El asambleísta César Montúfar, (CND) quien ha denunciado en la Fiscalía del Guayas al juez temporal Juan Paredes y a Gutemberg Vera, abogado del presidente Rafael Correa en el juicio contra este Diario y sus directivos, por falsedad ideológica, asegura que las pruebas presentadas tienen una sólida base científica y que lo actuado en el caso EL UNIVERSO “es una injusticia tan descarada que es insostenible”. Advierte incluso que Vera está aterrado ante la posibilidad de que esta investigación siga.

¿Qué cree que pasará con su denuncia de falsedad ideológica luego de que la Corte ratificó la sentencia contra este Diario?
Si se analizan imparcial y científicamente las pruebas que he presentado y las del técnico y exfuncionario del Consejo de la Judicatura (Jaime Martínez) no cabe la menor duda de que Gutemberg Vera es el autor de la sentencia que fue firmada por el juez Paredes.

¿En qué sustenta su confianza de que esas pruebas serán suficientes?
Presenté una copia del disco duro que fue clonado del Juzgado Decimoquinto de Garantías Penales donde se dictó sentencia en contra de Diario EL UNIVERSO y una copia del archivo del Juzgado Segundo de lo Penal del Guayas, en el que Gutemberg Vera, como conjuez, dictó sentencia en un tema aduanero, en agosto del 2011. El análisis forense del técnico Frank López comprobó que ambos archivos fueron escritos en la misma computadora, la cual no es de ningún Juzgado de la Corte del Guayas. Pedí al fiscal que ordene la clonación del disco duro donde Vera emitió esa sentencia (en tema aduanero) para que se pueda hacer un análisis de los dos archivos.

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¿Ha recibido respuesta del fiscal Antonio Gagliardo?
Ninguna. He insistido en dos ocasiones pidiéndole que haga esta diligencia. Iré a Guayaquil el miércoles para insistir en el tema. Aquí no solo estamos investigando si hubo falsedad ideológica, sino que habría también falsificación de documento público y asociación ilícita entre un abogado y un juez que se reúnen para producir una sentencia. Y hay que conocer si el presidente sabía.

La jueza Mónica Encalada denunció que el juez Paredes no habría realizado la sentencia, sino Gutemberg Vera. ¿Esto será incorporado al proceso?
Entiendo que Encalada es parte del proceso porque fue llamada a dar su declaración el 28 de febrero. De todas formas no tengo problema en incorporar eso como una prueba.

El fiscal Gagliardo ha dicho que no es válida la declaración enviada por carta por la jueza Encalada. ¿Puede el fiscal invalidar un testimonio que se dio en esas condiciones?
Lo que dijo Mónica Encalada, procesalmente, es de extrema relevancia porque fue la jueza a cargo del juicio hasta que asumiera el juez Paredes. Además, en mi caso corrobora lo que denuncié. La Fiscalía tiene la obligación de dar garantías y hay muchas formas en que se puede proteger a un testigo.

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¿Cuál es la expectativa real de esta investigación que lleva la Fiscalía en medio de un proceso de reestructuración judicial liderado por el Ejecutivo?
En los casos de Diario EL UNIVERSO y de los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita se ha cometido una injusticia tan atroz y descarada que es insostenible. El fiscal Gagliardo no puede negarse a mi petición. Si lo hace, hay que buscar espacios internacionales. Es importante que el asunto no muera como algo de interés público porque son casos que trascienden la particularidad de las querellas y atañen a dos problemas vitales para la institucionalidad democrática: la vigencia del derecho a la libertad de expresión y la independencia del sistema judicial. Ningún presidente del Ecuador ha hecho esto. Yo no tengo un buen concepto moral y político del presidente, pero pensé que podría decir ‘aquí hay una denuncia y por qué no aclaramos primero esto antes de ser beneficiario de una sentencia de $ 40 millones’.

¿Se buscaba acelerar la sentencia en la Corte Nacional?
Exacto. Para que no vaya a coincidir con este otro juicio y que en este ni siquiera se comience la instrucción fiscal. Luego de la actitud del presidente, no me cabe la menor duda de que esto no pudo realizarse sin el conocimiento de Correa. Por eso protege y seguirá protegiendo a Vera.

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Vera dijo que lo demandará pidiendo una pena de dos a tres años de prisión. ¿Qué pasó con esa demanda?
Hasta donde conozco no hay ninguna demanda en la Corte Nacional de Justicia. Pero a lo mejor está y no me han notificado. Esto prueba que están aterrados de que salga la verdad a la luz, que Gutemberg Vera se muere del miedo de que esta investigación se lleve a cabo y creo que también el presidente Correa, quien casi no topa el tema. Por eso van a presionar de todas las formas para que la Fiscalía no ordene la colocación de ese disco y no haga el análisis forense.

El mismo presidente Correa ha conminado a la gente a demandar a los medios por informaciones que consideren que afectan su honra, ¿el país se apresta a vivir un ambiente de confrontaciones con la prensa?
Quizá ese llamado estuvo dirigido a los ciudadanos, pero tenía una direccionalidad mucho más clara. Era un mensaje a sus ministros y a él mismo de que ‘miren, esta es una fuente fácil de enriquecimiento sobre todo cuando se controla la justicia’. Yo advierto que el próximo es diario El Comercio. La lógica del Gobierno es tomarse los diarios nacionales. Esto de la hoguera bárbara, de quién mató a Alfaro, es un preparativo. Hay que estar muy atentos.

¿Qué opciones quedan ante ese panorama?
Primero hay que comprender que este no es un problema personal de Correa. Es un proyecto de control de la comunicación con cuatro vertientes. El control de los medios a través de las incautaciones y de estos procesos judiciales; el uso indiscriminado de publicidad y propaganda del Gobierno; la judicialización de las posiciones discrepantes; y un sistema legal con una ley de participación ciudadana que obliga a los medios a rendir cuentas, una ley de control de mercado que es discriminatoria con los medios privados, el Código de la Democracia que limita la información en campañas electorales, las reformas al Código Penal que fortalecen la penalización a los llamados delitos de injuria y la Ley de Comunicación.

¿Hay posibilidades de neutralizar estas intenciones?
La esperanza y la voluntad de lucha es lo último que se pierde. Creo que la sociedad está arremetida, pues es escandaloso lo que está pasando. En las urnas va a venir el castigo a todas las arbitrariedades.

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Pero analistas señalan que la gente está tranquila con los bonos, a los servidores públicos le suben los sueldos periódicamente y la obra de infraestructura física mueve gran cantidad de dinero. Como el tema económico estaría solucionado, ¿estos temas no son de interés para la gente en general?
Hay todo eso. Pero también hay graves problemas en el país: inseguridad, falta de empleo, colapso en el sistema de salud pública, ineficiencia en el sistema educativo. Y algo adicional: los métodos de movilización, los repertorios de acción cambiaron porque una cosa es movilizarse cuando el régimen de una democracia muy limitada se derrumba. Por eso la gente se movilizó contra Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Lucio Gutiérrez. Y otra cosa es la instauración de un régimen autoritario. Pero estoy convencido de que la ciudadanía va a reaccionar. Los ecuatorianos no soportamos a un gobierno que quiera controlar nuestras libertades.

Con un Consejo Nacional Electoral que ha despertado tantas dudas por su integración, ¿considera que las urnas sí reflejarán ese rechazo?
La lucha democrática se la hace siempre en desventaja y habemos una generación de ciudadanos, políticos, activistas sociales, sindicalistas, que ya sabemos luchar en desventaja. Recuerde la consulta popular. Nos iban a ganar 7 a 1. La desventaja era tremenda. Tenían el CNE, Correa era sujeto político en la campaña sin presentar cuentas y utilizando toda la plata del Estado y con temas tan populares. Y el resultado fue 47% a 43%.

Perfil: César Montúfar Mancheno
EDAD
47 años

TÍTULOS
PHD en Ciencias Políticas en New School for Social Research en Nueva York, 1999. Licenciatura en Sociología y Ciencias Políticas en la PUCE de Quito, 1989.

EXPERIENCIA
Fue candidato a diputado por Nuevo PAIS en 1998. Exdirector de Participación Ciudadana (2002-2005). Es asambleísta de Concertación Nacional.