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Las políticas sociales hicieron que el comedor El Rincón de Juanita (centro de Guayaquil) prescindiera de tres empleados.

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Aumento de impuestos, bajas ventas y la afiliación obligatoria al IESS dejaron a cuatro desempleados en este local de la Bahía.

El despido o la restricción de empleados se hace más común en el mercado ecuatoriano, en especial por la falta de circulante (dinero) y por algunas exigencias que se impusieron en el país, según analistas, propietarios de negocios medianos y pequeños y desempleados, que no encuentran plazas laborales.

Una de estas políticas fue la afiliación obligatoria de los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), beneficiosa para los obreros. Cuando entró en vigor esta medida, muchos empleadores despidieron a sus trabajadores porque el tamaño de sus negocios (pequeños y medianos), según dicen, no les permiten manejar el costo.

A esto suman la falta de la demanda de los productos o servicios en el mercado, y los costos altos de las materias primas.

En un recorrido que este Diario hizo por 25 locales comerciales de diferentes sectores de Guayaquil, el 87% de dueños tuvo que despedir a una tercera parte y hasta la mitad de sus empleados por las medidas mencionadas, sobre todo en negocios familiares pequeños, como cibers, restaurantes, lavanderías y gabinetes de belleza.

“Todo está caro, la papa, el tomate, los mariscos. Además está la competencia desleal y el aumento de restaurantes por doquier, que por no perder venden a $ 1 los platos. Contra eso no puedo competir, porque no me alcanza el presupuesto”, dice Jofre Pérez, administrador del restaurante El Rincón de Juanita, en Baquerizo Moreno y Víctor Manuel Rendón.

Pérez tuvo que despedir hace casi cuatro meses a tres de sus cocineros porque asegura que el dinero no le alcanza, pues paga $ 1.800 del arriendo del local, y unos $ 500 en los servicios básicos mensuales que consume, así como $ 1.700 en el sueldo de empleados con los beneficios de ley, como el seguro social.

Esto, mientras en un comedor que está al lado, que oferta los almuerzos a $ 0,05 menos que este, sus empleados no estaban afiliados al IESS hasta el mes pasado ni recibían beneficios de ley, indicaron los trabajadores a este Diario.

Además de vendedores, comerciantes, chefs, pasteleros, estilistas, que fueron despedidos por la afiliación obligatoria al IESS están las empleadas domésticas, como Zulema Vergara, de 46 años, y su hija, Zulay Caicedo, de 24. Ambas pudieron salir adelante con un préstamo que hizo la Agrupación Afroecuatoriana Mujeres Progresistas, en el sector de Nigeria, isla Trinitaria, sur de la urbe, para abrir su negocio de comidas al aire libre, en las afueras de esta asociación, pues ni los bancos ni los programas estatales les dieron crédito, porque no tenían el perfil para aquello, indicaron.

“Yo hasta busqué trabajo como costurera, pero nos dicen que no hay. Y como somos afro y vivimos en la Trinitaria, peor, no nos dan”, cuenta Caicedo.

Según estadísticas de esta asociación de afroecuatorianas, el 70% de la población negra en esta ciudad no tiene empleo fijo.

Gerentes de empresas que ofrecen servicios de contratación de personal –y que prefieren el anonimato por temor a represalias del régimen– aseguran que cada vez que el Gobierno de Rafael Correa habla de nuevas medidas tributarias o de leyes que afectan al mercado, las compañías privadas se abstienen de contratar.

“Desde hace tres años hay esta variante en el mercado. Por ejemplo, se habla de nuevos impuestos para determinado sector, como el automotriz, y enseguida los grandes empleadores privados no contratan, aunque necesiten”, añade un gerente de estas ubicadoras de empleo.

Por ello también hay más informales en las calles, como Edwin Morales, de 32 años, quien tuvo trabajo fijo hasta hace cuatro meses cuando se le terminó su contrato. “Ahora todos los trabajos que uno encuentra son solo por meses y por menos de un año”, dice Morales, al apresurar su paso para aprovechar el semáforo en rojo y ofrecer los accesorios de celulares a los carros que se detienen en la intersección de las avenidas Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo, en donde hay más de 30 comerciantes ambulantes, que no han encontrado empleo fijo.