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Wilson Merino y Maria Ximena Veintimilla durante el sorteo de causas para los jueces de la sala de lo penal el pasado martes.

La sala única de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió la audiencia de casación de Diario EL UNIVERSO, prevista para mañana, dentro del proceso por injurias que planteó el presidente Rafael Correa en contra de los directivos del matutino.

Esta causa se suma a otras suspendidas hasta que se realice un sorteo general de las más de 10.000 causas represadas que heredaron los nuevos jueces penales.

Con la resolución, de acuerdo a las explicaciones proporcionadas por la presidenta de la Sala, María Ximena Vintimilla, se evitará que las audiencias sean declaradas fallidas y que partes procesales (acusados y acusadores) acudan a la diligencia, que no realizarán hasta que se produzca el sorteo y se definan los tríos de jueces que se encargarán del trámite de causas.

Tras realizar el primer sorteo público de 56 causas nuevas y 6 pedidos de desestimación, el pasado 7 de febrero, Vintimilla reiteró que serán los jueces ponentes los que decidan la fecha y hora de las audiencias.

Vintimilla adelantó que los sorteos de las causas serán diarios y públicos, pese a que ese es un trámite que está a cargo del presidente la sala, del secretario relator y de los miembros de la oficialía mayor.

Mientras tanto, las reacciones internacionales por el juicio contra el rotativo continúan. Ayer, la agrupación PEN Internacional, que reúne a escritores y periodistas de todo el mundo, expresó su “preocupación por el estado de la libertad de expresión en Ecuador” y urgió a su presidente, Rafael Correa, a que retire su querella contra EL UNIVERSO.

“PEN Internacional urge a Ecuador a que reconozca sus obligaciones asumidas bajo tratados internacionales de derechos humanos, que reforme la ley de injurias calumniosas y que el presidente Correa retire su querella contra EL UNIVERSO y sus directores”, afirmó la organización en un comunicado.

El presidente de PEN Internacional, John Ralston Saúl, asegura en el citado comunicado que “los últimos acontecimientos alarmantes” en relación al respeto de la libertad de expresión en Ecuador “incluyen un cambio en la ley electoral que obstruirá que los medios informen sobre las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 2013”.

Además, cita “un reciente pedido del presidente Rafael Correa por cambios restrictivos a la oficina del relator para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

“Sin embargo –añade–, una de las mayores amenazas a la libertad de expresión en Ecuador es el uso habitual de la antigua ley contra las injurias calumniosas para silenciar a las voces críticas”.

En ese sentido, detalla que durante los últimos tres años, comunicadores de los periódicos Hoy y La Verdad y al menos uno de radio han sido sentenciados con penas privativas de libertad bajo cargos de injurias calumniosas.

“El riesgo que corren los periodistas que critican a figuras políticas en Ecuador puede ilustrarse –según Ralston Saúl– con el enjuiciamiento de EL UNIVERSO”.

Correa presentó una querella penal por injurias contra ese periódico por un artículo denominado ‘No a las Mentiras’, escrito por el exeditor de Opinión, Emilio Palacio, quien junto a los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez enfrentan una sentencia de prisión de 3 años y el pago de $ 40 millones de indemnización a Correa.

Defensa: Argumentos del abogado Mauricio Guim
Los jueces deben primero estudiar concienzudamente todo el expediente antes de convocar a la audiencia para escuchar a las partes. De aceptar la posición de los abogados del presidente que no deben estudiarlo, se estaría no solo discriminando a la defensa de EL UNIVERSO y violándose la normativa legal aplicable sino confirmando la sospecha de muchas voces que dudan de la independencia de los nuevos jueces”.

No es verdad que la sentencia tiene solo 11 páginas y que eso es todo lo que deben leer los jueces. La sentencia de segunda instancia tiene un voto salvado de 36 páginas y confirma en todas sus partes la sentencia de primera instancia, la misma que tiene 156 páginas: si solo deben leer la sentencia recurrida deberán leer casi 200 páginas.

Pero como a nadie se le puede ocurrir que para expedir el fallo definitivo baste con leer las 200 páginas de las sentencias antedichas, sin enterarse de cuáles fueron los términos y las pretensiones de la querella, ni de las contestaciones de los querellados, el número de las páginas crecería enormemente, no solo porque la querella fue presentada en 151 páginas, sino que las contestaciones de los tres hermanos Pérez sumaron 45 páginas. Y todos esos documentos acaban por sumar 388 páginas en total. Sin considerar las páginas de las actas de las dos audiencias (de la primera y de la segunda instancia) que son las partes medulares del proceso.

Y si los jueces solo se limitaren a esos documentos, no habrían podido comprobar si el querellante aportó todas las pruebas para demostrar la verdad de sus afirmaciones, o si se limitó a repetir a lo largo del proceso que todo lo suyo estaba probado hasta la saciedad. Y, aún así, si los jueces no verifican los descargos de las defensas de los querellados, a estos se les habría negado la tutela judicial efectiva que el Estado les debe.