Sufrimiento y muerte marcan la larga espera

Resignación, coraje, cansancio, impotencia y dolor son los sentimientos que marcan a quienes esperan un órgano o un tejido para sobrevivir en el país ante la falta de donantes.

Y pese a que existe una ley que ampara la donación, las cifras de donantes no aumentan. Solo en el 2010, cuando se generó el debate previo a la aprobación de la ley, el número ascendió a 400 (a diferencia de los 180 realizados en el 2009).

Por ello, decenas de pacientes en estado crónico han fallecido en la lista de espera. Uno murió el día que se recuerda la Donación de Órganos en el país, el pasado 14 de octubre.

No fue el único. Hace más de un mes y medio falleció Yolanda Molina, de 66 años, luego de 10 meses de subir y bajar de entre los tres primeros lugares de la lista de espera para un trasplante de hígado. Ella era de Guayaquil y por su enfermedad tuvo que mudarse a Quito. Los gastos por ese traslado corrieron por su cuenta, al igual que algunas medicinas, relata indignada su hija, Mariuxi León, quien jamás vio una campaña pro trasplante en el tiempo que estuvo en el hospital Metropolitano (el único acreditado).

Otros, en cambio, tuvieron “la suerte” de encontrar a un donante compatible, como Franklin Barragán, de 54 años, de la provincia de Los Ríos. Él esperó durante 14 años un riñón. Por dos ocasiones estuvo cerca de acceder a esa oportunidad, pero menciona que las trabas burocráticas, como la falta de entrega de los informes de sus exámenes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), le impidieron calificar para la operación.

En el 2010 pidió por tercera vez la transferencia a un centro privado (convenio con el IESS) para ingresar nuevamente a la lista de espera. Su solicitud fue escuchada tras exigir varias audiencias con los directivos de la entidad. Ahí lo remitieron al hospital Luis Vernaza para su tratamiento y espera. Y el pasado 11 de noviembre fue operado porque hubo un donante cadavérico compatible, que también salvó la vida de otro paciente que necesita un corazón en la clínica Kennedy.

Además de los trámites largos y lentos, los trasplantados tienen otra preocupación, cuenta Ángela Viteri, pues está en riesgo el futuro de sus controles y el tipo de medicinas (de por vida) que reciben del Estado.

Esto porque el 29 de septiembre pasado el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través del Programa de Protección Social (PPS del Ministerio de Inclusión Económica y Social), envió un oficio a las unidades que atendían las terapias postrasplante, en donde se les informaba que la red del programa financiará el tratamiento posoperatorio por un periodo de tres a seis meses, en casos renales; seis meses, en hepáticos; y un año en trasplante de medula ósea para quienes se atienden en los centros privados con los que trabaja el Estado.

Superados esos plazos se pondrá el expediente en consideración del Comité Técnico Ético del MSP, instancia que definirá si el paciente puede regresar para continuar en la unidad que fue trasplantado. En el documento también se dice que se les dará medicina genérica.