A los estibadores no les termina de convencer la modalidad con la que prestan sus servicios en los puertos de cargas y petroleros. Un grupo de trabajadores, agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Afines del Ecuador, pidió al Gobierno que cese con lo que ellos denominan “intermediación laboral”.

Rodrigo Tumbaco, presidente de esa federación, indicó que los estibadores “quieren tener un vínculo directo con los puertos” y no a través de operadoras contratadas por las terminales portuarias.

Actualmente, la legislación permite a las empresas de los sectores estratégicos, en las que se incluyen los puertos, contratar servicios técnicos especializados. Pero los estibadores, que realizan faenas de carga y descarga, insisten que la actividad que ellos ejercen está directamente vinculada a la operación de las terminales y no se debería “intermediar”.

Tumbaco, quien expuso hace varios días la situación de los estibadores en una convención en Brasil, aseveró que a pesar que con apoyo del Gobierno crearon dos microempresas para que se adquiera sus servicios y se reincorpore estibadores que perdieron sus puestos aún las terminales, incluidas la de Guayaquil, no los consideran.

José Miguel Muñoz, gerente de Contecon, concesionario del puerto de Guayaquil, señaló que la legislación prevé que el sistema portuario cuente con empresas Operadoras de Servicios de Carga (OPC) que son calificadas por la autoridad respectiva. “No se trata de intermediadoras laborales, sino de empresas que brindan sus servicios técnicos especializados en todos los puertos”, dijo.

Según Contecon, la actividad de los OPC es legal al punto que gremios de trabajadores portuarios las han creado para ofrecer sus servicios a los distintos puertos, “cuando la ley es clara en cuanto a que solo sociedades mercantiles pueden dedicarse válidamente a este tipo de actividades”.

En lo que a Contecon se refiere, según Muñoz, mantiene relaciones comerciales con empresas que “nos permiten mantener la productividad exigida por el contrato de concesión y, especialmente, que cumplan las normas que protegen el trabajo y la seguridad social y a nuestros usuarios”.