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QUITO. El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, muestra una sala de monitoreo de las oficinas de esta entidad en todas las provincias del país.

Pocas horas antes que el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, concediera la entrevista, una bomba panfletaria, que rechazaba el Decreto 813 y la compra de renuncias obligatorias, había estallado en la Dirección Regional de Trabajo.El tema alcanza matices violentos, pero al ministro no lo amedrenta, más bien lo ve como “una señal de que no nos equivocamos”.

El delegado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Eduardo Rodríguez, ha calificado a la renuncia obligatoria como 'aberración jurídica'. ¿Por qué aplicarla si un gobierno de izquierda, supuestamente defiende a los trabajadores?

No sé si a las personas de la OIT se les dijo que en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio Público se establecen los casos de cesación de funciones. En el literal a) está la renuncia voluntaria. En el i) acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización. El k) dice por compra de renuncias con indemnización. Respeto lo que diga la OIT, aunque es un organismo consultor y nosotros tenemos nuestra soberanía.

Pero usted es experto en temas laborales. ¿Se puede entender una renuncia como obligatoria?

Si le compro la renuncia, es otra cosa. No es una venta, sino una compra. Listo.

La renuncia se entiende como algo voluntario: decido dejar mi puesto, no me obligan.

Este tema está en la Corte Constitucional, y un país soberano debe esperar a lo que resuelva la Corte. Todos podemos discrepar. Antes esta figura no existía en la ley y ahora sí. Si fuera voluntario, para qué poner el literal k).

¿Ya lo pensaron desde antes?

Claro. Es una figura similar al despido intempestivo que existe en el Código del Trabajo y a nadie se le ha ocurrido decir que es inconstitucional.

No sería un atentado contra la estabilidad laboral. Los de izquierda siempre han defendido este derecho.

Los mal concebidos derechos de unos pocos en base a la plata de la ciudadanía. Un gobierno de izquierda vela por los derechos de los 14 millones de ecuatorianos y no por los de 3.000 personas. En cuanto a la estabilidad, dígame en qué país existe la inamobilidad humana. Es o no posible despedir a alguien.

Lo es siguiendo el debido proceso.

Claro, se le dice muchas gracias y se le paga indemnización. Acá es lo mismo. Si les hubiéramos sacado sin pagarles, sería otra cosa. Lo que queremos es que mejoren las instituciones.

¿Por qué no esperó al pronunciamiento de la CC?

Tenemos el sentido de la urgencia. No hay sentencia que impida aplicar hasta que se resuelva en la Corte.

¿Cuáles fueron las razones para que salgan?

Doy ejemplos. En el Banco Central, un documentalista estaba ganando $ 3.246 cuando la escala decía $ 1.150. Otro contador: $ 2.800 y debía ganar $ 1.600. Bajo qué figura se les podía sacar. No se podía aplicar sumario administrativo; ni supresión de partida porque necesito el puesto. En Relaciones Laborales, un inspector le pedía comprar un boleto a los ciudadanos y si no le compraban no se les atendía bien. Pero ojo, no hemos metido en el mismo saco a toda la gente. No podemos decir que todos los que han salido son corruptos.

Ministros en entrevistas y ustedes en las cadenas han dicho que la medida se aplicará a los corruptos.

Eso es así, puedo decir que fue un lapsus. Puede haber gente que no tenga calidez para atender a la ciudadanía y la mayor parte de funcionarios son buenos, pero hay quienes les hacen quedar mal. Esperamos ver cambios en seis meses. Luego de ese plazo hablamos.

¿Cómo se eligieron a los desvinculados?

Nosotros impulsamos la iniciativa, pero cada autoridad conoce quiénes son las personas que se adaptan a la reestructura y las metas y objetivos que se requieren. Ellos dieron las listas.

¿Por qué darles indemnización si parte de ellos son corruptos?

Si fueran demostradamente corruptos, le aseguro que no les compro renuncias, les pongo sumario administrativo y destituyo. Tengo dos casos con pruebas que no les he comprado porque son corruptos y estoy esperando que el juez los mande presos.

La Comisión de Derechos Colectivos puso una denuncia ante la OIT.

Cuando nos consulte la OIT hablaremos con ellos. No creo que se presten a defender excesos. Además, con qué calidad moral una persona, como Nívea Vélez, que tenía una empleada doméstica de 14 años y ni la afiliaba al Seguro, me va a decir cualquier cosa. Me entra por una oreja y me sale por la otra.

¿Cómo se aplicará a los judiciales la medida?

Si se la va a aplicar en la Judicial, estará a cargo del Consejo de la Judicatura. Nosotros no vamos a intervenir ahí.

¿En qué entidades se hizo Inteligencia policial?

Eso lo sabe el secretario nacional de Transparencia, Edwin Jarrín. Fue un trabajo de inteligencia, en este caso, en el Ministerio de Salud.

¿Qué precepto legal permite la entrada de la Policía a hacer inteligencia?

Eso háblelo con Edwin Jarrín. Supongo que hay toda la legalidad del caso.

¿Qué parámetros usaron los policías para calificar a los médicos?

Debían ver todo el funcionamiento: si desaparecía la comida, las medicinas, si se cobraba por parqueaderos en los hospitales...

¿Tuvo que ver el aspecto ideológico en la salida?

En absoluto. Si tuviéramos la mala intención de llenar los puestos con gente del Gobierno, no habríamos eliminado de la ley las trampas que antes había. Por ejemplo, ya no hay concursos cerrados. Si una persona ingresa por la ventana, la autoridad que le nombró es destituida y el trabajador sale y debe devolver los sueldos.

¿Cuántos saldrán el próximo año?

Este año salieron unos 2.700 y el próximo un número similar. En enero saldrán 4.000 docentes por jubilación. Para todo ello hay $ 150 millones.