Las tres demandas de inconstitucionalidad planteadas por el gremio de los funcionarios públicos y otros, en un intento por dejar sin efecto el Decreto Ejecutivo Nº 813, que dio paso a la figura de la compra de renuncia obligatoria, están en las manos del juez constitucional Roberto Brhunis.

Dicho juez –en calidad de ponente– será el encargado de sustanciar el caso y elaborar un informe dirigido al pleno de la Corte Constitucional (CC), que resolverá en última y definitiva instancia el pedido para que se declare inconstitucional el decreto. Por tratar un solo tema, las demandas fueron acumuladas en una sola causa.

Previo a la presentación del informe, el juez Brhunis podrá solicitar informes a las partes o también convocar a audiencias públicas.

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La primera demanda fue planteada por Luis Eduardo Sarrade Peláez; la segunda, por los dirigentes del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís Maldonado, Línder Altafuya, Jorge Escala y Ramiro Terán Acosta.

Esta última acción pide la declaratoria de inconstitucionalidad por el fondo y la forma del decreto del 7 de julio del 2011, que reforma el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), imponiendo la cesación de funciones por compra de renuncia obligatoria con indemnización.

La última demanda la presentó el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, así como David Hurtado, Juan Carlos Ruales. Mesías Tatamuez y Cléver Tapia Muriel.

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Este Decreto Ejecutivo, la Ley de Servicio Público y su reglamento es la base legal que utiliza el Ministerio de Relaciones Laborales para notificar a los servidores separados.