Los marinos que asumieron en Petroecuador entre el 28 de noviembre del 2007 y el 30 de julio del 2010, como el contralmirante Luis Aurelio Jaramillo Arias, comandante de Operaciones y jefe de la Primera Zona Naval de Guayaquil (quien presidió la estatal), se niegan a recibir los resultados provisionales que son parte de un examen especial que realiza la Contraloría General del Estado al pago de liquidaciones y reliquidaciones de remuneraciones y otros rubros percibidos por personal en servicio activo, pasivo y civil.

Por ello ese proceso de entrega de resultados provisionales a al menos 179 miembros de la Marina está frenado.

Cuando ocurrió la salida de la Marina, en marzo del 2010, la administración de Petroecuador y sus filiales entregaron miles de dólares por concepto de un recálculo de los sueldos, el pago de un bono por jefatura y el goce de vacaciones que llegaron, en algunos casos, entre los $ 9 mil, $ 12 mil y hasta $ 22 mil.

Esta entrega estuvo avalada por un informe del Ministerio de Relaciones Laborales. En esa ocasión, el abogado laboralista Joaquín Viteri había considerado que las reliquidaciones tenían visos de ilegalidad, pues los marinos llegaron a Petroecuador a ocupar cargos de libre remoción, así como en calidad de comisión de servicios, contratos fijos y por horas, por lo que no podían ser beneficiados por el contrato colectivo.

En este sentido, la negativa de los marinos ha generado malestar en la dependencia de control. De acuerdo con el oficio 304 DA 3 EP P-MMM-2012, del 25 de enero, al cual este Diario tuvo acceso, el 19 de ese mes, la Contraloría pidió al ministro de Defensa, Javier Ponce, disponer a quien corresponda convocar a las instalaciones de la Secretaría General de la Fuerza Naval, en el Ministerio de Defensa, a los 179 marinos. Este pedido se realizó “por cuanto el personal de la Fuerza Naval se niega a recibir las comunicaciones de resultados provisionales”, indica el oficio, dirigido a la viceministra de Defensa, Rosa Mercedes Pérez, y firmada por la auditora de Contraloría Martha Monar Mora.



En este sentido, Monar expresó la “profunda preocupación” porque pese a que la propia viceministra impartió la disposición al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para que asistan el 24 de enero, se pidió una ampliación del plazo para el 27.

Para la Contraloría es importante que los marinos reciban los resultados provisionales a fin de que presenten “los justificativos o puntos de vista que consideren pertinentes”.

Por último, se conoció extraoficialmente que el 27 de enero tampoco se concretó la asistencia de los marinos.

Más bien el oficio relata que el 24 de enero se presentó ante la Secretaría General de la Fuerza Naval, el contralmirante Jaramillo, quien manifestó que se presenta para cumplir una disposición de orden superior, pero “que no va a recibir el oficio de comunicación de resultados provisionales” y que realizará la coordinación necesaria con todo el personal que trabajó en Petroecuador para que solo firmen la asistencia “pero que no reciban el oficio”.

De esta forma, de acuerdo con la Contraloría General del Estado, Jaramillo ha tenido una actuación indisciplinada que contraría las disposiciones superiores.

Para la auditora de ese organismo de control, el contralmirante Jaramillo también “manifestó en forma airada que está por llegar con los medios de comunicación” para cubrir las acciones de la Contraloría. Según la percepción del marino que ocupó el principal cargo en Petroecuador, la Contraloría estaría actuando con abuso de autoridad e impidiendo el derecho a la defensa y violentando el debido proceso.

Publicación

La Contraloría ha advertido que de persistir la negativa de los marinos en el proceso, se actuará como lo exige la ley a realizar una publicación por la prensa.

Responsabilidades

La Contraloría habría establecido responsabilidades de tipo civil y en el examen especial se establecen pagos indebidos. Para el contralmirante Luis Jaramillo todo carece de sustento legal.