La sentencia del caso de El Gran Hermano debería ocupar un lugar de privilegio en el Museo del Orgullo Nacional, que urgentemente debería ser creado. Si a su lado se coloca la resolución de la Asamblea sobre la muerte del Che, se tendría en un solo espacio y prácticamente al mismo tiempo dos piezas de antología que harían enrojecer de envidia a cualquier habitante de esos países que gustan calificarse como desarrollados. La señora jueza ha demostrado que en la justicia vale más, muchísimo más –tanto como dos millones de dólares–, una sola declaración del demandante que decenas de pruebas de los demandados. Es que, si el sufrimiento es algo subjetivo o, como consta en la sentencia “el daño moral refiere a lo espiritual, a lo inmaterial, a aquello que solo la persona que lo sufre puede indicarlo”, entonces hay que valorarlo también con criterios subjetivos. Es “innecesario que un profesional de la psiquiatría o sicología certifique tales padecimientos”, dice esta nueva tratadista de la Ciencia Jurídica. Basta y sobra con la palabra del agraviado.

La enorme cantidad de valiosos aportes en el plano de la historia y en la teoría del derecho pueden hacer que quede en el olvido el tema de fondo de todo este asunto. Con todas las idas y vueltas sobre el conocimiento o el desconocimiento del líder acerca de las chauchitas que hacía su hermano en su propio gobierno, se van diluyendo las responsabilidades en esos contratos. Alguien tiene que haber firmado cada uno de estos. Por tanto, debe haber varios funcionarios que algo supieron al respecto. Lo mínimo que haría cualquier mortal en esa condición sería averiguar los datos básicos de las empresas con las que se estaba contratando, entre los que debería estar por lo menos una referencia acerca de sus accionistas.

El hermano contratista sostiene una y otra vez que él no contrató con el Estado porque las empresas no estaban a su nombre. Pero, aun suponiendo que hubiera sido así y que él nunca se hubiera dado una vuelta por los despachos ministeriales, los funcionarios públicos encargados de la contratación estaban obligados a indagar. Una persona que maneja los dineros de la colectividad no puede darse el lujo de ser ignorante al respecto, ni puede confundir compañías anónimas con el anonimato que puede tapar cualquier irregularidad. Si no lo hace o si sostiene que no está para eso, entonces estará invitando a que entren por la puerta ancha las enormes lavanderías de dinero que, según dicen los entendidos, abundan en el país.

Aun aceptando que el líder no sabía, cosa difícil o incluso imposible en un gobierno –y un país– donde no se mueve una hoja sin su consentimiento, es obvio que alguien sí lo sabía. De lo que se conoce hasta ahora, ni la Contraloría ni la Fiscalía han movido un dedo para esclarecerlo. Fue muy cómoda para todos la finalización de los contratos, porque así se terminaron también las responsabilidades y se esfumaron los responsables. Si no era él, entonces ¿quién sabía?