Padres de neonatos piden $ 3 millones de indemnización

Los padres de tres de los doce neonatos que fallecieron en febrero del 2011 en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital Francisco de Ycaza Bustamante piden 3 millones de dólares como indemnización por la muerte de cada uno de los pequeños.

Pues la Fiscalía dictaminó el 17 de enero pasado que el jefe de la UCIN, Ricardo Alcívar, es responsable por la muerte de los menores Samaniego Torres y Cedeño Álvarez, mientras que a la directora técnica del hospital, Patricia Parrales, además se le sumó la de Zavala Andrade.

Los tres pequeños, conforme las investigaciones de la Fiscalía, murieron a causa de la bacteria Serratia marcenses, encontrada en los grifos y rejillas de la UCIN de esta casa de salud.

A Alcívar y a Parrales la fiscal de Delitos contra la Vida, Margarita Neira, los acusó de homicidio culposo inintencional porque, explicó, el primero no informó a tiempo del brote de la bacteria ni impidió el ingreso de nuevos pacientes a la UCIN, y la directora no tomó las medidas de prevención, pese a que es una de sus obligaciones.

Al culminar la audiencia el juez 3º de Garantías Penales, Eduardo Díaz, no se pronunció sobre la acusación de Neira y pidió tiempo para consultar sobre el dictamen mixto al fiscal provincial Antonio Gagliardo.

Esto, debido a que en la resolución de Neira se absolvió al jefe de Mantenimiento del hospital, Leuterio Narea, a quien se lo vinculó al inicio del caso.

El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal señala que de ratificarse la no acusación, el juez deberá emitir el correspondiente auto de sobreseimiento (suspender el proceso por falta de causas) y en caso de revocatoria, sustanciará la causa con la intervención de un fiscal distinto al que se abstuvo, quien sustentará la acusación en una nueva audiencia oral.

Sin embargo, Díaz sí debió pronunciarse sobre el dictamen acusatorio en contra de Parrales y Alcívar para llamarlos o no a juicio como lo estipula el mismo cuerpo legal: “Concluidas las intervenciones de los sujetos procesales el juez anunciará de manera verbal a los presentes su resolución, la que se considerará como notificada en el mismo acto”, dice el Código.

De ser hallados culpables, los acusados recibirían una pena de dos meses a tres años.

Hover Reyes, abogado de los padres de los neonatos, quienes mantienen su acusación particular ante la Fiscalía, está en desacuerdo con la decisión de absolver a Narea de los cargos y persiste en pedir los $ 3 millones por daños y perjuicios.

La fiscal Neira explica que este rubro deberá ser analizado por el juez o por los tribunales, pues asegura que se toma en cuenta el grado económico de cada uno de los procesados, si poseen o no bienes, la alarma social que el delito ocasionó, y qué bien jurídico protegido es el que se ha violentado, en este caso el mayor valor: la vida.

“Como es una institución pública lo tendría que pagar el Estado pero hay el derecho de repetición, es decir, que el Estado puede cobrarle ese dinero a los funcionarios responsables de que haya tenido que pagar esa indemnización”, dice Neira.

Pero este rubro, mayor o menor según el veredicto del juez, solo se podrá cobrar cuando se haya ejecutoriada la sentencia, la cual asegura que esa persona es responsable de ese delito.

Para el asesor jurídico de la Dirección de Salud y defensor de Parrales, Michael Vera, es “inaceptable” la indemnización. “Primero se tendría que comprobar la participación de Parrales en el delito que se le imputa, situación que es improcedente y totalmente descabellado, ya que ella no cometió ningún delito (...), quiero advertir que no es justo que por una teoría completamente sin fundamento, la señorita fiscal cree falsas expectativas económicas que han dado paso a una acusación particular que no está amparada en derecho, y que solo se sustenta en el dictamen fiscal y nada más”, señaló.

Además asegura que si el juez llama a juicio a los dos imputados solicitarán el recurso de nulidad ante el superior.