En menos de quince días el presidente de la República, Rafael Correa, ha pedido dos veces la intervención del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) para que sancione a los abogados de EL UNIVERSO, litigantes en una causa que él impulsó por supuestas injurias y que aduce es privada.

“Consejo de la Judicatura, a sancionar a esos abogados que hacen gastar plata, perder tiempo, demoran la justicia. Hasta cuándo soportamos a esos tinterillos que con sus mañoserías dilatan los procesos judiciales”, dijo el presidente en su enlace del 14 de enero.

Reaccionó así ante el pedido de recusación que hizo la defensa de este Diario contra los entonces conjueces Luis Quiroz, Enrique Pacheco y César Salinas, quienes aceptaron el trámite y suspendieron la audiencia de casación (revisión) a la sentencia que ordena una indemnización a su favor de $ 40 millones y tres años de cárcel para los directivos Carlos, César y Nicolás Pérez y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio.

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La Federación Nacional de Abogados del Ecuador se declaró entonces en sesión permanente para vigilar la actuación del Consejo, presidido por el delegado de Correa, Paulo Rodríguez, “luego de la orden pública que recibieran” del presidente de la República, para que sancione a los abogados que patrocinan a EL UNIVERSO y sus directivos.

Mediante un comunicado firmado por el secretario de ese gremio, Pedro Granja, los abogados señalaron que los pedidos de recusación contra los jueces se ampara en el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene cualquier ciudadano.

El sábado pasado, Correa consultó a su secretario particular y exministro en las carteras de Justicia y del Interior, Gustavo Jalkh, si era posible que el CJT actúe de oficio y sancione a los abogados luego de las declaraciones del exconjuez Pacheco, que dijo haberse enfermado ante la presión de tantos escritos presentados por la defensa de este Diario.

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Jalkh dijo que sí es posible aplicar sanciones, ya que se trata de presiones a un juez.

Pacheco enfermó de herpes y no asistió a la audiencia que estuvo prevista para el pasado 24 de enero, por lo que no se realizó y quedó en manos de los nuevos jueces nacionales, a los que Correa ya les advirtió el día de su posesión: “Prepárense a un ataque mediático que dirá que la única forma de demostrar su imparcialidad sea fallar contra el Ejecutivo”.

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En el enlace sabatino el secretario del mandatario explicó que el CJT tiene que hacer las investigaciones y sancionar “disciplinariamente” a los abogados acusados de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial.

Esta última norma faculta a la Judicatura a sancionar a los abogados en libre ejercicio hasta por seis meses, pero según fuentes judiciales, el tema no está reglamentado y por eso no ha sido sancionado ningún profesional. Precisamente por eso el CJT alista un ‘Código de conducta’ para implementar así las sanciones.

La Federación Nacional de Abogados rechaza que puedan ser sancionados por la Judicatura, pues aducen que no son funcionarios judiciales. Eso viola principios del sistema universal de derechos humanos como la libre asociación, acceso pleno a un trabajo digno y ser juzgados por tribunales competentes, afirman.