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QUITO. Las renuncias obligatorias se aplican en el sector público desde octubre pasado.

Cuarenta exservidores públicos de Guayaquil que fueron separados de sus puestos de trabajo, el pasado 28 de octubre, decidieron cambiar los recursos de amparos judiciales por demandas contenciosas administrativas para que se los reintegre a sus funciones.

El defensor de este grupo, Lenin Hurtado, explicó que el cambio de la figura legal se dio, porque los recursos de amparos judiciales fueron rechazados por los jueces argumentando que los servidores reclamaban la inconstitucionalidad del Decreto 813 (establece planes para la compra de renuncias obligatorias con indemnización), por lo que no eran procedentes dichos recursos.

“No estamos reclamando la inconstitucionalidad del decreto, reclamamos las omisiones legales que se dieron en las acciones de personal, en las cuales no se especificaba cuál era la causa por la que se despedía a los servidores”, dijo Hurtado.

Agregó que en esas acciones de personal solo se indicaba que eran motivadas por el literal k del art. 47 de la Ley de Servicio Público (Losep).

Desde la primera semana de enero hasta la fecha se han presentado 40 demandas ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Guayas de exservidores del Banco Nacional de Fomento, de la Dirección y Subsecretaría de Salud del Guayas y del Ministerio de Relaciones Laborales.

En dichas acciones contenciosas administrativas los extrabajadores piden ser reintegrados a sus puestos de trabajo y el pago de las remuneraciones que han dejado de percibir desde su separación hasta el reingreso a sus puestos.

Según el abogado, las acciones están siendo calificadas y se espera que en los próximos días se inicien las audiencias.

En cuanto a las demandas por injurias que los exservidores anunciaron contra los ministros de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, y la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, están a la espera de que la Fiscalía solicite copia de la cadena emitida el pasado 30 de octubre donde los ministros indicaron que entre las causas para los despidos de los servidores se encuentra la incapacidad e indicios de corrupción.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Relaciones Laborales, otros 4.000 burócratas serán despedidos este año.

En el 2011

2.700 burócratas fueron cesados, en su mayoría médicos y enfermeras, a los que se sumó personal del Banco Central, del Banco Nacional de Fomento y del Servicio de Rentas Internas.

Enero del 2012

Unos 900 servidores salieron del Instituto de Estadística y Censos, Ministerio del Ambiente, Servicio Nacional de Aduanas, Instituto Nacional de Higiene y Dirección de Aviación Civil.