La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este jueves que denunció a Perú ante la Corte Interamericana por el caso de una persona que fue detenida ilegalmente y torturada por agentes estatales en 1992.

La Comisión envió el caso a la Corte el pasado 4 de enero al considerar que Perú violó numerosos derechos de dicha persona, a la cual identificó sólo como J, y no cumplió con las recomendaciones que hiciera para reparar los daños, indicó un comunicado.

La víctima, quien abandonó Perú en 1993, pidió que su identidad se mantuviera en reserva, explicó la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según la CIDH, J fue detenida el 13 de abril de 1992 por agentes de seguridad, quienes la violaron y torturaron, y luego permaneció 17 días detenida en "condiciones inhumanas" en la Dirección Nacional contra el Terrorismo.

La víctima fue enjuiciada por terrorismo, en un procedimiento que violó el debido proceso, estimó la Comisión.

En junio de 1993 fue absuelta, lo que le permitió salir del país, pero en diciembre de ese mismo año la Corte Suprema de Justicia revirtió la decisión, y el caso sigue abierto y J tiene orden de captura internacional.

Esta demanda se produce luego de que en diciembre la CIDH introdujera en la Corte otra demanda contra Perú, que causó irritación en Lima, por el caso de la muerte de tres miembros del grupo guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) durante el asalto a la residencia del embajador de Japón en 1997.

El gobierno de Perú envió una protesta formal a la CIDH porque ésta calificó de "insurgente" al MRTA, que Lima considera terrorista.

El 17 de diciembre de 1996 catorce miembros del MRTA entraron a la residencia del embajador de Japón y mantuvieron en su poder a 72 rehenes durante cuatro meses, hasta que comandos del ejército peruano liberaron a los cautivos y mataron a los guerrilleros.

A instancias de Perú y otros países, como Ecuador y Brasil, la OEA aprobó la semana pasada "recomendaciones" para mejorar el funcionamiento de la CIDH, pero que organizaciones de derechos humanos denunciaron como un intento por restringir sus atribuciones.