El fiscal general, Galo Chiriboga, deberá pronunciarse sobre el pedido que planteó la defensa del exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz, exiliado en Panamá, para que se declaren nulos los procesos iniciados en su contra por el presunto delito de peculado, dentro de los casos mochila escolar y gastos reservados.

Chiriboga recibió una notificación emitida en el último día de gestión del juez penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Milton Peñarreta, encargado del trámite.

El pedido de Bucaram se sustenta en el argumento de que no se cumplió la prejudicialidad (no realización de un juicio político). Esta figura la utilizó el juez Hernán Ulloa para anular la causa de peculado que enfrentaba el exvicepresidente en el gobierno de Sixto Durán-Ballén, Alberto Dahik.

Como prueba de la falta de un juicio político previo para iniciar una causa penal, Luigi García, abogado de Bucaram, presentó en las dos salas penales de la CNJ la certificación de la Asamblea Nacional del 4 de enero del 2012, en la que se comprueba que el Congreso Nacional no siguió ningún juicio político en contra del exmandatario y tampoco dio autorización para juzgarlo.

Además, dijo García, las acciones penales que enfrenta el líder roldosista se encuentran prescritas (caducadas), pues ya transcurrieron más de los diez años que determinaba la legislación con la que se tramitaron los procesos.

El abogado dijo que además cuenta con un informe de Contraloría que señala que no existió malversación de recursos públicos y una certificación de la Procuraduría de ese entonces que determina que el presidente de la República no es responsable del accionar de sus ministros, en el caso de que existiera algún tipo de delito.

Por tanto, agregó García, los jueces de la nueva CNJ deberán cumplir y hacer cumplir los principios y garantías constitucionales, aplicando el principio de la igualdad ante la ley, tal como lo hizo la Corte destituida hace dos días, que declaró la nulidad del caso Dahik.

García dijo que pedirá también a la Fiscalía que se recaben el video y el audio de las expresiones del secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en contra del asambleísta Dalo Bucaram y su padre, cuando les dijo que en la familia había “corrupción genética”. La documentación servirá para iniciar un enjuiciamiento penal por injurias en contra de Mera. “Aspiramos a que esta nueva Corte tenga la valentía de sancionar a los amigos del régimen”.