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Fernando Casares asegura que el fallo a favor de Alberto Dahik es una respuesta política.

El juez y fiscal que acusaron al exvicepresidente de la República Alberto Dahik, en 1995 por presunto peculado, criticaron la legalidad del fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que levantó la orden de prisión contra Dahik.

El 20 de julio de 1995, el entonces fiscal general de la Nación, Fernando Casares, consideró que existieron suficientes elementos para procesar penalmente a Dahik por “propiciar la corrupción mediante cohecho” por el tema de gastos reservados durante su mandato.

Tres meses más tarde, el 11 de octubre de 1995, el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Solórzano, dictó orden de prisión preventiva contra Dahik, quien presentó su renuncia al cargo y se autoexilió en Costa Rica.

El pasado 22 de diciembre, después de 16 años, el juez de la CNJ, Hernán Ulloa, levantó la orden de prisión y cambió por una medida cautelar sustitutiva que permitió el regreso de Dahik al Ecuador al día siguiente. “Esta decisión del juez altera la verdad procesal. El señor Dahik tiene en su contra un auto de llamamiento o apertura a plenario. El juez Ulloa no podía sustituir la prisión preventiva porque es parte integrante del auto de apertura al plenario”, señaló Casares.

El exfiscal aclaró que el caso Dahik se investigó con base al Código de Procedimiento Penal de 1983 y la Constitución de 1979, cuando no existían las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que fueron incorporadas en el 2008 en la Carta Magna de Montecristi.

“No tiene efecto retroactivo”, dijo Casares y añadió que el fallo es una respuesta política. “Se quiere favorecer al señor Dahik porque el propio presidente (Rafael) Correa públicamente ha manifestado que es inocente (...) en definitiva, la Función Judicial está prácticamente al servicio de los intereses políticos del presidente Correa”, dijo.

Solórzano también cuestionó a Ulloa, defendió su actuación como presidente de la Corte y reiteró que existieron suficientes elementos para procesar a Dahik y acusó al Gobierno de injerencia en la justicia . “Eso es fruto del manejo político que está haciendo el Gobierno en el caso Dahik”.

Señaló que el primer mandatario está metiendo mano en todos los poderes del Estado, incluso en la justicia y por ello la decisión de Correa de declarar a Dahik perseguido político.

Por su parte Xavier Neira, exdiputado Social Cristiano que impulsó el juicio político a Dahik en el Congreso, manifestó que quedaron 10.291 millones de sucres pendientes por justificar en el caso gastos reservados. “Eso quiere decir todo lo que pudieron tratar de enmendar, porque fue una feria, un festival de depósitos en efectivo, a dos cuentas corrientes comerciales de consumo en el Banco del Pacífico. Para mí fue una coartada lo de los gastos reservados”.

Fernando Casares
EXFISCAL
“Rechazo absolutamente esa calificación que se ha dado que el juicio contra el señor Dahik fue de carácter político, eso es absolutamente falso”.