- FEB. 13, 2012 - Foto - Política - EL UNIVERSO
QUITO. En noviembre pasado arrancó el proceso de pruebas a los más de cinco mil servidores para determinar los que se quedarán y los que saldrán de la Función Judicial.
Más de $ 5 millones en contratos adjudicó el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) para el proceso de evaluación de los servidores judiciales del país, cuyo resultado, que es determinante para que continúen o no en el cargo ha sido cuestionado por los evaluados.
El 26 de noviembre del año pasado 5.965 judiciales rindieron las pruebas psicométricas y psicológicas. Esta última –que no se valora con puntos, sino con el diagnóstico: “supera” o “no supera”– es inapelable. Aunque el reglamento de evaluaciones aprobado por el CJT establece que quien no lo supere será desvinculado de la Función Judicial, la semana pasada se anunció que esta se repetirá a 170 servidores.
La psicométrica se calificó sobre 10 puntos. Esta medía diez competencias de trabajo, entre ellas la iniciativa, organización, mediación de conflictos, etcétera. Era parte de la evaluación general que medía las variables de conocimiento, sobre 40 puntos; productividad, sobre 30; expediente (sanciones) y capacitación, cada una calificada sobre 10.
Para la prueba psicométrica el CJT contrató a Direxcor Compañía Limitada por un monto de $ 325.000. Según el resumen ejecutivo de los contratos de emergencia de este organismo, el acuerdo se firmó el 24 de noviembre del 2011, es decir, dos días antes de que se realice la evaluación.
Algunos judiciales se percataron de la existencia de esta compañía recién cuando recibieron sus notas. “Al momento de dar la prueba ninguno de los evaluadores quiso decir su nombre”, recordó el juez Zoilo López, en la Corte del Guayas.
Según información de la Superintendencia de Compañías, Direxcor está gerenciada por Beccy Torres Espinel. Los funcionarios que han querido comunicarse con esta empresa dicen que no atienden el teléfono. Este Diario llamó al número que aparece registrado, pero nadie contestó.
Para medir las competencias de trabajo de los servidores judiciales, la compañía mencionada aplicó el Test por Competencias (TPC), que según psicólogos que observaron de cerca el proyecto de evaluación de la Judicatura, debió ser comparado con la prueba psicológica que se realizó mediante otro test escrito, el de Minnesota 2 y con la entrevista que se hizo luego a los judiciales.
El test de Minnesota 2, conocido también como MMPI 2, contiene 567 preguntas. De acuerdo con los expertos, sirve para determinar rasgos y características de la personalidad.
La Judicatura, para evaluar a los 5.965 judiciales a nivel nacional, debió comprar este cuestionario por cada evaluado. Los derechos sobre este material lo tiene la compañía Tea ediciones, de España. En su página web hay la opción para comprarlo directamente a un costo de 124 euros más IVA el kit básico o 265 euros más IVA, el avanzado. En su portal señala a las firmas internacionales que la representan; por Ecuador consta la librería Studium, con matriz en Quito, con esa firma la Judicatura firmó un contrato de $ 590.169,20, el 8 de noviembre del 2011, “para el proceso de evaluación” de los judiciales.
Studium firmó 22 días después otro contrato para proveer el mismo test al CJT, pero dirigido a los aspirantes a jueces de la Familia, Niñez y Adolescencia, y de Contravenciones, a nivel nacional. Hubo 101 vacantes por llenar, pero solo se seleccionó a 91. Aunque el número de participantes en el concurso, 1.828 según lo informa el mismo CJT, es menor a los 5.965 judiciales evaluados, ese contrato se firmó por un monto superior, $ 608.250,60.
El test de Minnesota fue revisado por psicólogos contratados por la Judicatura, quienes también entrevistaron luego a los judiciales. Sobre esto no hay información oficial, pero uno de los profesionales reveló que fueron alrededor de 60 los que trabajaron en el proceso. Cada uno evaluó 150 pruebas. El contrato era por $ 2.300 mensuales e incluía una cláusula de confidencialidad. “No podemos hablar”. Así también lo expresa el CJT, en sus boletines de prensa: “Según el reglamento vigente, todas las personas que intervengan en el proceso de evaluación guardarán absoluta reserva sobre el contenido de informes, calificaciones parciales y finales o cualquier otra información que por su naturaleza no sea de acceso público. La vulneración a esta disposición acarreará las responsabilidades administrativas civiles o penales a las que hubiera lugar”, recuerda la Dirección de Comunicación.
El rubro más alto en cuanto a contratos para la evaluación se pagó a tres universidades del país que debían medir la productividad de los judiciales. Esa variable se calificaba con hasta 30 puntos de los 100 totales.
Los centros contratados fueron la Universidad Católica de Guayaquil por $ 2’650.000; el Centro de Transferencia de Tecnología Espol, $ 1’150.000 y la Universidad de Cuenca, con un monto de $ 542.450. En total, $ 4’342.450 pagó el CJT para medir la productividad, pero al igual que en la prueba psicológica, hay reparos al trabajo realizado.
“Era gente muy joven la que venía aquí a la oficina a pedir información sobre cuántos casos han llegado y cuántos se han resuelto; no debía medirse la productividad por caso resuelto, porque hay casos que por su naturaleza no se cierran fácilmente”, dice una secretaria que se sometió a la evaluación, pero que se jubilará este año.
Otro componente de la evaluación fue la prueba de conocimiento. Los judiciales respondieron 50 preguntas de un banco de 2.000 que según el vocal del CJT, Fernando Yávar, “fueron preparadas y evaluadas por docentes expertos en derecho que fueron contratados de universidades tipo A y B del país”. Los contratos no constan en la web de la Judicatura.
Criterios
Tomás Empuño
Psicólogo
“La condición para que un test tenga validez es que este sea confiable. Lo más importante no es tanto la prueba en sí, sino quien utiliza el instrumento”.
Fernando Yávar
Vocal del CJT
“Analizamos que se repitan las pruebas inválidas, que no están mal tomadas... Si ya en la segunda vez no la pasa por inválida, no habrá opción nueva”.