- FEB. 12, 2012 - Foto - Migración - EL UNIVERSO
Mario Vilatuña, quiteño que vive en Madrid hace doce años, está por perder su departamento por la hipoteca que debe al banco.
Los agremiados en Madrid se reúnen a menudo para plantearse posibles alternativas para saldar sus deudas hipotecarias.
Ecuatorianos han protestado en Madrid porque los bancos no son flexibles ante la crisis, con los préstamos que ellos lograron.
No hay cifras exactas de ecuatorianos afectados desde el 2007 por las hipotecas.
El departamento del segundo piso del edificio de ladrillos que se levanta en el número ocho de la calle Soria, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, se quedó con los muebles de la ecuatoriana Consuelo Lozano.
No pudo sacar nada cuando llegó el procurador con la orden judicial de desahucio y la desalojó del que fue su hogar durante cinco años. Ahí se quedaron las camas de los niños, los sillones del salón, la mesa del comedor, los electrodomésticos. Todo.
El 23 de noviembre pasado, la lojana cruzó por última vez la puerta del departamento por el que se endeudó con 227.659 euros ($ 300.440,78 a la conversión de ayer). Después se marchó a Ecuador. Un año antes habían retornado a Loja sus hijos, Leonardo y Jaime. Meses después, María Elisa, la menor, y su esposo, Jaime Maya.
Consuelo, mujer menuda de cabello negro entrada en la cuarentena, se apoyó en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para intentar frenar el desahucio. Lo consiguió el 7 de octubre. No corrió con la misma suerte un mes después.
En el 2006, el Deutsche Bank tramitó su crédito hipotecario en menos de cinco días. Le bastaron las cuatro facturas que como empresario de la construcción presentó Jaime y el aval de un hermano de Consuelo para darles el préstamo.
El matrimonio nunca se retrasó en la cancelación de las cuotas mensuales, hasta que estalló la crisis económica, y el desempleo. Las letras impagas se acumularon. Los 370 euros que por horas ($ 488.28) ganaba al mes la inmigrante en una empresa de limpieza no alcanzaban.
Jaime y Consuelo intentaron, sin éxito, negociar con el banco. Solicitaron la reducción del monto a abonar, de 1.200 a 600 euros ($ 1.583,64 a $ 791,81); o entregar la vivienda y saldar la deuda. La entidad negó toda posibilidad de acuerdo y, tras una subasta que quedó desierta, adquirió el inmueble por 115.000 euros ($ 151.765).
Ellos pierden la casa; deben al banco 115.000 euros ($ 151.765), el 50 por ciento del valor de la tasación de la vivienda y 68.000 ($ 89.739) por demora y costas judiciales.
Ahora está en la mira del banco el hermano de Consuelo, el avalista. Por eso Jaime regresó hace unas semanas a España. Quiere evitar que su cuñado también termine en la calle.
En el tercer trimestre del 2011 se realizaron en España 10.884 desahucios, cifra récord según los últimos datos disponibles del Consejo General del Poder Judicial. En ese mismo periodo se cursaron, además, 14.861 órdenes para el inicio de los procesos de ejecución hipotecaria que permite a los bancos quedarse con los inmuebles.
No existen estadísticas de ecuatorianos afectados. Entre el 2008 y 2010, la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee) asesoró sobre esta problemática a 8.500 personas. El análisis, en el 2009, de 178 casos le permitió determinar el elevado índice de morosidad. Solo el 29% de deudores estaba al día con sus créditos. Ahí, el monto promedio de los préstamos ascendía a 219.000 euros ($ 289.013,53).
Los datos constan en la exposición de motivos del proyecto de Ley de Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, contra el fraude hipotecario cometido en España que presentó a la Asamblea el congresista Gerónimo Yantalema, miembro de la bancada Progresista Plurinacional.
El texto, que no fue aprobado, pretendía impedir que cualquier banco pueda cobrar en el país las deudas adquiridas en el exterior. Las autoridades siempre han negado que exista esa posibilidad. “¿Dónde está eso escrito? ¿Hay alguna legislación que lo impida? Que yo sepa, no”, sostiene Aída Quinatoa, presidenta de Conadee.
Su rostro es la cara más visible de la campaña emprendida por la PAH para impedir los embargos. Comenzó esta lucha, sola, en el 2007 cuando en España se hablaba de bonanza. Hasta sus oídos llegaron las primeras denuncias de estafas hipotecarias. Ella fue víctima.
“El problema se ha trasladado a los avalistas. Los bancos van por ellos, a cobrarles la deuda de los que avalaron y que han dejado de pagar o han desaparecido sin dejar huella”, explica.
Muchos inmigrantes se hicieron garantes de préstamos de familiares, amigos o vecinos y hasta de desconocidos. No midieron el riesgo de asumir la deuda en caso de que el titular no pague el crédito o sus intereses.
“Las agencias inmobiliarias se aprovecharon de nuestro desconocimiento. Este es un problema social. No solo es responsabilidad nuestra, también de los bancos que otorgaron hipotecas a diestra y siniestra”, insiste.
A Pablo Cedeño, padre de dos hijos, y abuelo de cuatro, le concedieron un crédito de 180.000 euros ($ 237.545,36 ) por 30 años. Tenía 60, en el 2005, cuando firmó las escrituras. Al perder el empleo dejó de pagar las cuotas de 950 euros ($ 1.253,71 ). Su departamento tiene fecha de subasta: 19 de febrero.
Su principal preocupación es su hijo, consta como copropietario pero no puede hacerse cargo del préstamo. “Cuando nos echen buscaremos una habitación pero queremos arreglar con el banco y regresar a Quito”, sostiene. Es lo habitual.
Las personas que pierden sus casas vuelven a vivir situaciones de hacinamiento como en los inicios de su proyecto migratorio, antes de emprender el definitivo retorno. Otros ni siquiera esperan a que llegue la orden de desalojo. Echan el cerrojo y desaparecen, como muchos.
En el sistema legal español, el deudor no se libera de la deuda con la entrega de la vivienda, pues rige el principio de responsabilidad patrimonial universal. Tras el desahucio, quien ha perdido su casa sigue debiendo dinero a la banca. El monto corresponde a la parte del préstamo no satisfecho con la entrega del inmueble.
De ahí, sin techo y en la calle, entra en el registro de morosos, lo que provoca su exclusión financiera. La defensora del Pueblo de Madrid, María Luisa Cava de Llano, apela a la búsqueda de una solución, que evite la marginación social.
Desde el gobierno, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció el martes anterior, que dialogará con los bancos para hallar fórmulas que “minimicen el coste social” de los desahucios.
Algunas entidades están aplicando políticas en este sentido, como CaixaBank que, desde enero del 2008, ha refinanciado unas 170.000 hipotecas. Sus alternativas: aplazar el pago del capital o los intereses, alargar los plazos o vender la casa al banco y permanecer como inquilino, pagando un alquiler mensual.
La Cancillería ecuatoriana creó un equipo de trabajo para recopilar información sobre la problemática. Y la Embajada anunció que seis abogados (dos por ciudad) harán acompañamiento jurídico en Madrid, Murcia y Barcelona.