16 de septiembre, la segunda Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas había negado el pedido de nulidad del caso solicitado por la defensa del matutino.

La decisión se tomó con los votos favorables de los jueces Henry Morán y Hellen Mantilla. El tercer jurista, Guillermo Freire, no compartió el criterio legal: declaró inocentes del delito de injurias a los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos de EL UNIVERSO, y no encontró responsabilidad solidaria de la compañía que dirigen. Sí consideró culpable a Emilio Palacio, pero con menor condena.

El juez Henry Morán integró la sala en reemplazo de Stevie Gamboa, quien se excusó de tratar el caso ante críticas por su amistad con Alembert Vera, abogado del presidente. En cambio, Hellen Mantilla sustituyó al juez Héctor Cabezas.

Cuando Mantilla sustentó la audiencia tenía a dos hijas laborando en el actual Gobierno. Una de ellas, Catherine Infantes, se desempeñaba como directora de Desarrollo Tecnológico del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual en Quito, mientras que su hermana, Andrea Infantes, tenía el cargo de especialista 1 de Auditoría Tributaria en el Servicio de Rentas Internas en Guayaquil.

Antes, la misma sala había cambiado varias veces la fecha de la audiencia, prevista inicialmente para el 25 de agosto, pero postergada, porque el mandatario gozaba de vacaciones en Bélgica. El día en que finalmente se realizó, el 16 de septiembre, se hizo a pedido del presidente. Un día anterior –cuando los abogados aún no habían sido notificados– él ya lo anunciaba en su cuenta de Twitter: “Han puesto audiencia caso Diario El Universo para mañana viernes, así que a prepararse para otra saga de Chucky 7, Martes 13, etc...”.

La saga de Chucky Seven, a la que se refiere Rafael Correa, está relacionada con la primera sentencia que dictó Juan Aurelio Paredes Fernández, juez temporal décimo quinto del Guayas el 19 de julio del año pasado. Esta sentencia, que favorece al presidente, es la misma que se ratificó el miércoles de esta semana en Quito y con la que se estrenó también la Nueva Corte Nacional de Justicia.