Con acciones legales y marchas, los servidores rechazan despidos

Un grupo de exservidores públicos que el pasado viernes fue obligado a renunciar a sus funciones presentó ayer un recurso de protección ante la Corte de Justicia del Guayas con la finalidad de que se los reintegre a sus puestos de trabajo.

El exasambleísta del MPD Lenin Hurtado, como representante legal de los despedidos, que en su mayoría son médicos, enfermeras, especialistas y personal administrativo del hospital Abel Gilbert Pontón, dijo que en la acción se violentan múltiples derechos amparados en la compra voluntaria de renuncias con indemnización.

Hurtado, acompañado de su coideario, el asambleísta Jorge Escala, presentó un recurso a la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, a quien solicitó que el caso sea llevado con celeridad.

"Vamos a defender el derecho al trabajo y a la honra, porque no se puede decir que los médicos salen de sus funciones porque son corruptos, de ser así se deben realizar las investigaciones para que los médicos se defiendan en derecho, pero no despidiéndolos de forma masiva", señaló Hurtado.

Mientras que Escala tenía previsto en la tarde de ayer, durante la reunión del pleno de la Asamblea Nacional, plantear el pedido de juicio político contra el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, por el despido masivo de servidores públicos.

"El ministro Espinosa ha violado dos derechos fundamentales de la Constitución de la República que son el derecho al trabajo y a la salud, porque ahora quién va a atender a los pacientes en los hospitales donde han despedido a los médicos", manifestó Escala.

El ministro de Relaciones Laborales anunció en Gamatv que ayer se entregaron 700 nuevas notificaciones de despidos que se suman a las 2.000 del viernes pasado.

"Hasta fin de año un total de 3.700 personas serán retiradas de sus cargos bajo la figura de compra de renuncias con indemnizaciones y cerca de 1.100 porque se acogen al proceso de jubilación voluntaria", sostuvo Espinosa.

Agregó que la compra de renuncias es totalmente legal, porque una de las modalidades de cesación de funciones de cualquier servidor público se lo puede realizar a través del sistema de compra de renuncias con indemnización, esto fue aprobado por la Asamblea Nacional. "Hemos actuado bajo la ley y cada una de las autoridades ha hecho un análisis a quien se le ha aplicado este sistema en función de alcanzar la eficiencia que los ecuatorianos estamos buscando", señaló.

Afirmó que hay un alto porcentaje de puestos que no van a ser llenados porque no son necesarios en el sector estatal.

En tanto, el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, afirmó en radio Majestad que las vacantes no servirán para colocar a gente afín al Gobierno, sino que será ubicado personal con méritos, para mejorar la eficiencia del sector.

Recordó que hay varios criterios para la separación de los servidores públicos. Uno de ellos es para mejorar el talento humano en pro de la eficiencia. También hay gente que debe jubilarse y otros renuncian por su voluntad.

Mientras que ayer la atención en el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de la ciudad, fue a medias, decenas de pacientes salían molestos de esa casa de salud porque las consultas, especialmente en las áreas de Ginecología y Traumatología, fueron cambiadas para la próxima semana por la falta de galenos.

Celia Vega, de 58 años, llegó al hospital a realizarse una terapia en la mano, pero no fue atendida. Igual situación pasó Ángela Icaza, a quien en Ginecología le dijeron que se acercara a la maternidad Mariana de Jesús a seguir sus controles de embarazo, porque no había médico.

A las 16:30, los empleados de la salud despedidos, estudiantes de Medicina de la Universidad de Guayaquil y los agremiados a la Federación de Trabajadores del Guayas realizaron un plantón en la plaza San Francisco, donde rechazaron la medida del régimen y pidieron que derogue el Decreto 813, además de exigir la salida de los ministros de Salud, David Chiriboga, y de Relaciones Laborales, Richard Espinosa.

Compra: Renuncias

Decreto

El 7 de julio pasado se publicó en el Registro Oficial el Decreto 813, que dispone la compra de renuncias obligatorias para los servidores públicos.

Despedidos
Un total de 2.700 empleados públicos de los ministerios de Salud, Interior, Vivienda, Transporte, Agricultura, Relaciones Laborales y Recursos Naturales No Renovables, así como de varios organismos estatales como Rehabilitación Social (cárceles), fueron despedidos por el Gobierno entre el pasado viernes y ayer mediante la compra de renuncias.

Indemnización
Según el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, la ley establece como indemnización el pago de cinco salarios básicos unificados (suman $ 1.320) por cada año de servicio, con un tope de hasta 150 remuneraciones ($ 39.600).

Asamblea
El bloque de Alianza PAIS (AP) esquivó el debate sobre la renuncia obligatoria de los funcionarios públicos despedidos.

Pedidos
Los asambleístas Jorge Escala (MPD), Nívea Vélez (independiente) y Fernando Aguirre (PSP) obtuvieron 54 de los 63 votos requeridos para tratar el debate.

Diferencia
En la bancada oficialista se notaron diferencias y discusiones entre los legisladores, que de manera privada cuestionaron la forma en que se realizó el despido de los servidores públicos en el país.