• Fotos

Ampliar imagen

ESMERALDAS. La distribuidora de combustible Gaspetsa tenía accionistas que eran trabajadores de Petroecuador y por eso ellos fueron desvinculados de la petrolera estatal.

Ciento cuarenta extrabajadores de Petroecuador que salieron de esa compañía del Estado con visto bueno, en septiembre del 2010, podrán regresar en los próximos días a sus puestos de trabajo.

Ese grupo fue separado por tener acciones de una empresa proveedora de servicios de comercialización de gasolina artesanal para la misma petrolera, llamada Gaspetsa, y por ende supuestamente tener conflicto de intereses.

El 2 de febrero pasado, la Corte Provincial de Esmeraldas ordenó el inmediato reintegro a sus puestos de 140 trabajadores que habían presentado una acción de protección para impedir el despido. En ese grupo están quienes laboraron en la Refinería de Esmeraldas, y quienes hicieron manifestaciones afuera de la Corte.

De acuerdo con el presidente (e) de la Federación de Trabajadores Petroleros (Fetrapec), Ramiro Guerrero, EP Petroecuador deberá aceptar el pronunciamiento de la Corte Provincial, o en su defecto pedir una aclaración y ampliación de la sentencia, pero este proceso no cambiaría la esencia del pronunciamiento de esa instancia judicial, que es muy claro. En este sentido, es cuestión de días para que se concrete el reintegro de los exempleados.

Guerrero también explicó que la sentencia no es del todo favorable para los trabajadores, pues no se aceptó el pago de los haberes correspondientes al tiempo en el que estuvieron separados de la institución, que fue aproximadamente un año y medio.

El dirigente sindical recordó que en septiembre del 2010, 628 trabajadores fueron despedidos. De ellos, unos 300 ya habían regresado mediante la firma de un acta transaccional. Otros 140, son los que regresarán en estos días, optaron por recurrir a la vía de la acción de protección.

Entre tanto, Guerrero denunció que los 300 empleados que ya habían reingresado tienen ahora un problema legal, pues las autoridades de Petroecuador y el Ministerio de Relaciones Laborales les están obligando a firmar un acta de finiquito, lo cual significa legalizar el despido ocurrido en el 2010.

Esto –agregó– les perjudicaría, pues en su reingreso perderían todos los derechos ganados en varios años de trabajo, incluso los podrían despedir fácilmente porque su reingreso se daría ahora como empleados nuevos.

En un memorando del procurador de EP Petroecuador, del 27 de enero del 2012, se indica que en una reunión realizada entre el coordinador de Relaciones Laborales, la Procuraduría de Petroecuador y el viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, se resolvió que se hagan firmar dichas actas de finiquito. De lo contrario se consignarán los valores correspondientes ante la autoridad competente.

Pocos trabajadores han aceptado firmar dicha acta de finiquito, mientras que otros se están resistiendo, según contó Guerrero.

De acuerdo con la sentencia, en los procesos de visto bueno hubo vulneración de derechos laborales. La terminación de la relación laboral fue desproporcionada.

La salida de los trabajadores de EP Petroecuador relacionada con Gaspetsa significó una baja en personal técnico, sobre todo en refinerías.

Vinculación: Con proveedora
Contrato
El 25 de febrero del 2005, la estatal Petroecuador y la empresa Gasolina y Petróleos S.A. (Gaspetsa) firmaron un contrato de prestación de servicios para comercialización de gasolina artesanal.

Denuncia
Cinco años después de la firma del contrato, la Secretaría de Transparencia denunció el asunto como un caso de corrupción.

Desconocimiento
Tras la separación de la petrolera estatal, varios trabajadores coincidieron en que algunos ni siquiera conocían que eran accionistas de la empresa.