Más de $ 621 millones sumó la importación de insumos agrícolas (cifra C&F, valor del producto puesto en puerto de nacional) el año pasado.

Aunque existe el Código Internacional de Conducta para su distribución y utilización, que da las directrices técnicas para adoptar sistemas de manejo de los plaguicidas desde 1985, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advierte que todavía hay deficiencias importantes, especialmente en los países en desarrollo.

Según ese organismo, en estos países la legislación no se aplica por falta de conocimientos básicos y de recursos, se venden formulaciones peligrosas y los usuarios no están preparados y protegidos para manejar los fitosanitarios (tóxicos) con el mínimo impacto.

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La entidad rectora en el Ecuador para esta área es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad del Agro (Agrocalidad). Su director, Luis Valverde, afirma que encontró problemas para la expedición de certificados fitosanitarios y permisos de importación para todos los productos, pero sostuvo que esto se resolverá con la automatización de la entidad en unos 44 días con la entrega de esos documentos por línea, automáticamente.

“Sin trámite de papel y con la mayor agilidad y transparencia, en el servidor aparecerán todos los importadores debidamente registrados y en proceso de reevaluación”, expresó Valverde.

Al momento, el importador espera como mínimo entre diez y quince días por una aprobación.

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Rescate de registros

El proceso de la importación y registro de agroquímicos, refirió el funcionario, es el más caótico, al contabilizar 1.800 trámites retenidos en Agrocalidad.

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La razón es que, basado en una equivocada interpretación de la decisión 436 de la Comisión de la Comunidad Andina, a principios del 2011 se canceló el registro de productos cuyos titulares no presentaron el debido expediente para la reevaluación del 1 de abril al 30 de noviembre del 2010.

Decenas de productos de categoría toxicológica II fueron retirados del mercado local, cuando el proceso, como lo define la CAN, comienza en junio de este año y tiene una década de plazo. “En Colombia tienen ocho plaguicidas en reevaluación. Aquí se fijó el plazo de terminación cuando comenzaba y se perdieron registros de productos que eran de buen uso, baratos, y por eso tumbamos esa resolución y pusimos un plazo de 90 días para que la empresas puedan recuperar el registro. Para los plaguicidas cuyo plazo de reevaluación venció el 31 de diciembre, tendrán un año más”, precisó Valverde.

Anunció que mantienen mesas de trabajo con las dos organizaciones que representan a los importadores, fabricantes y distribuidores de agroquímicos (Croplife y Acpsa) para realizar los cambios necesarios.

El directivo fija como acciones prioritarias de Agrocalidad, respecto a las pruebas de eficacia podrán realizar empresas privadas calificadas; se mejora el nivel profesional de la entidad; se creará una red de laboratorios debidamente equipados; la homologación interna y externa de los procesos facilitará la obtención del registro.

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También se ejercerá controles de posregistro en territorio (almacenes, recolección de envases, aprobación de Minambiente para reciclarlos); se atacará a la suplantación de los inspectores, la falsificación y la adulteración de los pesticidas.