QUITO
.- El capitán Diego Peñaherrera, exjefe de Seguridad de la esposa del presidente Rafael Correa, Anne Malherbe, y sus tres hijos, fue puesto en situación de disponibilidad por el Consejo de Oficiales Subalternos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), el pasado 31 de diciembre.

Esta figura, según la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas ecuatorianas (FF.AA.), es un paso previo a la baja de la institución por faltas atentatorias a las funciones encomendadas.

Peñaherrera apeló el pasado 10 de enero la decisión del Consejo, presidido por el comandante de Operaciones Aéreas y Defensa, Enrique Velasco, pero su pedido fue rechazado ayer y el organismo notificó la ratificación de la disponibilidad.

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El abogado de Peñaherrera, Stalin López, denunció que en este caso lo que existe es una "persecución" en contra del oficial de la FAE.

Según la exposición de Peñaherrera al Consejo de Oficiales, a la que tuvo acceso este Diario, desde hace unos dos años ha sido "víctima de una persecución mediática, abuso de autoridad, acoso laboral y violación a mis derechos humanos", por un supuesto mal uso de bienes destinados a la defensa nacional.

Entre ellos, denunció los sorpresivos pases sin respetarse los dos años en funciones que establece la Ley de Personal, la exclusión del curso avanzado de oficiales, cursos de salto al interior y fuera del país.

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En julio del 2010, Peñaherrera fue sancionado con tres días de arresto de rigor por supuestas irregularidades durante una práctica de tiro en el Centro de Operaciones Sectoriales (COS 2), en Tena, Napo, en donde Peñaherrera se desempeñaba como comandante del Grupo de Seguridad y Defensa de la unidad militar.

"Pero la situación no termina ahí. El comandante general de la FAE (Leonardo Barreiro) solicita un examen especial por parte de la Contraloría General del Estado donde por sorpresa, sin tener responsabilidades sobre el armerillo del reparto, encuentran indicios de responsabilidad penal solo sobre el suscrito", expuso Peñaherrera.

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Por la práctica de tiro en el COS 2, el capitán Diego Peñaherrera fue acusado por la Fiscalía de Napo como autor del delito de destrucción o inutilización de bienes destinados a la seguridad pública o la defensa nacional.

El delito está tipificado con prisión de uno a tres años, según el inciso primero del artículo 602 numeral 10 del Código Penal; el proceso está en manos del Tribunal de Garantías Penales de Napo, integrado por Daniel Narváez, Marco Pazmiño y Danilo Iturralde, quienes en estos días deberán fijar fecha y hora para la audiencia oral de prueba y juzgamiento.

El caso se inició con base en un informe de la directora de la Regional 8 de la Contraloría del Estado, Miriam Cañar, el 28 de enero del 2011, que estableció indicios de responsabilidad penal contra los uniformados, tras un examen sobre la utilización de material bélico del 1 de enero al 31 de marzo del 2010.

Además, según la exposición de Peñaherrera, en mayo del 2011 se le instauró un consejo de disciplina que le suspendió diez días por haber participado junto con todos los militares de su recinto de una parrillada organizada por el comandante de la unidad, en Tena.

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