- FEB. 07, 2012 - Foto - Política - EL UNIVERSO
QUITO. El ministro José Serrano (i), el presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Paulo Rodríguez, el secretario de Transparencia, Edwin Jarrín y el vocal del CJT, Fernando Yávar, dieron una rueda de prensa semanas atrás, donde se den
El fiscal Franklin Bravo, de la Unidad de Indagaciones Previas de la Fiscalía de Pichincha, abrió una investigación sobre los supuestos sobornos a los funcionarios judiciales que están siendo evaluados por el Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT).
El presidente del CJT, Paulo Rodríguez, dio a conocer sobre la existencia de esta supuesta red de coimas el 29 de enero pasado, en una rueda de prensa.
“Hemos tenido información sobre personas inescrupulosas que pretenden sorprender a servidores o servidoras judiciales, ofreciendo ayuda para garantizar su permanencia en sus respectivos cargos a cambio de dinero”, señaló Rodríguez en esa ocasión y agregó que lo mismo estaría ocurriendo con los profesionales que se sometieron a concurso en busca de un puesto.
Pese a ello, no hubo una denuncia formal y la indagación se abrió de oficio a base de recortes de prensa.
El fiscal Bravo llamó a declarar a Paulo Rodríguez, a los vocales Tania Arias y Fernando Yávar; al director ejecutivo del CJT, Mauricio Jaramillo; y al secretario general del mismo organismo, Guillermo Falconí.
También mandó el audio de la rueda de prensa a los peritos de la Policía Judicial para que transcriban las declaraciones de Rodríguez.
Hasta la semana anterior, la investigación de esta posible irregularidad estaba a cargo de una unidad interna del propio Consejo de la Judicatura, indicó el presidente de ese organismo el viernes pasado.
Esta es la segunda investigación fiscal que se abre sobre posibles irregularidades en el CJT. El fiscal Javier Bosquez abrió otra el 26 de enero pasado por una denuncia de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG).
Por este proceso, ese mismo día se allanó la oficina 510 del edificio Bossano, ubicado en el norte de Quito. Allí se hallaron 215.000 dólares en efectivo y documentos que, según el secretario nacional de Transparencia, Edwin Jarrín, son contratos del CJT y de varios municipios fronterizos.
Ocho de los 16 empleados de esa oficina, que declararon ante el fiscal, dijeron que trabajaban en el diseño de proyectos arquitectónicos de los nuevos edificios de la Judicatura. Por este caso hay un detenido, a quien se indaga por supuesto lavado de activos. Otras dos personas tienen orden de captura. La investigación pasó a manos del fiscal Worman Peñaherrera.
Asimismo, por pedido de Rodríguez y de la SNTG, la Contraloría abrió el 30 de enero una auditoría a los contratos firmados por el CJT. Esta institución no ha colgado en su página web ni en el portal de Compras Públicas información sobre los contratos de infraestructura firmados en el estado de excepción, que duró del 5 de septiembre al 5 de noviembre del año pasado.
Paulo Rodríguez dijo ayer en Radio Quito que esa información será publicada cuando termine el estado de emergencia, que, según él, no es igual al estado de excepción. Este último, indicó, fue declarado para garantizar los recursos económicos que permitan superar la emergencia en la Función Judicial, objetivo que no ha podido concretar todavía.
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas ordena que “una vez superada la situación de emergencia” la máxima autoridad de la institución contratante, en este caso la Judicatura, debe publicar en el portal de Compras Públicas un informe que detalle los contratos, el presupuesto empleado y los resultados obtenidos.
“En cuanto nosotros consideremos que está superado este estado de emergencia... se publicarán absolutamente todos los procesos” contractuales, indicó Rodríguez. Calculó que eso será para mediados o para el tercer trimestre de este año.
No obstante, la Judicatura subió la semana anterior dos listados con 90 contratos, de los cuales 71 fueron firmados en estado de emergencia. Solo uno es de infraestructura.
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El fiscal general, Galo Chiriboga, anunció la apertura de esta indagación en su cuenta de Twitter.
Llamado
En su blog, Chiriboga escribió que en las próximas horas se llamará a declarar a las máximas autoridades del Consejo de la Judicatura; es decir, a Paulo Rodríguez, Fernando Yávar y Tania Arias.