Orden presidencial corta convenio y a funcionarios

QUITO
.- La clínica San Francisco de Quito, ubicada enfrente del hospital Baca Ortiz, estuvo atendiendo en el área de Rayos X por alrededor de dos meses a pacientes de consulta externa y hospitalizados de esa casa de salud estatal, desde que en esta colapsaron los aparatos de radiología y tomografía computarizada. Por ello, las principales autoridades del hospital les pidieron verbalmente que dieran el servicio, según el gerente de la clínica privada, el radiólogo Patricio Canelos.

Sobre esta clínica recayó la amenaza del presidente de la República, Rafael Correa, de ser declarada de utilidad pública, porque después de una visita al hospital el jefe de Estado se enteró de que algunos de los pacientes estaban pagando por las radiografías, bajo ese convenio, cuando se supone que la salud es gratuita.

El mandatario dijo el sábado pasado, en su habitual enlace, que podría haber un manejo oscuro con este convenio: "Lo que estamos haciendo es crear un nicho de mercado para una clínica privada. Eso es inmoral, antiético e inescrupuloso".

Y también exigió la depuración de las autoridades en ese hospital. Lo que se concretó dos días después. La ministra de Salud encargada, Karina Vance, presentó ayer a la nueva directora del Baca Ortiz, la doctora Catalina Vásquez.

Para Canelos no existe un tema de corrupción sino un acuerdo para suplir los servicios por el cual la clínica llegó a atender entre 80 y 100 pacientes diarios, unos 2.000 pacientes en total.

Incluso una de las pacientes atendidas fue la niña Nayelly Naranjo, que cayó del cuarto piso por un ascensor dañado del hospital. A ella, el propio Canelos le debió hacer el diagnóstico tras la caída.

La ventaja para los pacientes era que se daba un precio preferencial de $ 10, $ 12 y $ 15, pese a que la cínica cobra normalmente $ 30 y $ 40. Por instrucción de las autoridades del hospital Baca Ortiz se les cobraba solo a los pacientes de consulta externa, para los hospitalizados se esperaba que el hospital cancelara el servicio haciendo una liquidación.

Ante la amenaza de declaración de utilidad pública, Canelos dijo que deberán haber mecanismos legales y civilizados para llevarlos a cabo. "No me queda otra alternativa que aceptar. Si hay una confiscación qué capacidad tengo para oponerme, aunque me parecería injusto e inapropiado".

Canelos recordó que antes de que se inicie el convenio, hubo un apagón general que dañó equipos en todo el sector. Sin embargo, cinco o seis días después del percance, la clínica se dio modos para traer a un especialista de Alemania para que traiga repuestos y se pudieron poner otra vez en funcionamiento. En cambio en el Baca Ortiz continúan dañados.

El presidente Correa también cuestionó el porqué hay clínicas privadas situadas frente a los hospitales públicos. Para Canelos probablemente Correa está desinformado, porque la Clínica San Francisco ya tiene 53 años, incluso es anterior al Baca Ortiz.

Sin pacientes estatales

En la clínica San Francisco ayer hubo muchos pacientes como todos los días, algunos llegaban por convenios con el Patronato San José, el Seguro Social y empresas. Pero ninguno del Baca Ortiz, aunque en el hospital aún las máquinas siguen dañadas.

Antecedente

Durante la emergencia sanitaria (2011), el Gobierno anunció que varias clínicas serían declaradas de utilidad pública. Al menos una, la Santiago, de Santo Domingo, ya ha concluido el proceso.