Unas 125 clínicas de rehabilitación no tienen información de permisos para funcionar. Según una investigación realizada por el Taller Mujer, y el colectivo de grupos GLBTI (gays, lesbianas, bisexuales y transexuales e intersexo ) estos centros que ofrecen entre otras cosas “curar” la homosexualidad, lesbianismo, adicción a drogas, atentan contra los derechos humanos.

Según la información remitida a estas entidades, a través de un acceso a la información por parte del Ministerio de Salud, se confirmó que existen 226 clínicas, de ellas, solo 205 estaban registradas en el 2010, y en el 2011 se encontró 21 de ellas al margen de las regulaciones.

Según la información fechada al 2010 se estableció que existen denuncias en Pichincha, Carchi, Loja, Manabí, Esmeraldas y Napo, que son casos con denuncias de proceso de investigación sobre maltrato físico y psicológico, internamiento forzado, irregularidad de profesionales, funcionamiento ilegal, hacinamiento, abuso sexual, trabajo forzado, falta de servicios, medicalización forzada, incluso, un caso de estrangulamiento.

Aunque no se conoce con certeza cuántas de ellas ofrecen “curar” la homosexualidad, los colectivos piden que se declare en emergencia a estos centros y el Estado intervenga para evitar que se continúen cometiendo actos atentatorios a los derechos humanos.

Una clínica que fue denunciada el año pasado en un 'juicio popular' en Quito aún permanece abierta en Quito. Paola C, una de las afectadas, contó que tuvo que soportar por dos años torturas y abusos sexuales y humillaciones.